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Robo y criminalidad

Robo y criminalidad
Rosario Espinal

En la Era de Trujillo (1930-1961), el único ladrón y matón era Trujillo, y unos familiares y allegados autorizados por el jefe para robar y matar. El resto de la población vivía en el orden terrorífico de la dictadura.

En los doce años de Balaguer (1966-1978), para gobernar, él permitió el enriquecimiento ilícito de los jefes policiales y militares. Aprendieron a subordinarse al poder civil a cambio de beneficios económicos. Balaguer también abrió el abanico de la corrupción a los dirigentes de su Partido Reformista. Se decía en ese entonces que había 300 millonarios.

En un comentario propio del cinismo caudillista, Balaguer dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

Después de la transición a la “democracia electoral” en 1978, en todos los gobiernos han surgido escándalos de corrupción: en el de Antonio Guzmán, en el de Salvador Jorge Blanco, en el de Balaguer, en el de Leonel Fernández, en el de Hipólito Mejía, y en el de Danilo Medina. Cada uno de esos gobiernos registra casos emblemáticos de corrupción que ilustran el mal.

Junto con la corrupción también se ha multiplicado el crimen organizado y la delincuencia callejera. Hasta 1978, los crímenes eran eminentemente políticos. Después de 1978, comenzó a incrementarse la delincuencia común, que se agudizó al pasar los años. También llegó el crimen organizado, sobre todo por la droga.

Como el erario es insuficiente para enriquecer tanta gente, los policías y militares entraron en un negocio que le es propio: la economía ilegal. La expansión del narcotráfico fue territorio fértil porque sin el apoyo de policías y militares es imposible que prospere ese negocio.

En la medida que los jefes policiales y militares se dedicaron a enriquecerse en la economía ilícita, abandonaron cada vez más sus responsabilidades de proteger la población y el país. La delincuencia se multiplicó ante los ojos de todo el mundo, y año tras año las autoridades se muestran incapaces de enfrentar el problema.

Aumentar el salario a los policías y militares para que no se corrompan no es solución porque los beneficios de la corrupción son más altos que cualquier salario viable. En cada rango, grande o pequeños, utilizan el poder que tienen para extraer recursos.

Este es un simple ejemplo: cuando voy al cementerio municipal (uno de los de Santiago) a visitar la tumba de mis padres, aparecen siempre dos policías en un motor que se paran frente de la tumba y no se quitan hasta que les doy una propina. Lo hago porque temo que si no, cometan o apoyen un acto de vandalismo. ¿Qué cantidad de dinero obtienen esos dos policías en simples tareas de cuidar un cementerio?

Que hay rasos empobrecidos, ¡sí! Pero todos aprenden, tarde o temprano, a utilizar el poder que tienen para asegurar beneficios económicos.

Como la corrupción permea también los estamentos civiles del Gobierno, hay una complicidad civil-policial-militar que opera en detrimento de la seguridad ciudadana y genera una sensación de desprotección.

Los más ricos se aíslan en viviendas con custodia y se desplazan con choferes, pero la inmensa mayoría de la población no tiene recursos para protegerse así y queda expuesta a los robos y asaltos.

En la Policía y las Fuerzas Armadas poco cambia, aunque cambien sus jefes, porque el acceso ilícito a recursos públicos y privados que estableció Balaguer en la década de 1960 se mantiene vigente, y ahora ampliado.

No hay forma efectiva de controlar la delincuencia común ni el crimen organizado porque los responsables de lograrlo están envenenados.

Artículo publicado en el periódico HOY

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