SANTO DOMINGO.- El reporte de los Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos 2023 sobre la República Dominicana cita en 60 ocasiones el tema haitiano, siendo por mucho la mayor preocupación de los Estados Unidos.
Sobre este informe, el vocero de la Presidencia de la República Dominicana adelantó que tiene un «tono agresivo e infundado, que no reflejan la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”.
Según el documento de 48 páginas, a pesar de que nuestras leyes lo prohíben, los migrantes haitianos fueron víctimas de tortura, maltrato físico, degradación e inhumanidad de los miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otros organismos de seguridad nacionales, por lo que organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil han expresado su preocupación.
Este primer apartado añade que solo en julio de 2023 medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM, la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, parturientas y lactantes que podían probar inmediatamente su estatus de residencia.
“Observadores internacionales y los observadores de la sociedad civil informaron de un aumento asociado de mujeres embarazadas y mujeres lactantes que llegan a la frontera con Haití para ser deportadas, incluidas las que dieron a luz recientemente y sus bebés recién nacidos. Después de las operaciones, la DGM y otras fuerzas de seguridad supuestamente comenzaron a hacer guardia en hospitales para intimidar o negar la entrada a cualquier persona de ascendencia haitiana que no pudo acreditar su situación de residencia. También hubo posteriores informes de muertes de mujeres embarazadas o abortos espontáneos bajo custodia debido a abuso físico o falta de acceso a atención médica”, se lee el reporte.
El documento enfatiza en más de una ocasión que los miembros de la DGM en las localidades como Haina y Santiago, realizan prácticas nocivas como detenciones arbitrarias; abuso físico de los detenidos; entradas a domicilios sin orden judicial; revocación o destrucción de documentos de identidad; robo de pertenencias personales; extorsión; violencia sexual; entre otros tipos abusos.
Violaciones a la libertad de expresión
Las vulneraciones al la libertad de expresión, derecho resguardado en el artículo 49 de la Constitución Dominicana, no se hacen esperar en este reporte que destaca el caso de Jude Charles, deportado tras presuntamente irrespetar al presidente de la República, Luis Abinader.
Charles, criticó al presidente dominicano a través de un vídeo colgado en TikTok luego de que el jefe de Estado ordenara el cierre total de las fronteras con Haití.
“En septiembre, los medios informaron que la Policía Nacional arrestó a Jude Charles, un migrante haitiano, en Las Matas de Santa Cruz, Provincia de Montecristi, luego de criticar al presidente Abinader en redes sociales por el trato del gobierno a los inmigrantes haitianos. Charles fue entregado a la migración autoridades tras su arresto”.
Charles de 44 años, en expresó en esta red social “mientras más usted provoca a mi compatriota haitiano, más conocimientos adquirimos, usted tiene una Biblia en su escudo y no merece tenerla, porque no merece respeto, y vamos a echar todos los haitianos cristianos para acá”.
Según la carta magna: «Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa».
En ese sentido, el reporte denuncia también la cancelación en julio de una marcha planificado por la sociedad civil y miembros de la diáspora haitiana, quienes habían obtenido los permisos necesarios para su realización.
Otra acción resguardada por la leyes que establecen que «toda persona tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del país, de conformidad con las disposiciones legales».
“Si bien la libertad de reunión pacífica estaba en gran medida protegida y respetada, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y entre diferentes grupos de manifestantes. Los grupos nacionalistas, que sostenían Grandes protestas en Santo Domingo y otras ciudades sin gobierno interferencia, supuestamente interrumpieron otras reuniones con poca reacción por parte de la Policía Nacional”.
Esta actividad fue cancelada por el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, quien declaró como prohibida la ley extranjeros organicen actividades que “afecten la paz social, la ciudadanía seguridad u orden público”.
Derechos de los niños, niñas y adolecentes
El documento no excluye las actitudes discriminatorias hacia las madres haitianas y sus hijos.
Señala que «el registro fue particularmente difícil para parejas compuestas por un padre dominicano y una madre haitiana o un apátrida de ascendencia haitiana que no tuviera la identificación documentación requerida por la Junta Central Electoral para la inscripción de nacimiento, como el pasaporte o el documento nacional de identidad».
Al tiempo que subraya que “estos obstáculos para la inscripción oportuna de los nacimientos, necesaria para determinar la ciudadanía, poner en riesgo el acceso de los niños a una amplia gama de derechos, incluyendo el derecho a la nacionalidad, a un nombre y a una identidad, y a la igualdad ante la ley”.
