República Dominicana ocupa el puesto 93 del Índice de Paz Global

Europa, con Islandia y Dinamarca a la cabeza, vuelve a ser la región más pacífica del mundo, mientras que entre los países latinoamericanos se ubican en mejores posiciones Costa Rica (39)- unos siete puestos por debajo de España-, Uruguay (50), Argentina (54) y Chile (58).

REDACCIÓN INTERNACIONAL.– Un estudio del Instituto para la Economía y la Paz publicado este miércoles, ubica a República Dominicana en el puesto 93 del Índice de Paz Global.

Colombia y Venezuela fueron considerados como los países «menos pacíficos» de Latinoamérica debido a los conflictos socio-políticos y la violencia interna.

El Índice de Paz Global sitúa a Colombia, empatado con Venezuela, en el puesto 140, el peor de los países latinoamericanos, mientras que Uruguay es el más pacífico de la región en el 50.

El Instituto, con sede central en Sídney y oficinas en ciudades como Londres, Nueva York, Harare y Ciudad de México, evaluó en su decimoséptimo informe los niveles de paz en 163 países y territorios (99,7 % de la población mundial).

Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil (132), Haití (129), Nicaragua (123), El Salvador (122), Honduras (120), Perú (103), Cuba (99), Ecuador (97), República Dominicana (93) y Bolivia (78), mientras que Paraguay y Panamá comparten el puesto 68.

Europa, con Islandia y Dinamarca a la cabeza, vuelve a ser la región más pacífica del mundo, mientras que entre los países latinoamericanos se ubican en mejores posiciones Costa Rica (39)- unos siete puestos por debajo de España-, Uruguay (50), Argentina (54) y Chile (58).

COLOMBIA Y EL COSTE DE LA VIOLENCIA

El estudio señala que Colombia es uno de los países que más sufren por el impacto económico de la violencia debido «al número de refugiados y de personas internamente desplazadas».

Con un coste del 28,6 % de su PIB en 2022, Colombia integra la lista de los ocho países -encabezada por Ucrania, Afganistán, Sudán, Corea del Norte, Somalia y República Central del África- en donde el impacto económico de la violencia representa más de un quinto de su economía.

Este informe también enfatiza que Colombia experimentó un deterioro en su estabilidad política a raíz del «malestar social» y la polarización política de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2022.

«Las tensiones relacionadas con las profundas divisiones en el seno de la sociedad colombiana, incluso tras la elección del actual presidente Gustavo Petro», precisa el documento.

Colombia, país que acoge a más de 1.7 millones de desplazados e inmigrantes venezolanos, sigue afrontando la violencia por parte de grupos armados de disidentes y de las mafias del narcotráfico, que afectan especialmente a comunidades históricamente violentadas: la afrocolombiana, los indígenas y las campesinas.

LOS MUERTOS DE MÉXICO

El estudio también apunta que México, país que ubicó en la región centroamericana, registró una leve mejora en los índices, principalmente en el ámbito de la militarización.

Sin embargo, México, en donde se producen más de 80 homicidios diarios, experimentó caídas en tres indicadores: las tasas de encarcelamientos, las manifestaciones violentas y los conflictos externos combatidos.

«México sigue teniendo un número de muertes por conflictos internos, con el continuo conflicto entre el Gobierno y las organizaciones criminales sigue representando una seria amenaza para la paz interna», precisa el documento.

En contraste, el informe realza algunas mejoras en varios países de Centroamérica y el Caribe debido a las reducciones en el número de homicidios, aunque la región sigue teniendo la tasa media de homicidios más alta del mundo.

El informe alerta que El Salvador, al igual que Israel, Malawi y Burkina Fasso, han experimentado la mayor inestabilidad política el año pasado, aunque la tasa de homicidio cayó de 103 por 100,000 en 2015 a 7.8 por 100,000 en 2022.

El Salvador se encuentra bajo el régimen de excepción desde marzo del año pasado y a la fecha han sido capturadas más de 70,000 personas que el Gobierno de Nayib Bukele asegura que todos pertenecen a las pandillas, aunque los organismos humanitarios creen que más de 5,000 son «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.