“Se trató de una actitud de absoluto desprecio a la vida humana", dice el MP sobre Maribel y Antonio Espaillat

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público, al solicitar prisión preventiva contra Antonio Espaillat López y medidas de coerción contra su hermana Maribel, también ha aprovechado el contexto para señalarlos como responsables directos de una de las mayores tragedias colectivas en la historia reciente del país: el colapso del techo del Jet Set Club, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos la madrugada del 8 de abril de 2025.

El expediente sometido a los tribunales ofrece una narrativa minuciosa de negligencia sistemática, advertencias ignoradas y decisiones operativas imprudentes. Según los fiscales, no se trató de un accidente imprevisible, sino de un crimen por omisión que debe enfrentarse con todo el peso de la ley.

Una cadena de omisiones
El Ministerio Público detalla cómo, desde al menos el año 2010, los hermanos Espaillat gestionaron el Jet Set Club ignorando las normas mínimas de seguridad estructural.

Remodelaciones no autorizadas, sobrecarga del techo con equipos industriales, filtraciones evidentes y la caída reiterada de plafones eran parte del día a día del icónico centro nocturno.

Las intervenciones estructurales —incluso la eliminación de columnas— se hicieron sin licencia de Obras Públicas, sin planos sometidos y sin supervisión técnica.

Aun con múltiples advertencias, incluyendo informes incompletos de ingenieros y mensajes de empleados alertando del peligro, los imputados nunca detuvieron las operaciones ni tomaron medidas reales para corregir el deterioro estructural.

Una tragedia anunciada
Los fiscales sostienen que Antonio Espaillat, como gerente operativo del Jet Set, y Maribel Espaillat, como copropietaria con responsabilidad directa, sabían del riesgo mortal que representaba el techo. Entre las evidencias aportadas están:

Mensajes directos del empleado Gregorio Adames Arias, alertando sobre la caída de pedazos del techo días antes del colapso.

Videos tomados por clientes mostrando desprendimientos de plafones.

Testimonios de que se colocaban lonas para contener el agua entre el techo y el falso plafón. Evidencia de que no se canceló la fiesta del 7 de abril, a pesar de que ya habían ocurrido desprendimientos esa misma noche.

“Se trató de una actitud de absoluto desprecio a la vida humana. Tuvieron todas las señales y optaron por el beneficio económico y la rutina operativa. Deben responder con prisión”, afirma el documento del Ministerio Público.

Fundamento legal: por qué deben estar presos
El Ministerio Público sustenta su solicitud en varios artículos del Código Procesal Penal, entre ellos:
Artículo 226.7: La prisión preventiva como medida válida cuando hay peligro de fuga y gravedad del hecho.

Artículo 227: Se aplica si hay indicios razonables de autoría, peligro de fuga y una infracción penal grave.
Artículo 234: La prisión es procedente cuando no se puede evitar el riesgo de fuga o destrucción de pruebas con medidas menos gravosas.

Artículo 229: Evalúa el peligro de fuga en función del daño, gravedad del hecho y comportamiento procesal.

El Ministerio Público señala que Antonio Espaillat ha contactado testigos para indagar si han hablado de las condiciones del techo, lo que configura una amenaza al proceso y a la verdad judicial. Por eso, pide prisión preventiva por 18 meses. A Maribel Espaillat se le solicita presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica.

Un caso complejo, con decenas de víctimas y más de una década de irregularidades
El expediente también fue declarado caso complejo por dos razones clave:

Pluralidad de hechos: Las remodelaciones ilegales, la acumulación de advertencias, la intervención informal de estructuras y la ausencia de licencias se extienden desde 2010 hasta 2025.

Elevado número de víctimas: Más de 400 personas afectadas directamente (muertos y heridos), decenas de denuncias en curso y muchas otras personas aún no identificadas.

Más que una discoteca colapsada, un país herido
Para el Ministerio Público, la actuación de Antonio y Maribel Espaillat trasciende la simple negligencia. En sus palabras: “Nos enfrentamos a una conducta que permitió por acción y omisión la pérdida de vidas humanas. Este no es un caso civil, es penal. Y por eso pedimos prisión”.

Mientras el país aún llora la tragedia del Jet Set, la justicia avanza en busca de responsables. El proceso contra los hermanos Espaillat apenas comienza, pero ya ha quedado claro que, para la fiscalía, el verdadero derrumbe comenzó mucho antes del 8 de abril.