Ese activo está ahí, operando como garantía tácita, como el suelo firme sobre el que se construyen planificaciones a cinco y diez años. Es un intangible y, como todos los intangibles, se nota más cuando falta que cuando sobra.

El sistema de partidos dominicano no merece indulgencias. Sus organizaciones exhiben una calidad raquítica en la formación de cuadros pensantes, de reformadores con vocación de Estado. Sus núcleos están poblados de oportunistas que entienden la política como trampolín de movilidad social antes que como servicio público, y hay segmentos enteros que han corporativizado la militancia hasta convertirla en negocio rentable, con sus propias cadenas de valor y sus beneficiarios.

Todo eso es cierto, es verificable y no hace falta suavizarlo. Pero también es cierto que, pese a esa pobreza institucional, el país ha logrado sostener algo que muchos de sus vecinos no pueden: una estabilidad política que no se ha roto en más de sesenta años. Ahí está la paradoja que vale la pena mirar de frente.

El PRSC, el PRD, el PLD, el PRM han sido, cada uno a su manera, blanco legítimo de crítica dura. Se les puede acusar de clientelismo, de mediocridad programática, de rotar las mismas caras con distintos colores. Pero, en un terreno, han actuado como si existiera entre ellos un convenio no escrito: preservar la estabilidad política y la paz social.

La diferencia real entre esas siglas no es doctrinaria, es cromática. Lo que las une, más allá de la bandera que enarbolen, es una convicción compartida sobre lo que no se debe tocar. Ese acuerdo tácito ha funcionado como una suerte de constitución informal, más eficaz, muchas veces, que la escrita.

Por eso no tengo candidato presidencial favorito. No porque la elección me sea indiferente, sino porque quien aspire a la Presidencia dominicana sabe, o debería saber, que ese activo intangible es demasiado costoso para arriesgarlo. La estabilidad política no es propiedad de un partido; es el patrimonio común que todos administran mientras están en el poder, sabiendo que la próxima vez podrían estar del otro lado.

El problema no es la ausencia de ese convenio. Es que el sistema necesita otro que, hasta ahora, no ha firmado: el de las reformas estructurales que le den largo aliento a la estabilidad que ya tiene. Una reforma eléctrica que, de una vez, cierre el ciclo de subsidios insostenibles y pérdidas técnicas disfrazadas de política social. Una reconfiguración fiscal que abandone la regresividad actual y construya un sistema progresivo, justo, eficiente en su recaudación, capaz de financiar desarrollo con inversión social real.

Cazar fuera del zoológico: integrar a los omisos, a los que hoy viven fuera del radar tributario, en lugar de seguir exprimiendo siempre a los mismos contribuyentes cautivos. Y desmontar los viejos incentivos que ya no incentivan nada: esas exenciones añejas que se volvieron privilegio heredado y que no resistirían una auditoría seria si alguien tuviera el valor político de ordenarla.

Sin ese segundo convenio, el primero empieza a erosionarse. La estabilidad política no es un estado permanente garantizado por inercia; es un equilibrio que se sostiene mientras las condiciones materiales no lo desafíen demasiado. Y las condiciones materiales están cambiando. La decepción social existe, es medible en cada encuesta, en cada conversación de colmado, en cada silencio cargado de las redes. No es ruido pasajero. Es la antesala de algo.

Cuando el intangible de la estabilidad empieza a bajar la escalera hacia el foso, no lo hace de golpe. Baja escalón por escalón, con cada promesa incumplida, con cada reforma pospuesta, con cada élite que confunde gobernar con administrar privilegios. Y, en algún punto de esa escalera, aparece la puerta que toda decepción social termina abriendo: la del advenedizo que promete romperlo todo porque, a esa altura, romperlo todo ya no asusta a nadie. Ese es el verdadero riesgo que corre el país. No es el color de la próxima bandera en el Palacio, sino la posibilidad de que el convenio que nos ha sostenido deje de tener firmantes.

Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo en “El orden político en las sociedades en cambio”: la distinción que separa a las naciones no es su forma de gobierno, sino su grado de gobierno, y la estabilidad que no evoluciona junto a sus instituciones no se vuelve más sólida con el tiempo; se hace más frágil. Para Huntington, la decadencia política era tan probable como el desarrollo; depende de si las instituciones logran absorber la presión social antes de que esta desborde los cauces existentes.

República Dominicana ha comprado tiempo con estabilidad. Lo que no ha comprado todavía es institucionalidad a la altura de esa estabilidad, y esa factura, tarde o temprano, se cobra.

Luego, cuando los españoles se trasladaron de La Isabela, en la costa norte, a la desembocadura del río Ozama en la costa sur y fundaron la ciudad de Santo Domingo, desde entonces ese fue el nombre con que se conoció la isla. Cuando comenzaron a llegar los bucaneros y filibusteros franceses a la costa noroeste, a esa parte se le llamó “Saint Domingue”. Por mucho tiempo la isla fue conocida como “Santo Domingo” en el este y “Saint Domingue” en el oeste.

Cuando en 1801 los haitianos declararon su independencia, en vez de ponerle al nuevo país un nombre que recordara las raíces africanas de sus diferentes tribus, optaron, sorprendentemente, por el taíno “Haití” con el cual los indios denominaban a zonas montañosas o rocosas. Por eso es que en lo que hoy es la República Dominicana tenemos a “LosHaitises”, zona de formación kárstica al sur de la bahía de Samaná y cerca de Monción a “Haití Picao”. Consecuentemente, es un topónimo común a ambos países.

