El diputado por el partido La Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, calificó como positivo el discurso del presidente Luis Abinader, asegurando que la alocución llenó las expectativas y las interrogantes que tenía la sociedad dominicana.
«En primer lugar el presidente ratificó una decisión que había tomado respecto al impuesto en el presupuesto para el 2021, actitud que saludamos como partido político porque también fuimos los que solicitamos esa posición al presidente, el cual aceptó», manifestó el también vocero de la Cámara de Diputados por la Fuerza del Pueblo.
Sostuvo que el partido al que pertenece había planteado que ese impuesto de gravar el salario número 13, y el 3% de las compras por internet, eran medidas que debían tomarse en el marco del conocimiento de una reforma fiscal mucho más profunda.
«Hay un aspecto que pudiéramos tener a un nivel de diferencia, es el hecho cuando se trata de la Cámara de Cuenta, no vemos correcto que desde el Poder Ejecutivo se implementen las medidas y actitudes de reclamo y de mandato, debemos seguir preservando la institucionalidad de la República Dominicana, debemos seguir respetando la Constitución», agregó el político.
Insistió en que con sus palabras, el presidente de República reitera su decisión de perseguir los actos de corrupción y de eliminar la impunidad.
«Hasta hoy no hay un solo expediente abierto con relación a la gestión de Leonel Fernández», respondió al ser cuestionado en El Despertador sobre la estructura de corrupción, que incluiría los gobiernos de Leonel Fernández.
Maldonado agregó que para hablar de corrupción de manera imparcial no se puede analizar sólo los gobiernos del PLD, «Vamos analizar el gobierno de Hipólito Mejía o los gobiernos del PRD», expresó.
También sostuvo que que la justicia tiene derecho de investigar los fondos de todas las instituciones públicas, pero que debe abarcar a todos los partidos políticos, respondió al ser cuestionado sobre la investigación que realiza la Procuraduría sobre los fondos públicos entregados al partido morado a través de la Junta Central Electoral y que según la Cámara de Cuentas, no ha podido auditar en el periodo 2012-2016.