SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el seno del Consejo de la Seguridad Social está en marcha desde hace algún tiempo, contra viento y marea y toda razón, una maniobra que de imponerse finalmente, constituirá uno de los actos más reprobables en perjuicio de miles de cotizantes, en su mayoría envejecientes.
Ignorando o más propiamente, traicionando los postulados que le dieron origen, hay una férrea resistencia al pedido de que, como corresponde en justicia, se devuelvan los aportes de los afiliados de ingreso tardío.
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En honor a la verdad, esta no es la posición dominante en el Consejo de la Seguridad Social, sino la postura que a rajatabla y con aire dictatorial ha querido imponer el superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo.
Pero los miembros de ese organismo, donde tiene representación la clase trabajadora, no pueden actuar como autómatas sin criterio para rubricar una resolución que busca retener las contribuciones de afiliados que no tienen, por ingreso retardado, el derecho a una pensión.
¿Cómo se justifica, entonces, que miles de afiliados, muchos de ellos en edad de retiro y con problemas de salud propios de la edad, se vean privados del dinero que han aportado y del que se les pretende de hecho despojarlos?
O es que a ellos solo les queda el camino de morirse para que sus parientes puedan, luego de un engorroso procedimiento legal, reclamar el dinero de su propiedad que no pudieron disfrutar, legítimamente, al final de sus vidas.
Si la Seguridad Social no les puede dar respaldo alguno y ni siquiera una mísera pensión, ¿por qué no les devuelven ya sus contribuciones sin más dilaciones , como ha reclamado la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Esta irracional negativa da pie a las versiones que circulan con insistencia, que detrás de todo esto está la intención de que esos fondos retenidos engrosen sumas multimillonarias para hacer inversiones con el dinero de los afiliados.
Ese paso sería sumamente delicado y altamente riesgoso por los malos precedentes que existen en el país en operaciones de este tipo, además de que pocas veces se hacen con transparencia y la debida garantía.
El argumento es que los fondos de pensiones ascienden actualmente a 270 mil millones de pesos y que con una buena colocación en el mercado financiero podrían acrecentarse para el eventual beneficio de los afiliados, pero eso no pasa de ser un cuento chino que nadie se traga.
Hasta en naciones organizadas y con instituciones fuertes como Estados Unidos y países de Europa, se actúa con extremada cautela cuando se toca algo que puede poner en juego el bienestar y las pensiones de la clase trabajadora.
Hay que evitar a toda costa el asalto a estos fondos y el peligro que desaparezcan y que nadie responda por ello, mientras sigue adelante la intención de hacer negocio con el dinero que pertenece a terceros que no han autorizado que se invente con el fruto de su esfuerzo laboral. ¿Se podrá detener este incalificable abuso?