La nueva conexión contribuirá a reforzar la conectividad aérea entre ambos países e impulsará los intercambios turísticos, económicos y sociales», indicó en un comunicado la representación diplomática de España en el país centroamericano.

Dos frecuencias semanales entre San Salvador y España

De acuerdo con la misiva, la nueva ruta unirá a «Madrid y Barcelona con San Salvador mediante dos frecuencias semanales».

La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó que la llegada de Iberojet «constituye una muestra de la confianza de las empresas españolas en El Salvador y un nuevo impulso a la relación bilateral entre ambos países».

Asimismo, subrayó que «la nueva ruta ampliará las opciones de viaje tanto para la comunidad española residente en El Salvador como para la numerosa comunidad salvadoreña establecida en España y en otros países europeos, favoreciendo una mayor movilidad entre personas, empresas e instituciones e impulsando los viajes y los intercambios turísticos en ambos sentidos».

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó, de acuerdo con el comunicado, que «las nuevas rutas directas de Iberojet entre San Salvador y Madrid, así como con Barcelona, representan un paso histórico en la estrategia de posicionamiento internacional de El Salvador«.

También agregó que «esta nueva conectividad fortalece nuestros vínculos con Europa, facilita el intercambio turístico, cultural y de negocios, y abre una puerta para que más viajeros descubran la transformación que vive El Salvador«.

Convenio entre Iberojet y el Gobierno salvadoreño

En la presentación de la nueva ruta estuvieron presentes la gerente de Estrategia Organizativa, Administración y Talento Humano de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), María José Jácome Solórzano; director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil, Homero Morales; y el director general adjunto de Ávoris/Iberojet, Mario Domínguez.

Tras las intervenciones, tuvo lugar una firma simbólica de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de El Salvador e Iberojet para «el establecimiento de una alianza estratégica» y que tuvo como testigo de honor a la embajadora de España, indicó en la misiva la Embajada de España en San Salvador. 

Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes reconocieron su responsabilidad en la planeación y coordinación del atentado en el que murió el dirigente del partido Centro Democrático, informó este miércoles la Fiscalía.

El preacuerdo fue avalado por una jueza penal especializada, que consideró que las penas se ajustan a la legislación vigente.

Alias Chipi será condenado a 26 años y tres meses de prisión, mientras que alias El Hermano recibirá una pena de 21 años y nueve meses, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Según la investigación de la Fiscalía, Arteaga Hernández diseñó el plan criminal, distribuyó las funciones entre los demás implicados, realizó seguimientos previos a la víctima y verificó el lugar del ataque. Además, entregó el arma al menor de edad que disparó contra Uribe Turbay y supervisó la ejecución del atentado.

Por su parte, González Cruz permaneció en un vehículo ubicado a pocas cuadras del lugar donde se produjo el ataque en Bogotá, desde donde facilitó la huida de otros involucrados. También vendió uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar el ataque con el fin de entorpecer la investigación, según el ente acusador.

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza durante un acto político en el barrio bogotano de Modelia el 7 de junio de 2025 y murió el 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Clínica Santa Fe.

Con estos dos preacuerdos, ya son seis los implicados que han aceptado su responsabilidad en el magnicidio, entre ellos el adolescente que disparó contra el entonces senador.

La investigación de la Fiscalía ha permitido la captura de nueve personas y, en marzo pasado, la justicia ordenó la captura de siete jefes de la disidencia guerrillera Segunda Marquetalia, encabezada por alias Iván Márquez, por su presunta participación en la planificación del crimen. 

«He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias ‘Chiquito Malo‘. Si es capturado inmediatamente, debe ser extraditado», escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro reactiva la extradición de Chiquito Malo

Ávila Villadiego es requerido por una corte federal de Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

En abril pasado, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York amplió la acusación en su contra al incluir delitos de narcoterrorismo y apoyo material a una organización terrorista extranjera, después de que Washington designara al Clan del Golfo, la agrupación armada delincuencial más grande del país, como grupo terrorista.

