El legislador del PRM rechazó que la aprobación de la pieza responda a las recientes críticas por actuaciones policiales o a presiones de la opinión pública. Aseguró que el Senado llevaba tiempo trabajando la propuesta antes de sancionarla en primera lectura.

Sánchez indicó que, una vez el proyecto sea remitido a la Cámara de Diputados, la comisión que preside lo estudiará de forma minuciosa y sin apresuramientos, pese a que restan pocos días para concluir la presente legislatura.

El congresista sostuvo que no ve razones para acelerar el conocimiento de una iniciativa de esa importancia y advirtió que una aprobación precipitada podría obligar posteriormente a corregir aspectos que pueden ser perfeccionados durante el proceso legislativo.

Asimismo, aseguró que la Comisión Permanente de Interior y Policía buscará revisar cada uno de los puntos de la reforma antes de que el proyecto sea conocido por el pleno de la Cámara de Diputados, con el objetivo de garantizar una legislación sólida y evitar decisiones motivadas por el «populismo».

Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de acelerar la aprobación de la reforma, al considerar que los recientes casos de presuntos abusos cometidos por agentes evidencian la urgencia de transformar la Policía Nacional y recuperar la confianza de la ciudadanía.

La aprobación del proyecto se produjo luego de más de cinco horas de lectura en el hemiciclo.

Presión política por abusos policiales

El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Sánchez, afirmó que los procedimientos considerados arbitrarios por parte de algunos agentes reflejan fallas en la gestión de la dirección policial. Como ejemplo, citó el caso del cabo señalado por la muerte de un joven en Herrera, al sostener que el agente ya tenía suspensiones previas.

A su juicio, la Dirección de Asuntos Internos debe fortalecer sus mecanismos de control para impedir que miembros con antecedentes disciplinarios permanezcan en servicio.

Por su parte, la diputada oficialista Olfany Méndez reconoció que modificar la conducta de los agentes no es un proceso inmediato, aunque aseguró que el Gobierno realiza esfuerzos para avanzar en la transformación de la institución.

En tanto, el diputado del PRM, Eugenio Cedeño, consideró urgente la aprobación de la iniciativa y sostuvo que la estructura actual de la Policía requiere una reorganización completa para corregir problemas acumulados durante años.

Desde la oposición, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez, afirmó que la sociedad necesita volver a confiar en la Policía Nacional y que la institución debe proyectar mayor credibilidad.

Mientras, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, calificó como un fracaso los esfuerzos realizados hasta el momento para reformar la institución y criticó los recientes casos atribuidos a agentes policiales.

Próximo trámite legislativo de la reforma

La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025 a través del Senado. Tras su aprobación en primera discusión, el proyecto deberá agotar el trámite legislativo correspondiente antes del cierre de la presente legislatura.

El debate se desarrolla en medio de crecientes cuestionamientos por actuaciones de miembros de la Policía Nacional, lo que ha reavivado el llamado de distintos sectores a impulsar una institución más profesional, transparente y cercana a la ciudadanía.

Como nos cuenta Wilkin de la Cruz, la propuesta fue colocada en agenda en momentos en que crecen los cuestionamientos a la Uniformada tras la muerte de un joven en el sector Manganagua de la capital.

Confidencialmente, la propuesta fue colocada en agenda e inició su lectura en momentos en que los agentes son cuestionados por la población por la muerte del joven Darlyn Mercado en el sector Manganagua de la capital.

 “Yo voy a defender la Policía. Honesta, renovada con profesionales como los que yo tengo en Puerto Plata. No hay derecho a que por un caso yo destrate un cuerpo policial que se ha ido mejorando día por día”, dijo Ginnette Bournigal, senadora PRM–Puerto Plata.

Previamente, el presidente de la comisión que estudió el proyecto destacó que el objetivo de la nueva norma es modernizar institucionalmente a la Policía Nacional mediante la profesionalización de sus agentes.

De esa manera, el legislador afirmó que pretenden generar mayor confianza de los ciudadanos hacia los agentes del orden y optimizar la seguridad pública.

El objeto de la ley es establecer y regular la organización y el funcionamiento de la PN mediante la creación de un régimen especial de carrera dotado de una estructura organiza moderna”, Franklin Romero, senador del PRM por San Francisco de Macorís.

El legislador agregó que la propuesta de ley tiene tres categorías dentro de la carrera de la Policía Nacional, que son directiva, intermedia y agente patrullera, a la que se le incorporan nuevos protocolos de comportamiento.

 “Y fortalece la formación académica de los policías, con especial énfasis en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin descuidar la eficiencia en el cumplimiento de la misión policial”, agregó. 

