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WASHINGTON, EE.UU.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este viernes el asesinato en la región de, al menos, 26 periodistas durante 2010 y que la mayoría permanece en la impunidad.
La relatora, la colombiana Catalina Botero, indica en el informe anual sobre la libertad de expresión en el continente americano difundido hoy que durante en 2010 hubo avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos crímenes cometidos contra periodistas en años previos, pero que la mayoría de estos delitos permanece en una «situación de preocupante impunidad».
El documento, que forma parte del Informe Anual de la CIDH sobre los derechos humanos que se publicó ayer, destaca que al menos 24 periodistas fueron directamente asesinados el año pasado por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión y dos más fueron primero secuestrados y finalmente matados.
De acuerdo con fuentes de la relatoría, de estos 26 asesinatos, 13 tuvieron lugar en México, 9 en Honduras, 2 en Colombia, 1 en Argentina y 1 en Brasil.
«A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios», señala Botero.
En la mayoría de las agresiones cometidas no se han efectuado investigaciones que conduzcan a la identificación de los responsables, su procesamiento y su condena, ni tampoco a la adecuada reparación de las víctimas y sus familiares, asegura.
En el informe, la relatoría constata la existencia de normas penales en algunos Estados de la región que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión.
De esta manera, las medidas permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con el vigor del debate que debe caracterizar a una sociedad democrática, explica Botero.
En el mismo sentido, subraya la necesidad de adecuar las normas en materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias.
También preocupan a la relatoría las declaraciones sistemáticas de algunas altas autoridades estatales que, por razón de la línea editorial de un medio o periodista crítico, descalifican su labor acusándolos de actos ilícitos o aumentando el riesgo para su vida o integridad.
«Resulta particularmente grave que, en algunos de estos casos, a las declaraciones (…) les hayan seguido actos violentos contra las personas cuestionadas, la apertura de procedimientos judiciales desproporcionados o la apertura de procesos administrativos que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos», afirma.
El informe incluye el análisis especial que hizo y publicó la CIDH sobre la visita oficial que hizo la relatora a México en compañía de la Relatoría de las Naciones Unidas.
Para la relatoría resulta de particular preocupación el riesgo que significa para la vida e integridad de los periodistas y el impacto que tiene sobre el ejercicio periodístico la fuerte presencia del crimen organizado en muchas de las regiones donde hubo atentados contra comunicadores, así como la ausencia de investigaciones concluidas en la mayoría de esos casos.
El informe especial hace énfasis en las agresiones contra los periodistas y en los resultados de las correspondientes investigaciones en México.
Resalta algunas de las más recientes acciones del Estado, como la creación de un mecanismo especial de protección para los comunicadores en riesgo y el sistema que se ha desarrollado en el ámbito de la transparencia y acceso a la información.