Cuando en 1844 los Trinitarios tuvieron que decidir qué nombre darle al nuevo país, era obvio que llamarlo Santo Domingo era complicado, ya que el resto del mundo por muchos años había conocido a la parte oeste, la más rica de todas las colonias francesas, como “Saint Domingue”. El llamarle “Quisqueya” también era conflictivo, aunque se usó ese nombre en el himno nacional, ya que esa palabra taína abarcaba a la isla entera y por eso en Puerto Príncipe existe la universidad “Quisqueya”. También era problemático llamarle “Dominicana” ya que existía Dominica, la isla caribeña posesión inglesa. Como desde hace años nos autodenominamos “dominicanos”, se optó por “República Dominicana”. Somos de los pocos países en el mundo donde la mención del régimen político bajo el cual funciona aparece en el nombre. Los otros pocos casos incluyen a la República Checa y a la República Argentina, pero esta última es conocida simplemente como “Argentina”. Los Estados Unidos Mexicanos por su lado, son conocidos simplemente como “México”, pero ese no es el caso de los Estados Unidos de América.

En épocas modernas los suramericanos y los centroamericanos nos conocen como ”La Dominicana” y los haitianos como “La Dominicanie”. Los angloparlantes cambian el orden y para ellos somos“The Dominican Republic” y, en abreviatura, nos llaman “Dom Rep”, o, simplemente, “DR”. En el aeropuerto de Orly en París, esperando el avión de regreso, escuché en una ocasión que anunciaban el vuelo a “Saint Domingue” pues los franceses todavía recuerdan el nombre de su muy rica ex colonia.

Varios otros nombres son comunes a la isla: Anacaona, probablemente reinó en lo que hoy es Haití y Enriquillo comenzó su rebeldía en la parte del Bahoruco que hoy es Haití, cerca de Jacmel, pero luego se trasladó a la parte que hoy es República Dominicana, al sur de Duvergé, en la zona montañosa de Puerto Escondido.

Otros topónimos se refieren a que en el lugar existía un árbol, como son los casos de “El Limón” y “El Naranjo”, o un lugar de muchas palmas como “Palmar de Ocoa”. Otros reciben el nombre del primer habitante. Para nosotros el caso más curioso queda cerca de Cotuí, donde hay un paraje conocido como “Rosa la Blanca” y, a pocos kilómetros, hay otro que lleva el nombre de “Rosa la Prieta”.

Topónimos taínos los hay muchos. Todos nuestros ríos llevan nombres taínos excepto El Pedernales, el Isabela y el Masacre, pero este originalmente llevaba el nombre taíno Dajabón, hasta el violento intercambio en ese río entre españoles y franceses en el siglo XVIII. Casi todos nuestros peces llevan nombres taínos y docenas de lugares mantienen su nombre taíno, como Macorís, Bonao, Ocoa y Maguana. En fin, que nombres taínos y españoles nos caracterizan. 

Hoy, martes 14 de julio de 2026, al escuchar la primera lectura de la liturgia y encontrarme con la mención del rey Ajaz, inmediatamente me vino a la memoria el nombre de un detergente para lavar platos que he oído mencionar desde que nací. 

Me pregunté si existía alguna relación entre ambos nombres. 

Naturalmente, no la hay. 

Pero esa curiosidad me llevó a releer con detenimiento el pasaje de Isaías y descubrí, una vez más, hasta qué punto la Biblia sigue siendo un libro de extraordinaria actualidad.

La primera lectura de este martes (Isaías 7, 1-9) podría publicarse perfectamente en la sección internacional de cualquier periódico contemporáneo. 

Si sustituyéramos los nombres de Ajaz, Rasón y Pécaj por los de algunos dirigentes actuales, pocos advertirían que el texto fue escrito hace cerca de dos mil setecientos cincuenta años.

La historia parece cambiar de protagonistas, pero conserva el mismo escenario.

El joven rey Ajaz gobierna el pequeño reino de Judá. 

Dos vecinos poderosos, Siria e Israel —el reino del Norte—, forman una alianza para obligarlo a unirse a una coalición militar. 

Como Ajaz se niega, ambos deciden invadir Jerusalén y sustituirlo por un gobernante dócil a sus intereses.

Es difícil encontrar una descripción más precisa de la lógica que ha caracterizado al Medio Oriente desde la Antigüedad hasta nuestros días.

Estados pequeños atrapados entre potencias regionales; alianzas que cambian con rapidez; guerras preventivas; gobiernos que buscan sobrevivir apoyándose en imperios más poderosos; rivalidades religiosas, políticas y económicas entrelazadas en un mismo conflicto.

La geografía cambia muy poco.

Los imperios cambian de nombre.

La tensión permanece.

En la época de Isaías, el gran actor era Asiria, la primera superpotencia militar del Cercano Oriente. 

Su expansión alteraba todos los equilibrios regionales y obligaba a los pequeños reinos a escoger entre la resistencia, la alianza o la sumisión.

Hoy el escenario es diferente, pero no tanto.

Israel sigue siendo el principal poder militar de la región. 

Irán intenta ampliar su influencia mediante una compleja red de aliados y movimientos armados. 

Turquía procura reconstruir su protagonismo regional. 

Arabia Saudita y los Estados del Golfo buscan garantizar su seguridad y diversificar sus alianzas. 