Al motivar la puesta en agenda de la pieza, el senador Romero destacó que se propuso la modificación de alrededor de 50 artículos, así como las disposiciones transitorias y las disposiciones finales de la ley que estaba vigente desde el año 2016.

El legislador argumentó que varios países de la región aplican modelos donde las consecuencias por delitos vinculados a la expresión pública son de carácter económico. Citó como ejemplos a Argentina, Panamá y Perú, donde, según explicó, predominan las multas o medidas alternativas, mientras que en Nicaragua también existen sanciones económicas.

Bautista hizo referencia al discurso de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campus, durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, donde destacó la importancia de la libertad de expresión como elemento esencial para el funcionamiento democrático.

“La libertad de expresión no es solamente una protección jurídica. Es el oxígeno de la democracia. Es la forma en que un pueblo libre delibera, discrepa, corrige el rumbo y exige responsabilidad al poder”, citó el senador.

Defiende la libertad de expresión como un derecho fundamental

El representante de San Juan recordó que la Constitución dominicana de 2010 coloca la libertad como un eje central en ocho artículos, entre ellos los relacionados con la libertad y seguridad personal, reunión, asociación, empresa, intimidad, honor, expresión e información.

Explicó que el artículo 49 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, sin censura previa, además de buscar, recibir y difundir información por cualquier medio.

Bautista afirmó que estas garantías protegen las críticas, investigaciones, denuncias, publicaciones en medios tradicionales y digitales, así como las opiniones difundidas en redes sociales.

“Sin libertad de expresión es imposible controlar al gobierno, denunciar la corrupción, fiscalizar a los funcionarios públicos, celebrar elecciones libres y formar opinión pública”, sostuvo.

El senador agregó que la creación de una comisión bicameral, propuesta por el presidente del Senado durante la sesión de este miércoles, permitirá abrir un espacio de diálogo con distintos sectores para analizar las modificaciones al Código Penal.

Juristas piden revisar figuras penales relacionadas con expresión e información

Sobre el proceso de reforma al Código Penal, el jurista Cristóbal Rodríguez planteó que deben preservarse principios esenciales de la democracia, como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el principio de bicameralidad.

Rodríguez consideró necesario eliminar figuras penales que sean “vagas, imprecisas, indeterminadas o contradictorias” con los derechos constitucionales relacionados con la expresión y el acceso a la información.

• Afirmó que las sanciones por difamación, injuria y ultraje a funcionarios públicos deben ser revisadas, al señalar que existen criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la importancia de proteger estas libertades.
• Además, el jurista indicó que dentro de la discusión del nuevo Código Penal deben abordarse otros temas, como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones relacionadas con el aborto contra la voluntad de la madre.

Los legisladores sostuvieron que el recurso plantea un conflicto constitucional al pretender que el TC asuma funciones legislativas al modificar el contenido de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.

“El Tribunal Constitucional está llamado a garantizar la Constitución, no a legislar desde una sentencia. La definición de los delitos, las penas y las eximentes corresponde al Congreso Nacional, no a un fallo judicial”, expresaron.

Los congresistas afirmaron que el Código Penal es compatible con el artículo 37 de la Constitución, el cual establece que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.

“La vida desde la concepción no es una opinión religiosa, partidaria ni ideológica. Es una decisión constitucional adoptada soberanamente por la Nación dominicana y obliga a todos los poderes públicos”, señalaron.

Asimismo, indicaron que la legislación vigente contempla excepciones para intervenciones médicas cuando sea necesario preservar la vida de la madre, del feto o de ambos, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Código Penal.

“Ningún médico será perseguido en la República Dominicana por salvar la vida de una mujer. La ley contempla la necesidad vital. Lo que no permite la Constitución es convertir esa excepción estricta en una puerta abierta para despenalizar el aborto”, afirmaron.

En relación con las causales propuestas por los accionantes, los diputados argumentaron que la causal de salud es jurídicamente indeterminada y que la de inviabilidad fetal contraviene, a su juicio, los principios constitucionales de dignidad e igualdad al condicionar la protección de la vida a un diagnóstico médico o expectativa de supervivencia.

Sobre los casos de violación, agresión sexual o incesto, sostuvieron que el Estado debe garantizar justicia y atención integral a las víctimas, pero insistieron en que el concebido no puede ser considerado responsable del delito.

“El violador debe ser perseguido y castigado con todo el peso de la ley. La víctima debe ser protegida, acompañada y reparada. Pero el concebido no es el agresor y no puede ser tratado como responsable de un crimen que no cometió”, manifestaron.

