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Reto para la Justicia y la Sociedad

Henry Molina.

Resulta alarmante echar una ojeada a las gráficas de feminicidios en la República Dominicana en la última década. Año tras año, el número aumenta para la vergüenza de una sociedad que debería estar concentrada en la acumulación de estadísticas de progreso.

La violencia de pareja es un problema complejo para cualquier sociedad. Sus raíces se encuentran en dilemas socioculturales enquistados durante décadas en la idiosincrasia de los pueblos; dilemas que empeoran de frente a los problemas económicos y a las deficiencias educativas en países subdesarrollados como el nuestro. Esta nomenclatura defectuosa se va convirtiendo en el caldo de cultivo para una degradación creciente de valores, actitudes y costumbres en la sociedad.

En la conformación de un Plan de Acción para corregir este terrible flagelo social, le corresponde a la Justicia una buena cuota de responsabilidad. El país cuenta con el marco legal y los organismos señalados a combatir la violencia de pareja; como suele suceder, el problema está en la ejecución.

En el año 1997, se promulgó la Ley 24-97 Contra la Violencia Intrafamiliar; luego fueron creadas las Fiscalías Barriales, la Unidad de Género de la Policía Nacional y la Procuraduría General Adjunta de la Mujer. A pesar de todo, el problema persiste.

Muchas víctimas se quejan del escaso apoyo institucional y de la pobre respuesta policial. Existen numerosos casos con desenlaces fatales en los que el perpetrador ya había sido sometido por su víctima ante el Ministerio Público, la Policía o los tribunales. Estos sucesos se convierten en la más triste evidencia de las deficiencias de nuestro sistema judicial.

Es perentorio que seamos capaces de ofrecer una respuesta eficaz ante esta tragedia nacional, de implementar un sistema que funcione y que dé seguimiento a los casos desde el primer momento para evitar lo evitable. La Sociedad y la Justicia tienen la responsabilidad de revertir esas estadísticas.

Por Henry Molina.

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