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ATENAS.- Lo que empezó como una forma de ayuda sanitaria para inmigrantes se ha convertido en los últimos años en salvavidas de millones de griegos que se han quedado sin cobertura médica a causa de la crisis: una red de dispensarios que operan en todo el país gracias al trabajo solidario de voluntarios.

Desde que estalló la crisis, alrededor el 30 % de la población griega, algo más de 3 millones de personas, se han quedado sin cobertura médica, por haber perdido su trabajo y haber quedado fuera del sistema de protección social.

Esas son las cifras alarmantes ofrecidas por el Presidente del Organismo Nacional de Asistencia Sanitaria Primaria, EOPYY, Dimitris Kontós, durante un reciente congreso de la Cámara de Comercio heleno-americana sobre sanidad en tiempos de crisis.

Un trabajador pierde su cobertura médica si su situación de desempleo se prolonga por más de 12 meses. Un autónomo la pierde si no cotiza durante un año.

En más de cincuenta municipios existen dispensarios sociales que funcionan gracias al trabajo voluntario de médicos, farmacéuticos, psicólogos, pero también de gente sin especialidad ninguna en la sanidad, que asume, por ejemplo, tareas de secretaría.

"De los 240 voluntarios en nuestro dispensario solo 90 son médicos", dice a Efe Katerina Papagkika, una médica que ofrece su trabajo voluntario en el mayor centro médico social de Atenas, situado en el barrio periférico de Ellinikón, que funciona desde hace dos años.

"En los primeros diez meses de funcionamiento atendimos a 1.200 personas. Desde octubre de 2012 hasta finales de septiembre de 2013 atendimos a 14.600 personas", explica Papagkika, que ejemplifica con estas cifras el empeoramiento exponencial de la situación.

El primer centro de atención fue el de Rétino, en Creta, creado en 2008 para ofrecer asistencia médica a inmigrantes sin papeles.

"El dispensario social de Rétino es el único en el que la mayoría de la gente que pide asistencia médica siguen siendo inmigrantes; en los restantes la mayoría son griegos", señala su coordinadora Eleni Ioannidu.

El secretario general de la sección griega de los Médicos del Mundo, Nikitas Kanakis, cuya organización tiene cinco dispensarios en Atenas y cuatro en el resto del país, relata que si en 2010 solo un 8 % de la gente que acudía a sus centros eran griegos, ahora superan el 50 %.

"Son desempleados de larga duración, pero también gente de clase media que perdió la cobertura médica por no haber pagado su contribución a la seguridad social en los últimos años", añade.

Manos, un comerciante de 66 años de edad que quebró, espera a ser examinado por el cirujano vascular. A pesar de su edad y de haber cotizado durante más de 30 años como autónomo, perdió su cobertura por no haber pagado sus contribuciones de los últimos cinco años.

Tampoco puede jubilarse, porque la legislación griega contempla que solo puede percibir una pensión todo aquel que esté libre de deudas con la seguridad social.

A su lado, Dalia, desempleada de 35 de años de edad, espera su turno para ser atendida por el ginecólogo. Su marido está en el paro desde hace tres años y perdieron el derecho a cobertura médica hace un año y medio.

Pese a que muchos de estos centros carecen de medios y equipamiento necesario, su existencia se ha vuelto fundamental en este sexto año de crisis.

"Vacunamos a los niños, ofrecemos leche para lactantes, porque muchos de ellos están desnutridos, hacemos diagnósticos y dispensamos a los pacientes las medicinas que necesitan, porque no tienen dinero para pagarlas", explica Papagkika.

"Pero las cosas se ponen muy complicadas cuando se hace necesaria la hospitalización. Las clínicas ofrecen solo asistencia de urgencia a los que no tienen cobertura médica, y la quimioterapia, por ejemplo, no es considerada como tal", se lamenta.

Vrisiís Suli, una pensionista de 60 años que trabaja como voluntaria en la farmacia del dispensario social de Elinikón, es exfuncionaria de la Seguridad Social.

Las medicinas provienen de donaciones de farmacéuticos o de ciudadanos que quieren apoyar estos centros, explica.

La situación puede agravarse aún más con el aumento de la tasa hospitalaria. A partir del 1 de enero, el precio subirá de 5 a 25 euros en el marco de las medidas tomadas por el Gobierno para reducir el déficit de los hospitales.

"Temo que mucha gente que todavía tiene cobertura médica no sea atendida en los hospitales por no poder pagar estos 25 euros", denuncia el presidente del sindicato de médicos de hospitales públicos, OENGE, Dimitris Varnavas