Estados Unidos mantiene una presencia estratégica decisiva. 

Rusia conserva intereses militares y políticos, mientras China incrementa silenciosamente su influencia económica y diplomática.

Cada uno calcula.

Cada uno busca equilibrio.

Cada uno teme quedar aislado.

Eso mismo ocurría cuando Isaías caminaba por las calles de Jerusalén.

Pero el profeta introduce un elemento que rara vez aparece en los análisis geopolíticos.

Habla del miedo.

«El corazón de Ajaz y el de su pueblo se estremecieron como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento.»

Es una descripción magistral de una sociedad paralizada por la incertidumbre.

Y es precisamente entonces cuando Dios envía al profeta con un mensaje sorprendente:

«Mantente alerta, pero tranquilo. No tengas miedo.»

No le pide al rey que ignore la amenaza.

No le aconseja desarmarse.

No le propone una rendición.

Le pide algo mucho más difícil: que no permita que el miedo gobierne sus decisiones.

En política internacional, el miedo suele producir errores estratégicos de enormes consecuencias.

Los gobiernos invaden antes de tiempo.

Firman alianzas que hipotecan su independencia.

Aceptan dependencias que luego resultan casi imposibles de romper.

O responden desproporcionadamente, sembrando las condiciones para nuevos conflictos.

Ajaz terminaría buscando la protección del Imperio asirio.

La decisión resolvió parcialmente el problema inmediato, pero abrió otro mucho mayor: Judá quedó subordinado al imperio cuya ayuda había solicitado.

La historia moderna ofrece ejemplos semejantes.

Muchos países han preservado temporalmente su seguridad entregando parte de su autonomía política, económica o militar a potencias mayores.

El problema inmediato desaparece.

La dependencia permanece.

Por eso Isaías concluye con una frase extraordinaria:

«Si ustedes no creen, no permanecerán.»

En hebreo, el verbo utilizado significa al mismo tiempo creer, confiar, sostenerse y mantenerse firme. El mensaje va mucho más allá del ámbito religioso.

Una nación que pierde la confianza en sí misma termina buscando salvadores externos.

Un gobernante dominado por el temor deja de actuar con libertad.

Una sociedad que solo reacciona a las crisis termina perdiendo su capacidad de construir el futuro.

El Medio Oriente continúa siendo el gran laboratorio de esas tensiones.

Las guerras en Gaza, los enfrentamientos entre Israel e Irán, la persistente inestabilidad de Siria, las disputas por el control de las rutas marítimas y energéticas, el progresivo desplazamiento de la competencia entre Estados Unidos y China hacia Eurasia y el Golfo Pérsico forman parte de una misma realidad histórica: esa región sigue siendo uno de los principales ejes geopolíticos del planeta.

No es casualidad.

Allí en Medioriente nacieron las grandes religiones monoteístas.

Allí convergen Asia, África y Europa.

Allí pasan algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Y allí se han enfrentado, durante casi tres mil años, imperios, civilizaciones y proyectos políticos universales.

Por eso Isaías continúa siendo un autor contemporáneo.

No porque explique las decisiones de los gobiernos actuales, sino porque comprende el mecanismo profundo que suele desencadenar las grandes crisis.

Antes de convertirse en un problema militar, casi toda guerra comienza siendo un problema político.

Y antes de convertirse en un problema político, suele ser un problema del corazón humano.

Quizá esa sea la mayor actualidad de esta lectura.

Mientras los analistas estudian armas, alianzas, petróleo, corredores logísticos o capacidades nucleares, Isaías dirige la mirada hacia el interior del gobernante.

Porque sabía que los imperios pueden cambiar, las fronteras pueden modificarse y las tecnologías militares pueden transformarse, pero la naturaleza humana permanece sorprendentemente constante.

Por eso, después de casi veintiocho siglos, la lectura de hoy produce una sensación inevitable.

Al terminar de leerla, uno no puede dejar de pensar:

En el Medio Oriente, muchas cosas han cambiado. 

Pero, en el fondo, sigue ocurriendo lo mismo de siempre.

Ese activo está ahí, operando como garantía tácita, como el suelo firme sobre el que se construyen planificaciones a cinco y diez años. Es un intangible y, como todos los intangibles, se nota más cuando falta que cuando sobra.

El sistema de partidos dominicano no merece indulgencias. Sus organizaciones exhiben una calidad raquítica en la formación de cuadros pensantes, de reformadores con vocación de Estado. Sus núcleos están poblados de oportunistas que entienden la política como trampolín de movilidad social antes que como servicio público, y hay segmentos enteros que han corporativizado la militancia hasta convertirla en negocio rentable, con sus propias cadenas de valor y sus beneficiarios.

Todo eso es cierto, es verificable y no hace falta suavizarlo. Pero también es cierto que, pese a esa pobreza institucional, el país ha logrado sostener algo que muchos de sus vecinos no pueden: una estabilidad política que no se ha roto en más de sesenta años. Ahí está la paradoja que vale la pena mirar de frente.

El PRSC, el PRD, el PLD, el PRM han sido, cada uno a su manera, blanco legítimo de crítica dura. Se les puede acusar de clientelismo, de mediocridad programática, de rotar las mismas caras con distintos colores. Pero, en un terreno, han actuado como si existiera entre ellos un convenio no escrito: preservar la estabilidad política y la paz social.