Cargos en Estados Unidos contra el jefe del Clan del Golfo

Petro sostuvo que «para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad», y reiteró que ese grupo no la tuvo.

Pese a ello, el jefe de Estado defendió la política de diálogo con las organizaciones armadas ilegales y reivindicó el modelo de conversaciones sociojurídicas diseñado durante su Administración por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, al asegurar que buscaba combinar la desmovilización con la transformación social y económica de los territorios afectados por las economías ilícitas.

El mandatario afirmó que esa estrategia produjo resultados parciales, especialmente en materia de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, aunque responsabilizó a la Fiscalía y a la política antidrogas promovida por Estados Unidos de obstaculizar parte de su implementación.

Choque por la negociación con el Clan del Golfo

En contraste, el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, rechazó la afirmación del presidente y aseguró que la voluntad de paz de la organización «está documentada» desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia.

En un comunicado, el jurista sostuvo que «el proceso avanzó durante casi cuatro años mediante reuniones oficiales, resoluciones presidenciales, mecanismos de verificación internacional y acuerdos suscritos con el Gobierno«.

A juicio de Giraldo, el señalamiento presidencial de que no hubo «sinceridad» desconoce la actuación de los países mediadores y de organismos internacionales que acompañaron las conversaciones.

Reclamos por las zonas de ubicación temporal

El letrado también atribuyó al Estado la responsabilidad por el aplazamiento del ingreso de unos cuatrocientos integrantes del grupo a las Zonas de Ubicación Temporal previstas para finales de junio, al afirmar que la infraestructura y los protocolos necesarios no estaban listos.

El apoderado sostuvo, además, que el grupo mantiene su intención de continuar el proceso con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, al considerar que las conversaciones fueron concebidas como un acuerdo con el Estado y no con un gobierno específico. 

Caída de la actividad y desempleo

El Banco Central del principal productor de cobre del mundo informó este miércoles que la actividad económica se contrajo un 0,9 % interanual en mayo, encadenando cinco meses de cifras negativas, debido principalmente al mal desempeño de la minería.

El dato confirma lo que ya dijimos: recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado», señaló Mas en una declaración pública.

Los malos datos de la actividad económica se suman a los del desempleo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el martes que la tasa de desempleo alcanzó en mayo el 9,4 %, su nivel más alto en cinco años.

El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país, «No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas», añadió Mas.

Por su parte, el propio mandatario chileno, José Antonio Kast, se refirió a los resultados económicos conocidos esta mañana y describió el momento que vive el país como «complejo», un escenario que «prende más de una luz de alerta» y que desde el Gobierno deben «revertir».

«Muchas veces uno, cuando está viviendo un momento de bonanza, se olvida y solo se acuerda cuando hay un dolor; uno no se acuerda de la salud del cuerpo cuando está enfermo, y eso es algo que también a nosotros nos sucedió como país», indicó Kast desde Asunción, al cierre de su visita oficial, en una declaración conjunta con su par, Santiago Peña.

«Nos olvidamos de que íbamos ascendiendo y progresando, y nos dimos cuenta tarde de que teníamos una enfermedad económica, pero que afecta la vida, la calidad de vida de nuestros compatriotas», agregó.

Claves de la megarreforma en el Senado

La megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno del ultraderechista Kast superó la semana pasada una votación clave en el Senado, y sus cerca de 40 medidas empezarán a ser discutidas en detalle en las próximas semanas.

El corazón del proyecto es la rebaja del impuesto corporativo del 27 % al 23 %, pero también incluye medidas como la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, la exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas, beneficios fiscales para repatriar capitales desde el extranjero o la reducción de permisos para fomentar las inversiones.

La iniciativa cuenta con el rechazo de la oposición de izquierdas, que acusa al Gobierno de falta de diálogo y que considera que es una reforma que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales 

América Latina está entrando en una nueva era. Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones, Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos», escribió en su cuenta de la red social X.

