SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los casos de corrupción supuestamente cometidos por ex funcionarios, las presuntas estafas a ahorrantes por tarde de ejecutivos de inmobiliarias y hechos de asesinatos que involucran a sindicalistas del transporte fueron algunos de los casos que ocuparon el centro de atención en el sistema judicial del país durante el 2016.
Cuando el mayor general, Pedro Rafael Peña Antonio y el coronel Carlos Piccini, ambos fueron detenidos por las autoridades por su supuesta implicación en el caso de presunto sobornos por más de 3,5 millones dólares en la compra de ocho aviones Súper Tucano a la empresa brasileña Embraer.
Peña Antonio quien fungió como jefe del Ejército del 2006 al 2008 y fue secretario de las Fuerzas Armadas acudió voluntariamente ante PEPCA y el coronel Piccini fue entregado por instrucción del comandante de la Fuerza Aérea.
Tras varios interrogatorios el juez de Atención Permanente del Distrito dictó prisión preventiva contra el Coronel, libertad condicional para el mayor general y la colocación de grilletes para los empresarios.
Se trata del ex director de Inapa, acusado junto a una ingeniera contratista de desfalco y prevaricación por más de mil millones de pesos.
La acusación señala que Holguín Cruz aprovechó dos decretos presidenciales que declaraban en emergencia nacional varias zonas del país por el paso de la tormenta Sandy en el 2012, y con esto supuestamente adjudicó obras a sus vinculados.
Justo a ocho meses de Blas Peralta estar en prisión, en noviembre lo trasladan de la cárcel de la Romana a Aras Nacionales, lo que causo un revuelo en la sociedad.
Las protestas en la UASD no le dejaron otro camino al Procurador General, que en menos de 24 horas echar para atrás la medida.
Tres financiera fueron atacadas por el Ministerio Publico, que logró prisión preventiva para los ejecutivos de Propiherbon e Inversia, esta última alegadamente estafo a más de cien ahorrantes.
Otra financiera que el órgano persecutor allanó fue Belgar.
Ahorrantes de la financiera Rona también empezaron a querellarse en la fiscalía del Distrito, hasta el momento contra esta no se ha producido ninguna acción judicial.
A los dos días los propietarios del Night Club, que tenía casi 20 años operando en la avenida George Washington, uno fue enviado a la cárcel de la Victoria y dos a Najayo Mujer.