La diferencia real entre esas siglas no es doctrinaria; es cromática. Lo que los une, más allá de la bandera que enarbolen, es una convicción compartida sobre lo que no se debe tocar. Ese acuerdo tácito ha funcionado como una suerte de constitución informal, más eficaz, muchas veces, que la escrita.

Por eso no tengo candidato presidencial favorito. No porque la elección me sea indiferente, sino porque quien aspire a la presidencia dominicana sabe, o debería saber, que ese activo intangible es demasiado costoso para arriesgarlo. La estabilidad política no es propiedad de un partido; es el patrimonio común que todos administran mientras están en el poder, sabiendo que la próxima vez podrían estar del otro lado.

El problema no es la ausencia de ese convenio. Es que el sistema necesita otro que, hasta ahora, no ha firmado: el de las reformas estructurales que le den largo aliento a la estabilidad que ya tiene. Una reforma eléctrica que, de una vez, cierre el ciclo de subsidios insostenibles y pérdidas técnicas disfrazadas de política social. Una reconfiguración fiscal que abandone la regresividad actual y construya un sistema progresivo, justo, eficiente en su recaudación, capaz de financiar desarrollo con inversión social real. Cazar fuera del zoológico: integrar a los omisos, a los que hoy viven fuera del radar tributario, en lugar de seguir exprimiendo siempre a los mismos contribuyentes cautivos. Y desmontar los viejos incentivos que ya no incentivan nada, esas exenciones añejas que se volvieron privilegio heredado y que no resistirían una auditoría seria si alguien tuviera el valor político de ordenarla.

Sin ese segundo convenio, el primero empieza a erosionarse. La estabilidad política no es un estado permanente, garantizado por inercia; es un equilibrio que se sostiene mientras las condiciones materiales no lo desafíen demasiado. Y las condiciones materiales están cambiando. La decepción social existe, es medible en cada encuesta, en cada conversación de colmado, en cada silencio cargado de las redes. No es ruido pasajero. Es la antesala de algo.

Cuando el intangible de la estabilidad empieza a bajar la escalera hacia el foso, no lo hace de golpe. Baja escalón por escalón, con cada promesa incumplida, con cada reforma pospuesta, con cada élite que confunde gobernar con administrar privilegios. Y, en algún punto de esa escalera, aparece la puerta que toda decepción social termina abriendo: la del advenedizo que promete romperlo todo porque, a esa altura, romperlo todo ya no asusta a nadie. Ese es el verdadero riesgo que corre el país. No es el color de la próxima bandera en el Palacio, sino la posibilidad de que el convenio que nos ha sostenido deje de tener firmantes.

Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo en “El orden político en las sociedades en cambio”: la distinción que separa a las naciones no es su forma de gobierno, sino su grado de gobierno, y la estabilidad que no evoluciona junto a sus instituciones no se vuelve más sólida con el tiempo; se hace más frágil. Para Huntington, la decadencia política era tan probable como el desarrollo; depende de si las instituciones logran absorber la presión social antes de que esta desborde los cauces existentes. República Dominicana ha comprado tiempo con estabilidad. Lo que no ha comprado todavía es institucionalidad a la altura de esa estabilidad, y esa factura, tarde o temprano, se cobra.

Sólo en pocas infracciones hay cambios de fondo, como en el “hostigamiento” (art. 122 y 123), donde se incorpora la necesidad de que la conducta sea ejecutada de manera reiterada y sistemática; o en el “exhibicionismo sexual”, identificando su contexto y casos en que no se configura (art. 142). De igual forma, en la “difusión ilícita de contenido íntimo o reservado”, se detalla el ámbito de ejecución de la conducta y circunstancias agravantes (art. 192).

En cuanto a los “actos considerados no difamatorios o injuriosos”, se fija una eximente para casos relacionados con corrupción política y funciones públicas, con la no pequeña exigencia de que quien haga la afirmación debe sustentarla en elementos probatorios o en una verificación previa y razonable de la información (art. 211.5); y siempre que no se trate de la vida privada del funcionario (párr. II).

En lo que se refiere al “abandono de niños, niñas y adolescentes”, se incorporan nuevas circunstancias de agravación (art. 215), mientras que, en la “bancarrota simple”, se define cuándo se configura (art. 248). Finalmente, limita el “ultraje” al ámbito jurisdiccional, con la desagradable sorpresa de dejar por fuera a los abogados que intervienen en representación de las partes, como posibles víctimas.

Por el ínfimo e insuficiente aporte que representa este proyecto frente a los grandes retos identificados en la Ley 74-25, a continuación nos permitimos referir algunos de los grandes olvidados en el proyecto de reforma propuesta:

