Vecinos del Luperón, Villa Juana y Cristo Rey exigen aplicación estricta de la ley sin excepciones.
Santo Domingo.– Residentes de distintos sectores del Distrito Nacional, expresaron su respaldo a la postura de la magistrada Yeni Berenice Reynoso en el proceso judicial que involucra al exdirector ejecutivo del Senasa, Santiago Hazim, luego de que este apelara a supuestos problemas de salud para evitar la imposición de prisión preventiva como medida de coerción.
Vecinos de comunidades como Ensanche La Fe, Villa Juana y Cristo Rey coincidieron en que, en este caso, debe imperar la ley sin excepciones, y rechazaron que los alegatos médicos sean utilizados como argumento para obtener beneficios judiciales.
Uno de los ciudadanos consultados señaló que es una práctica recurrente que funcionarios imputados aleguen enfermedades para evadir consecuencias.
«La ley está escrita y hay que aplicarla como es, sin interpretaciones», expresó, al tiempo que pidió que los responsables enfrenten el proceso como cualquier otro ciudadano.
La posición de la magistrada Reynoso fue reiterada este sábado a través de un video correspondiente a una audiencia del 7 de diciembre de 2020, en el que recordó que ha mantenido el mismo criterio durante toda su carrera como fiscal.
Cuestionó que una persona que tuvo condiciones físicas para ejercer funciones públicas y participar en presuntos actos ilícitos alegue ahora problemas de salud para evitar responder ante la justicia.
«Tenían salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado, entonces deben tener salud para responder por ese crimen», sostuvo la magistrada en su declaración.
Durante los pronunciamientos ciudadanos, varios residentes reclamaron que, de comprobarse los hechos, los imputados devuelvan los recursos que el Ministerio Público asegura fueron sustraídos de la ARS del Estado. Algunos afirmaron que la devolución del dinero público debe ser una prioridad del proceso judicial.
Según el Ministerio Público, a los imputados en el caso Senasa se les atribuye un amplio entramado delictivo, que incluye coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos, lo que de acuerdo con el órgano acusador evidencia la magnitud del expediente.
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