Resultados y margen de la elección

Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral, veintidós días después de la votación, y señaló que recibió los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país «dividido».

Con el conteo al 100 %, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, al recibir 9,223,396 sufragios, frente al 49.865 % de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9,173,755 papeletas, lo que significa una diferencia de menos de 50,000 votos entre ambos candidatos.

Próximas fechas de proclamación e investidura

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes, mientras que el 15 de julio, Fujimori recibirá las credenciales de presidenta electa, y el 28 de julio será investida en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Panamá busca traslado de condenados

El caso de los siete panameños «sigue el proceso penal cubano», dijo Martínez-Acha, que aseguró que el Gobierno de Panamá aspira a que el juicio correspondiente se lleve a cabo «lo más pronto posible».

Y cuando haya sentencia, si es en contra de nuestros panameños, solicitar, con un mecanismo al cual pertenece Panamá, que los envíen a nuestro país», comentó Martínez-Acha al ser preguntado por los periodistas por el caso, en el marco del acto de la rendición de cuentas anual del presidente panameño, José Raúl Mulino, ante el Parlamento.

Detención y acusación en Cuba

Diez panameños fueron detenidos a finales de febrero pasado en Cuba, «acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba«, por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Tres detenidas fueron repatriadas en abril pasado gracias a «la colaboración brindada por las detenidas durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad», según informó entonces la Cancillería panameña.

Tres panameñas ya fueron repatriadas

El grupo de panameños viajó a la isla en una fecha no precisada y, según el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, fueron captados en Panamá para «confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional», por lo que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.

Las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como «Abajo la tiranía», «Comunismo: enemigo de la comunidad» y «Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer«, en referencia, respectivamente, al presidente de EE. UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla, según la información cubana. 

El país intenta reaccionar y se plantea una nueva ley, más integral, para atajar una problemática que crece día a día, según explicó a EFE la activista Irma Ruiz.

Casos fatales y aumento del bullying

Panamá carece de estadísticas confiables sobre el acoso escolar, pero el programa ‘Somos Voz, No Silencio’, fundado por Ruiz, se apoya en los datos de la Organización Global contra el Bullying, según los cuales en 2025 el 48.3% de los estudiantes de Panamá había vivido acoso escolar.

Tras registrarse este año dos víctimas fatales —el 8 y el 26 de marzo—, un adolescente de 14 años con autismo y un universitario de 18, la proporción de estudiantes que sufren bullying se elevó a «8 de cada 10».

«Esa situación «levantó la voz y abrió los ojos» de muchos en el país, «porque esto no puede continuar», afirmó Ruiz.

El acoso escolar y el ciberacoso son unos de los varios factores asociados al suicidio en jóvenes, dijo a EFE la Asesora Internacional de Enfermedades No Transmisibles y Determinantes de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, la doctora Zohra Abaakouk.

Un estudio publicado en mayo pasado reveló que la tasa de suicidio de personas de entre 10 y 24 años subió un 38% en las últimas dos décadas en el continente americano, y que los incrementos más rápidos se dieron entre las niñas y en el grupo de niños de entre 10 a 14 años, alertó la OPS.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) correspondientes a 2024, cuatro menores de entre 10 y 14 años y 15 adolescentes de entre 15 y 19 años murieron por suicidio en Panamá ese año. Estos datos no especifican el contexto en que ocurrieron esos casos.

«El suicidio afecta a las personas, a las familias, a las comunidades, pero se puede prevenir», declaró Abaakouk.

«La muerte de los dos adolescentes este año fue el «punto que destapó la olla de presión», y, a partir de esos casos, el programa ‘Somos Voz, No Silencio‘ comenzó a recibir «llamadas de las mismas madres de las víctimas, de otros familiares y de niños que están sufriendo muchísimo», dijo Ruiz.

Nueva ley contra acoso escolar

Los activistas han aprovechado esta escalada para, junto con la diputada de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Grace Hernández, impulsar una nueva legislación, más integral que las existentes, contra el acoso escolar que involucre a todos los sectores: familias, escuela, comunidad y autoridades.