1. El sector industrial, comercial y empresarial del país:
   Se ha dejado intacto el contenido de infracciones como la prevista en el art. 221, relativa a las “operaciones comerciales con niños, niñas o adolescentes”, lo que penaliza la venta de cualquier objeto a un menor de edad, no importa su valor. Desde colmados, cadenas de supermercados y hasta locales en plazas comerciales, serán penalizados si les venden a menores, sin una autorización de sus padres.
   No se propone ninguna excepción expresa a la “difusión ilícita de contenido íntimo o reservado”, desconociendo que, en muchos casos laborales, frente a faltas cometidas por un trabajador, el medio de prueba disponible es, precisamente, audios, imágenes o videos obtenidos en un ámbito privado, pero dentro de la empresa. Por temor a una pena, algunos optarán por no ejercer el despido. Esta misma situación aplica para la “difusión de audios o imágenes sin consentimiento”, establecida en el art. 192.
   De igual forma, quedan en alto riesgo de ser penalmente perseguidas, las empresas que trabajen con sustancias químicas y que, por el solo hecho del trabajo, expongan a un trabajador al contacto con una “sustancia química” que le pueda causar algún tipo de lesión. (art. 103) Lo que antes solo configuraba un accidente de trabajo, ahora será delito.
   En esa misma dirección, se están dejando intactas las “infracciones culposas que provocan incapacidad” por más o por menos de 90 días (art. 150), que, en el ámbito laboral, hasta el momento, constituían accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y estaban reguladas por la ley 87-01 y cubiertas por el IDOPRIL.
2. El sector de la medicina y ciencias afines:
   Lo grave es que esta última infracción culposa puede alegarse en contra de aquellos que ejercen la medicina, pues basta con que el paciente argumente que el médico obró con algún tipo de imprudencia o de indigencia, que le ocasionó incapacidad, para que pueda ser perseguido penalmente por esta misma figura.
   Además, los anestesiólogos, cosmetólogos, odontólogos y cualquier otro profesional de las ciencias médicas que aplique anestesia o sustancias similares, se encuentran en alta posibilidad de ser perseguidos por “daños por aplicación de sustancias químicas”, cuando la víctima simplemente alegue que tuvo algún tipo de desorientación o agitación, como lo establece el primer párrafo del art. 104.
3. El sector bancario y financiero:
   Brilla por su ausencia el afán de clarificar que la “perturbación telefónica”, no se puede configurar con una sola llamada (art. 193), si ella respeta los parámetros fijados reglamentariamente por el Estado, aunque a través de ella se anuncien consecuencias legales, por ejemplo, por falta de pago de una obligación. Si bien esa salvedad no es una amenaza, así pueda entenderlo su destinatario, lo que podría afectar el normal desenvolvimiento de comunicaciones con fines de cobro.
4. El sector justicia:
   Los jueces del país también se encuentran ante un inminente peligro de ser penalmente procesados, por el solo hecho de no emitir sentencia, después de que alguna de las partes lo emplace a emitirla, como lo establece el artículo 330, contentivo de “denegación de Justicia”. Los jueces deberán tener pruebas a mano de la justa causa para no haber emitido fallo, en cualquier materia, no para evitar ser procesados sino condenados.

Para rematar, nada se dice en el proyecto de modificación del peligro de dejar, en manos del ministerio público, el registro de agresores sexuales en el país (art. 29.8), dada la escasa objetividad, ilegalidad y arbitrariedad con la que, en no pocas ocasiones, han manejado otro registro que les fue confiado: el del sistema de expedición de antecedentes penales, cuyos abusos han sido sistemáticamente señalados por el Tribunal Constitucional.

Por todo lo anterior, consideramos que las oportunidades de mejora del texto aprobado en la Ley 74-25 siguen sin una respuesta legislativa adecuada.

En el referido caso, la madre del menor interpuso una acción de amparo en contra del Ministerio de Salud Pública, procurando la cobertura de un medicamento de alto costo.

La acción fue declarada inadmisible por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en virtud del art. 70.1 de la Ley núm. 137-11, que establece que la acción de amparo no podrá conocerse si existe otra vía efectiva para tutelar el derecho fundamental vulnerado.

En primer orden, no resulta un hecho novedoso ni controvertido que el derecho a la salud se reconoce como fundamental en todos los Estados de Derecho del mundo, implicando una actuación positiva por parte de cada Estado a fin de garantizar su efectividad dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).

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  Esta protección se encuentra de forma detallada en el art. 61 de la Constitución, donde su numeral 1 establece que “el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran”.

En segundo orden, estando en riesgo la vida, no es posible argumentar correctamente que un recurso contencioso-administrativo sea más efectivo que la acción de amparo. El Tribunal Constitucional, en reiterados precedentes, ha reconocido la vía judicial del amparo como la idónea para este tipo de casos.

En la sentencia TC/0450/15, de fecha 3 de noviembre de 2015, la accionante en amparo estaba reclamando a su ARS para que cubriera un medicamento dentro de su Plan de Salud, a lo cual esta última se negaba por entender que la enfermedad que padecía la accionante no era de alto costo. El Tribunal acogió la acción, argumentando lo siguiente:

ix. En vista de las consideraciones anteriores, en el presente caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional, la negativa de la ARS UNIVERSAL de dar la autorización para cubrir los costos que le corresponden como aseguradora para que la señora Celia Teresa Martez Melo adquiera el medicamento “Rituximab (Mabthera)”, bajo el argumento de que esa enfermedad no es de alto costo, representa una actuación conculcadora que trae consigo la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y a la salud, dispuesto en los artículos 37, 60 y 61 de la Constitución de República Dominicana, en razón de que el referido remedio está incluido dentro de los medicamentos que están contenidos en el catálogo de prestaciones que se encuentran bajo la cobertura de su plan básico de salud, teniendo como límite el máximo del monto prescrito en dicho plan.

Otra sentencia sumamente relevante es la TC/0111/19, de fecha 27 de mayo de 2019.

Esta sentencia, en nuestra opinión, marca un precedente fundamental entre las relaciones del asegurado y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y, consecuentemente, entre los derechos a la salud y a la seguridad social frente a la libertad de empresa, así como toda una reestructuración en el sistema de seguridad social.

