SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Justicia, el Gobierno y las autoridades en general tienen una nueva oportunidad de demostrar que, de verdad, hay voluntad de luchar en favor de la transparencia y en contra de la corrupción administrativa.
La ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, se une a los instrumentos jurídicos existentes para combatir este flagelo.
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Pero como a pesar de la abundancia de estos instrumentos legales, poco se ha logrado en la práctica para disminuir y castigar la corrupción con fondos públicos, la pregunta obligada es si ahora la dejadez cambiará por drasticidad.
Si no se produce un cambio radical en esta irresponsable actitud de permisibilidad, que de hecho conlleva grave falta ética y moral porque se peca por inacción u omisión, sólo se habrá logrado aumentar nuestro ya voluminoso glosario de escasa vigencia y de aplicación selectiva.
Aunque la legislación designa la Cámara de Cuentas como órgano de control, fiscalización y aplicación de la ley, la efectividad del nuevo mecanismo dependerá principalmente de la actuación de una serie de funcionarios y organismos en diferentes áreas.
Por ejemplo, ¿Quién verificará, de forma confiable y sin posibilidad de favoritismos o interferencias dirigidas, la autenticidad de los datos consignados en esas declaraciones juradas para evitar que se acepten como válida información eventualmente acomodada o manipulada?
La independencia, integridad y la fiel adhesión a normas éticas serán valores esenciales para que el personal asignado a esa delicada tarea pueda cumplir con sus obligaciones y lo que se espera de lo que serán informes cruciales, sin los cuales la citada ley será letra muerta.
Esa función no puede estar sujeta únicamente a lo que verifique la Cámara de Cuentas, sino que para su confiabilidad tendrá que contar con información cruzada y comprobaciones en estamentos oficiales y entidades bancarias y financieras.
En otras palabras y más claramente, la idea es que desde ahora se prevenga y detecte la vieja práctica de recurrir a tacticas para encubrir fondos y bienes adquiridos de recursos distraídos del Estado mediante prevaricación, tráfico de influencia y otros medios ilícitos.
Estos controles en la gestión y patrimonio de los funcionarios públicos obligados a declarar, no podrán ser solo aceptados en papeles, sino objeto en cada caso de investigaciones y cotejos serios, porque de lo contrario se prestarían para maniobras dolosas.
En fin, no estamos augurando un fracaso anticipado, sinoprevieniendo en base a fallidas experiencias del pasado, a fin de evitar que funcionarios salgan del Estado con fortunas mal habidas que no pueden justificar, con la agravante que en muchos casos la disfrutan a plenitud y con impunidad.