Repudian mutilación de derechos fundamentales en el Código Penal
Organizaciones de la sociedad civil
En concentración realizada frente a La Gobernación de Santiago, Manuela Vargas, directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, aseguró que la exclusión de las tres causales es permitir que más mujeres sigan muriendo por la penalización absoluta del aborto, sin contemplar el contexto del embarazo, la salud de la mujer y los casos de incesto que proliferan en el país.
Santiago.-Organizaciones de la sociedad civil repudiaron en Santiago la aprobación de un Código Penal que, entre otros asuntos, establece penas diferenciadas en casos de agresión y violación sexual dependiendo de quién sea el agresor, así como la penalización absoluta del aborto, obviando las tres causales.
Representantes del Núcleo de Apoyo a la Mujer, Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el derecho a decidir y el Centro Integral para el desarrollo local, se quejaron de que en caso de violación la pena sea reducida a la mitad si el autor es el cónyuge de la víctima.
Advirtieron el gran retroceso en derechos fundamentales de aprobarse un nuevo Código Penal plagado de errores y que no ha sido estudiado con el detenimiento que merece. Además, lamentaron que desde el Congreso Nacional se proyecte una conductora abiertamente machista y violenta contra las mujeres dominicanas.
En concentración realizada frente a La Gobernación de Santiago, Manuela Vargas, directora del Núcleo de Apoyo a la Mujer, aseguró que la exclusión de las tres causales es permitir que más mujeres sigan muriendo por la penalización absoluta del aborto, sin contemplar el contexto del embarazo, la salud de la mujer y los casos de incesto que proliferan en el país.
De igual manera, la feminista Raquel Rivera dijo que las disposiciones aprobadas en el proyecto del Código Penal, representan serias debilidades y retrocesos en temas de suma importancia para la sociedad dominicana, pues, entre otros acápites, constituye una regresión del marco jurídico protector de derechos de mujeres y niños, niñas y adolescentes.
Desde hace tiempo, organizaciones de la sociedad civil han reclamado a los diputados rechazar el Código Penal que no incluye la interrupción del embarazo en tres condiciones excepcionales, cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, si el embarazo es fruto de violación o incesto o cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
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