En la misma, una persona se encuentra reclamando a su ARS la cobertura de una operación para extraer un tumor nasal. La ARS argumenta que no puede dar la cobertura, pues no se encuentra en el Plan Básico de Salud del asegurado.

El Tribunal Constitucional acogió la acción de amparo correspondiente y ordenó a la ARS dar cobertura al procedimiento correspondiente, así como ordenó incluir al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) el procedimiento médico en el Plan Básico de Salud, argumentando lo siguiente en su ratio decidendi:

En el caso concreto, la tecnología para la realización de la cirugía endonasal para la resección de un tumor craneal constituye el elemento diferenciador entre la vida y la muerte del accionante; sobrevivencia que no debe ser afectada por la falta de inclusión de la tecnología correspondiente en el Catálogo de Prestaciones de Servicios del Plan Básico de Salud.

Dicho precedente expresamente dispuso que el recurso contencioso administrativo no constituye una vía judicial más efectiva que el amparo, en razón de que la naturaleza de los derechos fundamentales envueltos en el conflicto, en particular los derechos a la vida y a la salud, requieren de acciones expeditas para su protección, que sólo podrían ser adoptadas por el mecanismo legal de la acción de amparo.

Otro caso más reciente es la sentencia TC/877/25, donde el accionante solicitaba la cobertura de un medicamento en contra del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

En dicha sentencia, el TC precisó que el derecho asistencial a la seguridad social, en su vertiente del derecho a la salud, no solo implica garantizar el acceso a servicios médicos para el tratamiento de enfermedades, sino que también comprende el acceso a tratamientos y procedimientos preventivos.

Preservar la vida humana es un acto de justicia material, mientras que declarar inadmisibles estas acciones por la supuesta existencia de otra vía efectiva es hacer un uso irresponsable y apático de la función judicial.

En conclusión, los referidos precedentes vinculantes evidencian que el derecho a la salud y a la vida no son derechos subsidiarios, sino, al contrario, derechos fundamentales tutelables por la vía del amparo, y que los tribunales deben dichas acciones sin mayores dilaciones, especialmente estando en riesgo un bien jurídico tan preciado como lo es la vida humana.

Cuando periodistas, juristas, constitucionalistas, organizaciones de la sociedad civil y millones de ciudadanos coinciden en expresar preocupación por disposiciones del nuevo Código Penal que, a su juicio, afectaría drásticamente la libertad de expresión y la democracia dominicana, el deber de un estadista no es ignorar esas advertencias, sino más bien escucharlas con serenidad, analizarlas con responsabilidad y actuar con la visión que exige la defensa democrática del país. Porque hay principios que no admiten negociaciones.

Preocupación por el Código Penal

La libertad de expresión no pertenece a los periodistas ni a los medios de comunicación, mucho menos a los gobiernos de turno. Pertenece al pueblo dominicano, es un derecho fundamental protegido por la Constitución y uno de los pilares sobre los que descansa cualquier sociedad verdaderamente democrática. Cuando una legislación genera el temor de que un periodista pueda pensar dos veces antes de publicar una investigación, que un ciudadano dude antes de denunciar un abuso o que un comunicador mida cada palabra por miedo a enfrentar consecuencias penales, la democracia tiene el deber de detenerse y revisar.

Diversos sectores han señalado como especialmente preocupante el artículo 310, relativo al llamado “ultraje a funcionarios públicos”, cuya redacción ha sido cuestionada por considerarse amplia y susceptible de interpretaciones que podrían afectar el escrutinio legítimo de quienes ejercen funciones públicas. A ello se suman las disposiciones sobre difamación e injuria, la ampliación de la protección penal del honor y conceptos jurídicos que, según numerosos juristas, requieren mayor precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.

Cuestionamientos al artículo 310

No se trata de negar la necesidad de un nuevo Código Penal, todo lo contrario, la República Dominicana necesita una legislación moderna que enfrente con firmeza el crimen organizado, la corrupción, los delitos tecnológicos, los feminicidios y otras conductas que el viejo Código, heredado del siglo XIX, nunca pudo prever. Pero modernizar el derecho penal jamás debe significar abrir espacios para que la crítica, la investigación periodística o la denuncia ciudadana, puedan ser restringidas como si estuviéramos en una dictadura. Los gobiernos democráticos se fortalecen cuando aceptan el disenso. Los autoritarismos comienzan cuando el poder deja de tolerar las preguntas incómodas.

La prensa libre nunca ha sido enemiga de la democracia, ha sido su principal aliada. Gracias a periodistas valientes se han destapado casos de corrupción, abuso de poder, violaciones de derechos humanos y graves irregularidades que jamás habrían salido a la luz si el miedo hubiese sustituido la verdad. Quien pretende gobernar una democracia debe entender que la crítica no es un delito; es el precio de ejercer el poder. Por eso, presidente Luis Abinader, escuchar el clamor de la sociedad no sería una señal de debilidad, sería una demostración de liderazgo, y más usted y el PRM que no pueden olvidar que llegaron al Palacio Presidencial precisamente apoyado en mecanismos de expresión y libertad consignados en las leyes y la Constitución de la República.

Libertad de expresión y rectificación

Rectificar cuando existen preocupaciones legítimas no significa retroceder; significa gobernar con sensatez. Significa colocar la Constitución por encima de cualquier coyuntura política. Significa enviar un mensaje claro de que, en la República Dominicana, ningún interés estará por encima de las libertades públicas.

