SANTO DOMINGO, República Dominicana .- El canciller dominicano, Andrés Navarro, consideró este martes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha actuado con «prejuicio» contra el país y rechazó los «indignantes» e «inaceptables» términos utilizados por ese organismo en una reciente condena contra la nación caribeña.
El diplomático afirmó que la Corte «ha ido muy lejos», al plantear cambios en la Constitución de la República Dominicana, reformada en 2010 «fruto del consenso» de los dominicanos.
Advirtió que el Gobierno no puede violentar el ordenamiento jurídico del país; «no vamos a enfrentar al Tribunal Constitucional, porque sería cuestionar lo que nos hemos dado como nación».
«Son inaceptables los términos y las insinuaciones (de la Corte), cuando se aborda la ley (local) de naturalización», se quejó Navarro, quien defendió el esfuerzo del presidente dominicano, Danilo Medina, de enfrentar, con responsabilidad y decisión, una situación migratoria irregular que el país ha sufrido por décadas.
El viernes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a la República Dominicana acatar y convertir en un «elemento clave» de su legislación la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.
La sentencia de la Corte establece la culpabilidad de República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.
En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.
«La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza, y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades», agregó el tribunal.
Navarro, sin embargo, cuestionó la «doble moral» que, aseguró, asumen en foros internacionales quienes quieren que el país cargue con todo el peso del problema haitiano.
Afirmó, que quienes le reclaman al país en esos escenarios, son los mismos que en la práctica no hacen nada para «motorizar» la inversión hacia Haití, como una forma de que su gente pueda salir de la pobreza.
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