En el Parlamento se han desarrollado mesas técnicas, la última el pasado 25 de junio, para escuchar a todas las partes: Gobierno, familias, empresas; entre ellas, la madre del joven de 18 años que se quitó la vida en marzo pasado.

Se está también trabajando en la modificación de las leyes existentes para que sean reglamentadas, para prevenir y erradicar el bullying y el acoso escolar en Panamá. Las leyes tendrán certeza del castigo y la nueva ley también incluirá a la empresa privada como apoyo», afirmó Ruiz.

La diputada Hernández ha dicho que la nueva legislación, que se espera sea presentada en el período legislativo que comenzó este 1 de julio, tiene un enfoque integral y preventivo, con la idea de «establecer responsabilidades claras para todos los actores y empezar a hacer programas de prevención para luego enfocarse en reparar».

La OPS considera que «el ciberacoso y el acoso constituyen un problema de salud pública», dijo Abaakouk a EFE: «por eso es importante promover la creación de entornos seguros, protectores e inclusivos para la población de niños, niñas y adolescentes».

La iniciativa de promover marcos legales es fundamental y va a ser parte de las medidas que deben ser contempladas, porque no puede ser solamente la responsabilidad de un padre o del niño o de los compañeros de escuela; es una corresponsabilidad de la sociedad: garantizar espacios seguros para los niños y adolescentes», añadió la asesora de la OPS.

Las decisiones fueron adoptadas por la Sección de Apelación de la JEP, que resolvió las apelaciones interpuestas por las víctimas, comparecientes y el Ministerio Público, y fijó criterios que servirán de precedente para las futuras sentencias de los once macrocasos que investiga esta entidad de justicia reparativa.

«Este es un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para quienes fueron condenados por el Tribunal para la Paz en primera instancia y cuyas penas ahora se confirman de manera definitiva», afirmó el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes.

Condena a exjefes de las FARC

En el Caso 01, correspondiente a los exintegrantes del último secretariado de las FARC, la JEP confirmó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

El tribunal declaró a estos excombatientes responsables como autores de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio, y de los delitos de lesa humanidad de privación de la libertad, asesinato y desaparición forzada.

Además, cinco de ellos fueron condenados por responsabilidad de mando al no impedir delitos como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros delitos cometidos por integrantes de la guerrilla.

Según la JEP, los acusados son los máximos responsables de más de 21,000 secuestros perpetrados para financiar la guerra, presionar intercambios de prisioneros y ejercer control territorial, hechos que derivaron en condiciones de cautiverio, torturas, violencia sexual, humillaciones y otras graves violaciones de los derechos humanos.

La Sección de Apelación modificó varios aspectos de la sentencia de primera instancia, «para reforzar la efectividad de las sanciones propias».

Entre los cambios, ordenó incorporar propuestas formuladas por las víctimas, establecer cronogramas precisos para el cumplimiento de las penas y fijar restricciones concretas de derechos y libertades durante los ocho años de trabajos restaurativos, que se desarrollarán entre agosto de 2026 y febrero de 2034 en siete regiones del país.

Ratificación del caso Batallón La Popa

De la misma forma, la JEP confirmó las sanciones impuestas a 12 exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2005 en la costa del Caribe colombiano.

Los magistrados ratificaron la condena por asesinato y desaparición forzada, que dejaron 135 víctimas en 77 hechos victimizantes, entre las que se encuentran integrantes de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa y wayúu.

«Esta sentencia jamás podrá devolverles el tiempo perdido, el tiempo del cautiverio, de los vejámenes. El tiempo que ustedes han padecido por la pérdida de sus seres queridos con la desaparición forzada», aseguró el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

La Sección de Apelación resolvió 19 apelaciones y revocó la condena por los delitos de persecución y tortura, al concluir que estos fueron incorporados al proceso sin cumplir el procedimiento legal correspondiente.

