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Representante jóvenes descendientes de haitianos solicita a CIDH revisar derechos humanos en RD

Representante jóvenes descendientes de haitianos solicita a CIDH revisar derechos humanos en RD
Representante jóvenes descendientes de haitianos solicita a CIDH revisar derechos humanos en RD

Francisco Leonardo, del centro Bonó.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El encargado del área de incidencia política del Centro Bonó informó este martes que la República Dominicana tiene un caso abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no entregar los documentos a los jóvenes nacidos en el país, pero que son hijos de haitianos.

Francisco Leonardo dijo: “Hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle una revisión de la situación de los derechos humanos de la República Dominicana. Al final la comisión realizará un informe donde da recomendaciones para que el Estado adopte medidas que atiendan a subsanar las situaciones denunciadas”.

De su lado Alfredo Ogisten, uno de los afectados por la resolución 12 emitido por la Junta Central Electoral (JCE), dijo que nació en San José de los Llanos el dos de diciembre y que hasta el 2010 no había tenido problemas con sus documentos, pero que a partir de ese año fue afectado por la resolución de la Junta Central Electoral.

Tanto Francisco Leonardo como Alfredo Ogisten ofrecieron sus declaraciones al ser entrevistados en El Despertador, del Grupo SIN, que se transmite por Antena Latina, donde Leonardo dijo que está acompañando de manera directa a 2,600 personas que presentan la misma dificulta.

Los descendientes de haitianos en el país por la falta de documentos no pueden estudiar ni trabajar según expresó Francisco Leonardo.

Por este  hecho los jóvenes han realizado actividades como “Soy de aquí; identidad para un futuro digno” donde señalaron que Junta Central Electoral no tiene facultad para otorgar ni suprimir la nacionalidad de ninguna persona, porque sólo la ley y la jurisprudencia establecen claramente que esta es una competencia exclusiva de los tribunales competentes.

Los afectados en ese momento enumeraron los efectos que la Resolución 12 tiene sobre sus vidas, como el hecho de no poder estudiar, conseguir un trabajo, cotizar en un seguro de salud y fondo de pensiones, así como presentar a sus hijos o abrir una cuenta bancaria.

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