SANTO DOMINGO.- Cuando Luis Abinader inicie su gestión el 16 de agosto con la supresión de varios organismos para lograr ahorros al fisco y rediccionarlos en provecho del interés colectivo como parte de una política de adecentamiento y austeridad, la expectativa de la opinión pública se enfocará también hacia el nuevo Congreso para establecer cuán alineado podrá estar con respecto a este tema y de qué forma lo podría aplicar en su propia estructura interna.

Como en otras oportunidades,
el debate probablemente girará de forma inicial sobre la posibilidad de
suprimir el “barrilito” y el “cofrecito”, dos fondos que han operado en el
Senado y la Cámara
de Diputados con el pretexto de sustentar programas de asistencia social y que
durante décadas han costado cientos de millones de pesos al contribuyente
dominicano.

Politólogos y analistas
consideran que la supresión de esa fórmula asistencialista podría representar
un primer paso para que el Congreso se ajuste el cinturón y contribuya a la
austeridad que impone la actual pandemia del Covid-19, disminuyendo de forma
apreciable sus gastos que sitúan a la República Dominicana
como el séptimo país con mayor derroche de recursos a nivel legislativo, con
134 millones de dólares, según un estudio realizado por el Centro Regional de
Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Los resultados de esa minuciosa
investigación son realmente alarmantes y llaman a la reflexión porque la República Dominicana
aparece como el país de América Latina con mayor número de congresistas con
222, 190 diputados y 32 senadores, por encima de la media de la región, que es
de 204.

Además, cuando se hace la
comparación de congresistas por número de habitantes, somos la segunda nación
con mayor porcentaje en esta región con 22.2%.

Otros datos que evidenció el
estudio de CREES son igualmente preocupantes, ya que el costo en dólares para mantener
el Congreso representa para cada ciudadano 
entre 13.4 y 35.5%, superior al costo promedio de América Latina, que es
de 9.9%.

Por este tipo de carga onerosa
para el Estado y el contribuyente, que es el que nutre el erario con el pago de
sus impuestos, en algunos países se ha establecido un Congreso unicameral y en
otros de la región es tema de debate, a veces dificultado por viejas culturas e
intereses políticos y partidarios. Ecuador, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela son ejemplos de países con
congresos unicamerales.

Desde ya en el país se plantea
la necesidad de eliminar definitivamente el objetado mecanismo de asistencia
social que es una dualidad frente a los programas que  realiza el Gobierno y que, a diferencia de lo
que ha ocurrido hasta ahora, no se limite a las acciones de algunos pocos
legisladores que han dado el ejemplo de negase a recibir sus respectivas cuotas
o que simplemente las donan a instituciones caritativas.

En términos teóricos, con un
Congreso en el que el nuevo Gobierno y el 
Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrán mayoría y control parlamentario,
seguir un programa coherente y alineado con el oficialismo no debería representaría
mayor dificultad, por lo que tanto el barrilito como el cofrecito podrían tener
sus días contados si se sigue la pauta que en este campo ha trazado y mantenido
la nueva senadora del Distrito Nacional, Faride Raful.

Durante un largo periodo la
falta de unanimidad ha impedido eliminar estos fondos, que se aplican sin
control ni rendición transparente y que permiten a los senadores recibir un
peso por cada habitante de su demarcación para supuestas ayudas sociales,
mientras los diputados obtienen per cápita 
50,00 pesos mensuales, también para alegadas ayudas sociales en sus
comunidades.

Además de que representan de
hecho un sobresueldo para cada legislador, ambos fondos han sido cuestionados
porque en la práctica son desviados de su finalidad original para ser usados en
la compra de votos y conciencias, prácticas por las cuales en la pasada campaña
electoral la Junta
insistió en que debían ser eliminados.

Quienes abogan por la
supresión del barrilito y el cofrecito entienden que a los congresistas lo que
les corresponde como poder de control y supervisión del Estado, es abogar para
que el Gobierno atienda las necesidades de los sectores más vulnerables de la
población sin un penoso esquema de dádivas.

Además de objeciones éticas, a
los legisladores se les han señalado reiteradamente, sin que esto haya
conllevado cambio alguno en sus actitudes, observaciones de carácter legal e
institucional, puesto que la
Constitución no confiere atribución alguna al Congreso para
desempeñar labores de asistencia social, aspecto que corresponde al Ejecutivo a
través de las instituciones oficiales que operan en este ámbito.