Buenos AiresNélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, exresponsables de organismos estatales argentinos dedicados al control de medicamentos, fueron detenidas y serán interrogadas este miércoles como imputadas en la causa por el fentanilo contaminado que produjo un centenar de muertes en 2025.

Bisio fue la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Imputación y saldo de víctimas

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que ambas detenidas tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado que, entre abril y mayo de 2025, produjo la muerte de al menos 90 personas y afectó a otras 41 en distintos puntos del país.

Los laboratorios a cargo de la producción del medicamento, HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., registraban, al momento de la tragedia, un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, ese historial no puede explicarse sin «la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad».

La Fiscalía arribó a esta conclusión tras el relevamiento de un importante volumen de documentación administrativa e información contenida en teléfonos móviles y computadoras de distintos funcionarios públicos y del personal de los laboratorios.

En agosto de 2025, el juez a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, revocó al Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, el rol de querellante en la causa.

Ese mes el Ejecutivo separó de su cargo a Mantecón Fumadó, designada durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), aunque mantuvo en funciones a Bisio, quien finalmente renunció a su cargo este enero, alegando «razones personales».

Irregularidades en laboratorios y control estatal

La causa judicial se inició en mayo de 2025 tras un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.

El fentanilo, un potente opiáceo sintético usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) de al menos una veintena de centros médicos en distintos puntos del país.

Estudios posteriores confirmaron que las bacterias aisladas detectadas en los pacientes infectados coincidían genómicamente con las halladas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma.

Al momento, son 17 las personas procesadas por el delito de «adulteración de sustancias medicinales que resultó en muerte», entre las que se encuentran el dueño de los laboratorios, Ariel García, así como algunos de los altos mandos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos sospechosos —111 muertes y 48 infecciones— para su análisis, pero no todos pudieron acreditarse correctamente.

Fuentes judiciales explicaron a EFE que, debido a la naturaleza del caso, el número total de muertes es prácticamente imposible de determinar. 

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