Los gobiernos pasan. Los congresistas pasan. Los funcionarios pasan. Pero los derechos fundamentales permanecen. Las leyes pueden modificarse, las libertades perdidas tardan décadas en recuperarse.  La historia no recuerda a los gobernantes por la cantidad de leyes que promulgaron. Los recuerda por las libertades que protegieron o por los derechos que permitieron vulnerar. Presidente Abinader, todavía está a tiempo de colocarse del lado correcto de la historia. Porque cuando un gobierno escucha al pueblo, gana la democracia. Y cuando la libertad de expresión permanezca intacta, ganará para siempre la República Dominicana.

Más allá de las posiciones a favor o en contra de determinados artículos, las declaraciones públicas realizadas por distintos actores políticos y sociales constituyen, por sí mismas, una evidencia de un problema más profundo: con demasiada frecuencia el Congreso Nacional aprueba leyes de enorme trascendencia sin que exista un estudio suficientemente riguroso de todas sus consecuencias jurídicas, constitucionales y sociales.

Lo paradójico del caso es que esa conclusión no surge de los críticos tradicionales del Congreso, sino de quienes participaron directamente en el proceso legislativo o defendieron la aprobación del Código Penal. 

Sus propias declaraciones permiten reconstruir una secuencia que resulta difícil ignorar.

El 29 de junio de 2026, el senador Antonio Taveras Guzmán anunció que había sometido una propuesta para modificar varios artículos del Código Penal que acababa de ser aprobado. 

La iniciativa plantea cambios a los artículos 208, 210 y 212, así como la derogación del artículo 310, con el propósito de fortalecer la libertad de expresión, adecuar la legislación a la Constitución y armonizarla con los estándares internacionales de derechos humanos.

La explicación del propio senador resulta particularmente significativa. 

Según expresó, la reforma busca impedir que el derecho penal sea utilizado para limitar el debate público, intimidar periodistas o restringir la crítica ciudadana, sustituyendo incluso penas de prisión por sanciones civiles en materia de difamación e injuria. 

Asimismo, propone eliminar la posibilidad de cierre de medios de comunicación y derogar el delito de ultraje a funcionarios públicos, recordando que quienes ejercen funciones públicas deben soportar un mayor nivel de escrutinio ciudadano. 

Estas modificaciones no son simples ajustes de redacción; afectan aspectos esenciales del equilibrio entre libertad de expresión, protección del honor y funcionamiento de una democracia constitucional.

Si apenas semanas después de aprobarse una ley es necesario introducir reformas de esa magnitud, la pregunta surge inevitablemente: ¿cómo fue posible que esos problemas no fueran advertidos durante el largo proceso legislativo?

La segunda declaración proviene de la diputada Selinee Méndez. 

Lejos de cuestionar el contenido del Código Penal, defendió públicamente su voto afirmando que, si tuviera que volver a votar, lo haría exactamente igual. 

Argumentó que el país necesita con urgencia un nuevo Código Penal para tipificar delitos que actualmente no existen en la legislación dominicana y fortalecer las herramientas del sistema de justicia.

Ese razonamiento pone de manifiesto otra realidad igualmente importante. 

Es perfectamente legítimo considerar necesaria una reforma integral del Código Penal.

Sin embargo, la urgencia de actualizar una legislación no elimina la obligación constitucional del Congreso de examinar cuidadosamente cada artículo antes de aprobarlo. 

La necesidad de un nuevo Código no convierte automáticamente en correctas todas sus disposiciones.

La tercera pieza de este rompecabezas proviene del empresario y comunicador Santiago Matías. 

Sus declaraciones revelan que, incluso después de aprobada la legislación, fue necesario negociar con representantes del Poder Ejecutivo y diversos comunicadores un conjunto de dieciséis modificaciones consensuadas destinadas principalmente a corregir disposiciones relacionadas con la libertad de expresión.

Según explicó Matías, durante semanas una comisión integrada por comunicadores sostuvo reuniones con el presidente de la República y con el  ministro de Justicia. 

Fruto de esas conversaciones surgió un acuerdo para modificar dieciséis artículos antes de la entrada en vigor del Código Penal. 

El propio comunicador calificó esas modificaciones como “una gran victoria” para el pueblo dominicano y anunció que serían sometidas nuevamente al conocimiento del Senado y posteriormente de la Cámara de Diputados.

Resulta difícil encontrar una demostración más clara de que un texto legislativo de enorme importancia llegó a su aprobación con problemas que posteriormente requirieron negociaciones adicionales para ser corregidos. 

Si fue necesario reunir al Poder Ejecutivo, juristas y representantes de los medios de comunicación para revisar disposiciones fundamentales apenas aprobada la ley, ello indica que el proceso deliberativo previo fue insuficiente.

La situación adquiere mayor relevancia porque el nuevo Código Penal debe entrar en vigor en agosto de 2026. 

Es decir, el país se encuentra modificando una legislación antes incluso de que haya comenzado plenamente a producir efectos jurídicos. 

Ese hecho, por sí solo, constituye un indicador de las debilidades del procedimiento legislativo.

Naturalmente, ningún Parlamento del mundo es infalible. 

Todas las leyes pueden ser perfeccionadas. 

El derecho evoluciona constantemente y las reformas legislativas forman parte de la vida democrática. 