Finalmente, los legisladores reiteraron que corresponde exclusivamente al Congreso Nacional establecer los delitos y las eximentes en materia penal, por lo que advirtieron que incorporar nuevas causales mediante una sentencia vulneraría el principio de legalidad, la separación de poderes y las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.

En un comunicado, Peralta sostuvo que la apelación busca mantener «un relato falso y fabricado», pese a que, según aseguró, el tribunal determinó la ausencia de pruebas que sustenten las acusaciones en su contra.

Peralta cuestiona la apelación del caso

El exfuncionario señaló que en los próximos días presentará públicamente documentos, contradicciones y evidencias que, a su juicio, demostrarán cómo fue construido el expediente judicial.

Asimismo, defendió su confianza en la justicia, el debido proceso y el principio constitucional de presunción de inocencia, al tiempo que afirmó que, tras más de tres años de investigación, no se encontró ningún elemento que vinculara su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia con irregularidades ni con los hechos que originaron el proceso.

Peralta sostuvo que la decisión de apelar el auto de «no ha lugar» no puede modificar lo que calificó como la falta de sustento de la acusación y aseguró que el tribunal concluyó que no existía evidencia suficiente para generar una duda razonable sobre su conducta.

El exministro manifestó que siempre estuvo dispuesto a enfrentar el proceso en los tribunales, bajo las garantías del debido proceso, aunque consideró que, cuando la justicia es utilizada con fines políticos, «el silencio deja de ser una opción».

Defensa pública y críticas al proceso

También calificó de lamentable el uso de la justicia como herramienta de persecución política y advirtió que este tipo de prácticas afectan la confianza en el Estado de derecho.

Finalmente, Peralta indicó que decidió hacer pública su posición no solo para defender su nombre y el de su familia, sino también como un acto de responsabilidad ciudadana, y aseguró que continuará ofreciendo su versión de los hechos, convencido de que «la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política».

La pieza legislativa fue aprobada con modificaciones, por lo que regresa al Senado de la República, donde había sido aprobada previamente.

Cambios al financiamiento de residuos

El texto aprobado establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria con base en sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.

La contribución especial a que hace referencia el texto deberá realizarse de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.

Contribución según ingresos fiscales

De igual manera, los diputados aprobaron el proyecto de ley que deroga el artículo 61 de la Ley 30-26, de medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, y restablece la vigencia del artículo 4 de la Ley 6-86, de la autoría de los diputados Rafael Castillo, Pedro Julio Alcántara y Amado Díaz.

Asimismo, los diputados aprobaron, en segunda discusión, con modificaciones, el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, del 31 de mayo de 2021, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley núm. 83-24, del 13 de diciembre de 2024, con el fin de incorporar una nueva obra al listado establecido en dicha disposición.

La modificación es al literal N del referido artículo, que establece el mejoramiento de la infraestructura vial en las conexiones norte-sur de Santo Domingo, contrato 18-2021M, SNIP 17003.

También, los diputados refrendaron dos resoluciones que aprueban los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios, correspondientes a los años 2021 y 2022.

Ambas resoluciones fueron estudiadas por una Comisión Bicameral, la cual rindió un informe favorable para su aprobación.

Otros proyectos y próxima sesión

Previo al inicio de los trabajos legislativos de este lunes, el pleno guardó un minuto de silencio en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y cada uno de sus ciudadanos, y por los fallecidos a consecuencia de los dos sismos que el pasado miércoles sacudieron esa nación sudamericana.

Al finalizar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una nueva sesión mañana martes, a las 10:00 de la mañana.

Senado mantiene vigencia del 3 de agosto

De los Santos sostuvo que, ante las sugerencias de detener el proceso para seguir revisando el texto, el Congreso mantiene las puertas abiertas para futuras mejoras de la Ley, pero sin detener su implementación.

«Nosotros siempre hemos dicho que todo lo que hace el hombre es perfectible. A futuro, cualquier tipo de modificación que se entienda necesaria se podrá hacer, pero no se puede demorar más la entrada del Código Penal. El 3 de agosto debe entrar en vigor y lo que se pueda revisar más adelante, lo haremos», afirmó.

De los Santos defiende nuevas herramientas penales

El presidente del Senado puntualizó que la implementación de esta normativa penal es el único instrumento que tendrá la justicia dominicana para frenar y castigar la delincuencia organizada.

«El retraso de este proyecto solo favorecería a la delincuencia y al crimen organizado. Definitivamente, si se busca un país que avance, no se puede dejar a la justicia sin las herramientas para combatir los nuevos tipos penales”, aseguró.