La sentencia confirmó los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), que incluyen la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar (Cesar), como parte del Plan Integral de Memorialización para la costa Caribe propuesto por las víctimas.

Posteriormente, los exmilitares deberán ejecutar otros proyectos orientados a la recuperación de la memoria histórica, como la construcción de centros culturales y ecoturísticos.

El ministro trinitense de Energía, Roodal Moonilal, afirmó este miércoles que la inversión en el sector energético ha aumentado en 1,000 millones de dólares anuales desde 2025 y se espera que continúe en el mismo camino hasta 2027.

Durante su intervención en el Simposio de Energía de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, celebrado en el sur de Trinidad, Moonilal señaló que el crecimiento futuro del país dependerá del desarrollo de los recursos marinos fronterizos.

Tras 118 años, los recursos más accesibles ya se han explotado en gran medida. Tenemos oportunidades de exploración en aguas profundas, declaró.

El titular de Energía indicó que el gasto estimado en el sector energético promediará 2,700 millones de dólares anuales durante el periodo 2025-2027, frente a los US$1,700 millones anuales de los tres años anteriores.

También explicó que la exploración en aguas profundas se llevará a cabo con empresas conjuntas entre bpTT y Shell, en los bloques 25a, 25b y 27, frente a la costa este de Trinidad; y entre Exxon y Oxy en el bloque TTUD-1.

Al respecto, citó la asociación entre bpTT y EOG en los proyectos Mento y Coconut, en la cuenca Columbus, al sur de Trinidad, como ejemplo de la exploración continua en yacimientos marinos más profundos.

Moonilal indicó que el Gobierno trinitense también está impulsando proyectos de gas transfronterizos con Venezuela para compensar la disminución de la producción nacional.

Las previsiones de producción no incluyen el gas de los campos fronterizos Manakin-Coquina, Loran y Dragon que, según el ministro, «tienen el potencial de aumentar significativamente el suministro nacional de gas».

Venezuela otorgó el pasado 11 de junio a la británica Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

«Dados los beneficios para todas las partes involucradas, es probable que estos acuerdos se conviertan en la norma en el futuro», aseguró el titular de Energía trinitense.

Moonilal también confirmó que la visita prevista de una delegación gubernamental a Venezuela para tratar temas relacionados con los recursos transfronterizos de petróleo y gas se pospuso tras los terremotos que azotaron el país vecino.

El mes pasado, la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, anunció que la delegación viajaría a Venezuela para asegurar que Trinidad y Tobago obtuviera la parte que le corresponde de los recursos de hidrocarburos transfronterizos. 

«Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer, lamentablemente, fallecieron”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Apoyo federal a familiares de víctimas

Sheinbaum señaló que el Gobierno de la Ciudad de México informará sobre los hechos y aseguró que las autoridades capitalinas mantienen contacto con los familiares de las víctimas.

«La jefa de Gobierno va a dar conferencia, no sé si ella o su equipo, a las 10 de la mañana, por esta situación aquí en la ciudad. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, les informamos, y siempre nuestro pésame; y está la Jefatura de Gobierno en contacto con sus familias”, afirmó.

La presidenta agregó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a brindar apoyo a los familiares.

Y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario”, señaló.

Tres muertes por asfixia en el Ángel

Las declaraciones se producen después de que el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México informara de la muerte por asfixia de tres personas durante las celebraciones realizadas la noche del martes en la zona del Ángel de la Independencia.

Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.

De acuerdo con el reporte oficial, dos de ellas fueron localizadas inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia (barrio) Juárez, mientras que la tercera fue hallada sobre la calle Berna, en la misma zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las tres personas recibieron maniobras de reanimación y fueron trasladadas para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente fueron declaradas sin vida por asfixia.

Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la administración capitalina mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindarles acompañamiento y apoyo.

Un millón de asistentes en la celebración

De acuerdo con el Gobierno capitalino, alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que permitió al combinado nacional avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.