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Respetar nuestra institucionalidad y nuestras obligaciones en materia de derechos

En diversos foros, en medios de prensa internacionales y dominicanos, a través de las redes sociales, mensajes de correo y dispositivos móviles, desde pocos días después de la emisión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional se ha desatado una impresionante circulación de posiciones y discursos acerca del veredicto y sus consecuencias.

Buena parte de lo externado se ha caracterizado por una fuerte carga emotiva, el predominio de puntos de vista ideológicos y arraigados; en estos casos se trata de discursos auto referenciados y cerrados: no admiten acercamiento con respecto a las posiciones discrepantes y se afirman en los extremos.

Pero también hay, tanto entre los que apoyan la sentencia como entre quienes rechazan sus efectos y hasta su fundamentación jurídica, posiciones más moderadas, que buscan el equilibrio entre la necesidad de regularizar los aspectos migratorios, definir lo que respecta a la nacionalidad, el carácter vinculante que para los poderes públicos tiene una decisión del Tribunal Constitucional, la cuestión de los derechos humanos y la jerarquía de los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito el Estado dominicano, así como las cuestiones de soberanía y nuestras obligaciones en el contexto de la comunidad internacional.

Desde ambas posiciones, de apoyo a la sentencia o de rechazo de sus fundamentos jurídicos y su efecto sobre los derechos humanos, ha habido y sigue habiendo esfuerzos de diversas personas e instituciones, para que el cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado sea sustantivo, tanto en lo que respecta a nuestro ordenamiento institucional como en lo que tiene que ver con la garantía y el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos que en el marco del derecho internacional nuestro país ha asumido.

 

El gobierno dominicano ha tomado, desde el inicio de la situación, la decisión de ser parte de la solución, de no ser propiciador del encono y la confrontación de posiciones radicalmente opuestas, porque desde las pasiones que despierta este tema no es posible producir las soluciones necesarias.

Desde esa postura, se ha trabajado intensamente en la búsqueda de mecanismos para, cumpliendo con lo dispuesto en la sentencia, garantizar y proteger los derechos de la población que sería afectada por la misma, tanto migrante como nacida en nuestro territorio.

Además, de forma transparente, clara, precisa, desde las instancias diplomáticas y las comisiones especiales que a nombre del Estado dominicano han asistido a los diversos foros en que se ha planteado el tema, el gobierno dominicano ha enfatizado que cumplirá su compromiso con nuestro propio ordenamiento jurídico, pero también cumpliremos con la protección y garantía de los derechos de quienes se encuentren en situación migratoria irregular así como de las personas nacidas en territorio dominicano. Esos derechos no serán vulnerados en la ejecución de lo dispuesto por el TC.

El gobierno ha actuado con celeridad en la producción de soluciones, y así seguirá haciéndolo en los demás aspectos que se desprenden de la aplicación de la sentencia.

Pero, cualesquiera que sean las opciones consideradas y las soluciones finalmente puestas en marcha, se hará desde el más estricto apego a la responsabilidad, la mesura y el respeto, tanto a nuestra institucionalidad como a nuestras obligaciones como Estado en el concierto de la comunidad internacional. Sin ceder a presiones ni internas ni externas pero apegados al derecho y a la responsabilidad, sin propiciar ni permitir la vulneración de la dignidad y los derechos humanos.

Gran parte de lo que falta por hacer en lo que toca al tema de nacionalidad, es estrictamente interno, y estamos seguros de que así seguirá siendo manejado por la administración del Presidente Danilo Medina.

Pero en el aspecto de la migración y la regularización de las personas que residan temporal o de forma permanente en nuestro territorio va a implicar la exigencia de que nuestros vecinos de Haití, su Estado, sus autoridades y personas con influencia en las decisiones internas de esa nación y en la formación de la opinión pública en su país y en el exterior, asuman el mismo grado de compromiso y responsabilidad.

Esa es la parte de la cuestión en la que el concierto de la comunidad internacional deberá jugar un papel: en la vigilancia de los compromisos entre ambos Estados y el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de cada parte. Y en el apoyo técnico, logístico, económico e institucional en cualesquiera situaciones en las que lo que deba hacerse supere las capacidades o condiciones que prevalezcan en uno u otro lado de la frontera.

Para la administración gubernamental dominicana lo que falta por hacer en este tema contencioso constituye un desafío, pero lo superaremos. Con la voluntad firme y honesta de hacer las cosas correctas y de la manera correcta, tal como se ha conducido hasta el momento.

 

 

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