El tema de la competitividad o más bien de la falta de competitividad del país ha estado en el tapete, por la reciente juramentación de los miembros del Consejo de Competitividad creado por decreto en el año 2001 y luego mediante ley 1-06, y la continua caída en las mediciones internacionales que hemos experimentado como evidencia la última publicación del Foro Económico Mundial, que nos posiciona en el lugar 104, habiendo ocupado la posición 83 en el año 2006 lo que demuestra que la aprobación de una ley y de un organismo especializado no basta para mejorar la competitividad.
Esta medición se hace en base a doce pilares y es precisamente en el de institucionalidad que tenemos la peor puntuación, 129; lo que debería provocar que el presidente de la República y del Consejo de Competitividad y los miembros de dicho consejo comprendan que la única forma de mejorar nuestro posicionamiento para acercarnos a países similares a los nuestros como Costa Rica que ocupa la posición 47 o Panamá la 50, es fortalecer nuestra débil institucionalidad y atacar los principales factores resaltados por el informe: corrupción, burocracia pública ineficiente y altas tasas impositivas.
El transporte público de carga es un monopolio ilegal que contraviene nuestra Constitución la cual prohíbe los monopolios salvo en beneficio del Estado, así como derechos fundamentales consagrados en la misma como la libertad de empresa y de tránsito.
Este monopolio existe porque los empresarios del transporte bajo el falso ropaje de sindicalistas, no sólo han gozado del apoyo político gracias a que sus principales dirigentes han sido acólitos de líderes políticos, sino también porque de ser militantes o aliados algunos pasaron a convertirse ellos mismos en políticos, ocupando curules en el congreso o postulándose para las mismas.
Por eso no se ha desmontado este monopolio del transporte y tenemos un sistema público de transportación ineficiente, contaminante e indigno para los pasajeros, que ha convertido nuestras calles en espacios imposibles para transitar, entre otras razones porque vehículos en mal estado y microbuses, recorren las mismas sin cumplir con la ley impunemente.
Algo similar acontece con los colegios profesionales que están totalmente controlados por partidos políticos, al extremo de que jactanciosamente voceros de estos declaran que han ganado las elecciones en algunos de ellos.
Los líderes de dichos gremios no representan en la mayoría de los casos a su clase profesional, sino más bien a un grupo muchas veces poco destacado en el ejercicio de su profesión que abrazan estos organismos para a través del apoyo político obtener beneficios.
Los políticos tienen que sacar la mano del transporte, de los colegios profesionales, de la rectoría de la UASD y de muchos otros espacios, porque está más que demostrado que su intervención lo único que ha hecho es dar patente de corso en algunos casos para actuar de forma impune en violación a la ley y en otros, reducir la calidad de sus dirigentes a aquellos que estén dispuestos a jugar a la política y a las luchas descarnadas por adquirir los beneficios.
Si luego de que se dictara una sentencia acogiendo el recurso elevado por empresarios privados ordenando el desmonte del monopolio del transporte y de que haya entrado en vigencia la nueva ley de movilidad y transporte se le permite a FENATRADO continuar utilizando sus ilegales métodos de obstaculizar los puertos e impedir la libre carga por empresarios privados como lo está haciendo; no deberá sorprendernos que la institucionalidad siga siendo nuestro talón de Aquiles y que las mediciones sigan revelando lo que está a la vista de todos y el gobierno se niega a aceptar.