De los Santos explicó que existe una gran diferencia entre la criminalidad que vivía el país en 1811 y la realidad de este año 2026. 

«Lo que se busca es, precisamente, construir una mejor ciudadanía y una justicia que verdaderamente venga a castigar esos nuevos tipos penales establecidos en esta pieza», agregó, reafirmando el compromiso del Senado con la actualización del marco jurídico nacional.

El legislador habló en estos términos al ser abordado por periodistas durante su participación en el “Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de Latinoamérica y el Caribe”, organizado por el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Igualdad de Género y el Instituto O’Neill.

La propuesta, presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, y el senador Félix Ramón Bautista Rosario, fue fusionada tomando como base el proyecto sometido por Catrain. El informe fue defendido ante el pleno por el senador Guillermo Lama.

«El proyecto destaca que la industria de los juegos de azar ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, incluyendo casinos, bancas deportivas, loterías y plataformas digitales de apuestas».

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en el país existen más de 71 mil bancas de lotería y deportivas registradas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y control estatal.

Mantendrá a los menores lejos de las apuestas

La iniciativa incorpora medidas para prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas en línea mediante sistemas de verificación de identidad más estrictos, además de normas específicas sobre publicidad y los tipos de apuestas permitidas.

En primera lectura también fueron aprobados los proyectos que declaran el 19 de noviembre como Día Nacional del Médico Geriatra Dominicano y la designación del nombre del doctor José Joaquín Puello al Hospital Central Clínico-Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar.

Además, entre los senadores hubo consenso para declarar la Academia de Música y la Banda Municipal de Música de Mao como patrimonio artístico, histórico y cultural nacional.

De igual manera, fue sancionada la resolución que reconoce la labor de la cadena internacional Televisa Univisión, por sus aportes al fortalecimiento de los lazos con la diáspora dominicana en los Estados Unidos de América, iniciativa del senador Carlos Gómez.

Además, fue aprobada la resolución que reconoce a Jaime Francisco Sued Pichardo por su destacada trayectoria empresarial y sus aportes al desarrollo de la industria farmacéutica de República Dominicana.

La decisión de inmediato generó la reacción del sector empresarial, que cuestionó la rapidez del proceso legislativo.

La iniciativa legislativa fue sancionada por los senadores tras ser declarada de urgencia, lo que permitió su aprobación en el mismo día, sin agotar el procedimiento ordinario habitual de discusión más amplia en comisiones.

CONEP cuestiona aprobación y pide más diálogo técnico

Pocas horas después de la votación, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que calificó como una aprobación “al vapor” de una reforma de alta complejidad técnica.

«Cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar más el proceso, sino entender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica”, señaló la organización empresarial en su posicionamiento público.

El CONEP insistió en que los cambios a una normativa tan sensible como la gestión de residuos sólidos requieren mayor consenso entre el sector público, privado y expertos ambientales a fin de evitar impactos negativos en su implementación.

Reforma a residuos sólidos vuelve al centro del debate

La modificación a la Ley de Residuos Sólidos prohíbe la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plástico, así como vasos y cualquier otro producto fabricado en poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegradabilidad en los términos de la presente ley.

Su objetivo es actualizar el marco legal vigente sobre la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos en el país, un tema que en los últimos años ha estado en el centro del debate público por su impacto ambiental y económico, según indica el proyecto.

Sin embargo, la forma en que fue aprobada en el Congreso vuelve a encender la discusión sobre la práctica de declarar proyectos de urgencia, una figura que permite acelerar su aprobación en dos lecturas consecutivas, pero que también suele generar críticas por la falta de tiempo para el análisis detallado.

La gestión de los residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales retos ambientales y de salud pública en la República Dominicana, debido al crecimiento urbano, el aumento del consumo y la limitada capacidad de los sistemas de recolección y disposición final en distintas zonas del país.

En este contexto, el país dio un paso importante con la aprobación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, una normativa que estableció por primera vez un marco legal más estructurado para regular la recolección, transporte, tratamiento, valorización y disposición final de los desechos.

• Esta ley también introdujo la idea de fortalecer la responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios y el sector privado.

Con el paso del tiempo, la implementación de esta legislación ha enfrentado desafíos relacionados con su aplicación, financiamiento, supervisión y adaptación a nuevas realidades del mercado y del consumo, lo que ha generado debates sobre la necesidad de ajustes y reformas para hacerla más efectiva.

A nivel internacional, la tendencia en políticas ambientales ha estado orientada a reducir el uso de plásticos de un solo uso y a promover modelos de economía circular, donde los residuos puedan ser reutilizados, reciclados o transformados en nuevos productos, disminuyendo así el impacto ambiental.