El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez tiene a la vez ante sí un reto y una oportunidad de desentrañar parte del entramado que ha salido a relucir últimamente con las off shore que recibieron pagos provenientes de empresas que Odebrecht dice eran parte del esquema de sobornos.
Como se ha difundido en el programa El Informe, por lo menos 2 de esas off shore recibieron transferencias de dinero a través el sistema bancario dominicano, por lo que el procurador puede seguir el rastro de ese dinero e identificar los beneficiarios o receptores finales.
Como es sabido, la Procuraduría dispone de los instrumentos legales para establecer ese rastro pidiendo la contribución de la Superintendencia de Bancos y para ello solo necesita voluntad y expreso deseo de esclarecer un nuevo capítulo oscuro en torno al escándalo de la constructora.
De no hacerlo como es su deber, el Procurador quedaría muy mal parado frente a la opinión pública y a la ciudadanía consciente, que no sale de su indignación por una nueva revelación vinculada al más grave de corrupción registrado en el país.
En cuanto a las demás offshore que solo recibieron transferencias fuera del país, la Procuraduría cuenta también con los medios para, a través de pedidos formales a gobiernos de países donde operaban, conocer los nombres de quienes abrieron sus cuentas, aunque estos eventualmente pueden haber actuado como testaferros.
En definitiva, lo que es inadmisible es que el Procurador le dé de lado a una investigación que su investidura le obliga a hacer en representación de una sociedad que está harta de tanta impunidad y encubrimiento local en cuanto a la corrupción.