SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El texto alterno presentado por el Presidente de la Cámara de Diputados sobre los artículos que motivaron que el proyecto de ley que modifica el Código Penal fuera devuelto, a todas luces es una solución política a un debate que ha acaparado la atención del país durante semanas.
Al decir en el Artículo 110 que la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimiento de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible, los diputados han plasmado en papel lo que se hace en la práctica a diario.
De esta forma, no rechazan las observaciones del Presidente Medina, pero tampoco le abren la puerta de par en par al aborto.
Sin embargo, es el último párrafo de texto presentado, el que se convertirá en la pieza clave de este debate. El mismo dice: la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos que se establezcan mediante ley especial.
Es esta ley especial la que tendrá la última palabra. Por ejemplo, analicemos que hipotéticamente despenalicen la interrupción del embarazo en caso de violación.
¿Quién determinará que realmente una mujer fue violada o no para someterse a dicho procedimiento?
¿Qué mecanismos se establecerán para que una supuesta violación no se convierta en el pretexto para dar término a un embarazo sencillamente no deseado?
Las respuestas a estas interrogantes deben quedar bien claras en esta ley especial, para que se respete no el producto, como he escuchado llamarle, sino la vida y también el derecho de una mujer. Ese es hoy el gran reto de un tema cuyo debate aún no concluye y que deja sobre el tapete muchos interrogantes, dudas y contradicciones.