Sin embargo, existe una diferencia importante entre corregir una norma después de años de aplicación práctica y verse obligado a modificar artículos esenciales antes incluso de que la ley entre en vigor.

Este episodio invita también a reflexionar sobre la calidad de los debates parlamentarios en la República Dominicana. 

La función de un legislador no consiste únicamente en votar favorable o desfavorablemente un proyecto. 

Implica estudiar expedientes voluminosos, escuchar expertos, analizar la constitucionalidad de cada disposición, prever conflictos interpretativos y valorar las consecuencias sociales de cada norma. 

Cuando ese trabajo se sustituye por la disciplina partidaria, la presión política o la urgencia legislativa, aumentan considerablemente las probabilidades de cometer errores.

La moraleja de cara a las elecciones congresuales de 2028 parece evidente. 

Los ciudadanos no solo deberían preguntarse por la honestidad o la simpatía de quienes aspiran a una curul. 

También deberían exigir preparación jurídica, capacidad técnica, disciplina de estudio y dedicación al trabajo legislativo. 

Elaborar leyes constituye probablemente la función más delicada del Congreso Nacional, porque de esas decisiones dependen los derechos, las libertades y las obligaciones de millones de personas.

La experiencia del Código Penal recuerda que una democracia no se fortalece únicamente aprobando muchas leyes, sino aprobando buenas leyes. 

Y las buenas leyes rara vez nacen de la improvisación. 

Nacen del estudio serio, del debate profundo y del tiempo suficiente para escuchar todas las voces antes de levantar la mano en el hemiciclo.

Las declaraciones del senador Antonio Taveras Guzmán, de la diputada Selinee Méndez y del comunicador Santiago Matías, leídas conjuntamente, terminan ofreciendo una enseñanza institucional de enorme valor. 

Aunque cada uno defendía posiciones distintas, las tres coinciden en un mismo punto de llegada: el Código Penal aprobado necesitó ser revisado inmediatamente. 

Esa coincidencia constituye una evidencia difícil de ignorar y una invitación a que el Congreso Nacional fortalezca sus mecanismos de estudio y deliberación antes de aprobar las leyes que regirán la vida de toda la nación.

Fuentes:

• Constitución de la República Dominicana.
• Noticias Roberto Cavada, “Antonio Taveras reitera propuesta para fortalecer la libertad de expresión en el Código Penal”, 29 de junio de 2026.
• Noticias Roberto Cavada, “Selinee Méndez defiende su voto a favor del Código Penal: ‘Si tengo que volver a votar, vuelvo y voto’”, 2026.
• Noticias Roberto Cavada, “Santiago Matías insta a dar seguimiento a los cambios que tendrá el Código Penal”, 10 de julio de 2026.
• Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana sobre libertad de expresión y control de constitucionalidad.

 2.- La consonancia de intereses no existe entre representantes del capitalismo monopolista de Estado y la gran masa de trabajadores del campo y la ciudad.

 3.- Son asimiladas de manera diferente las ideas y conceptos que emanan desde la superestructura. La persona reacciona ante los fenómenos sociales dependiendo de su nivel de conciencia social.

4.- Carece de lógica creer que se comportan iguales los que forman parte de la comunidad humana estadounidense.

5.- Como no hay semejanza en la manera de pensar entre las personas que componen el pueblo de Estados Unidos, diferente debe ser el contenido de los mensajes que se les envía.

6.- El movimiento democrático a nivel mundial, hasta ahora, no ha dado un trato desigual a los nacionales norteamericanos, que son una minoría, y a los que constituyen la mayoría.

7.- Es un razonamiento opuesto a la razón igualar a grupos de los monopolios armamentistas y beneficiarios de las guerras injustas, con los que forman parte del pueblo humilde y trabajador.

8.- No toda la gente de Estados Unidos ha estado de acuerdo con el bloqueo genocida del cual ha sido víctima el pueblo cubano durante más de 60 años.

9.- Los intereses más oscuros y las almas más perversas se han unificado en gobiernos estadounidenses para hacer sufrir a los cubanos.

10.- En cada gestión gubernativa de Estados Unidos hay sectores bien ubicados en el poder político interesados en hacer permanecer el bloqueo genocida y cada vez más agravado.

11.- Se impone un amplio movimiento de opinión que tenga como objetivo contrarrestar, contener, dificultar y enfrentar en cualquier espacio a los que promueven el bloqueo genocida contra cubanas y cubanos.

12.- Conviene olvidarse de que es una mayoría de los norteamericanos la que apoya la criminal política contra los cubanos. Esta acción macabra es obra de malvados.

13.- De manera permanente hay que impulsar movimientos con la finalidad de que la gente buena en Estados Unidos haga suya la lucha contra el bloqueo genocida que daña a Cuba.

14.- Resulta saludable que cada norteamericano sensible sea un adversario y firme rival de la minoría que hace posible la permanencia de medidas de crueldad y criminalidad contra el pueblo de Cuba.

15.- Se hace necesario hacer saber al mundo que el bloqueo genocida que afecta a cubanas y cubanos es la obra de un sector insignificante de la sociedad norteamericana, que se ha beneficiado de esta medida cruel.

16.- Hay que aislar, apartar, dejar solos a los que, aunque son una minoría en Estados Unidos, se han aprovechado del bloqueo genocida. Es una necesidad mantenerse conectados, integrados y totalmente vinculados aquellos que son contrarios a la deshumanización contra el pueblo de Cuba.