El condenado, Javier Francisco Álvarez Valencia, también deberá pagar una indemnización de RD$200,000 por los daños ocasionados, además de una multa equivalente a 10 salarios mínimos, según la sentencia emitida por la jueza Dolores Galay de la Cruz.

Cómo operaba la conexión ilegal

De acuerdo con el expediente, el empresario, propietario del negocio Hielo El Grande, ubicado en Santo Domingo Norte, alteró de manera ilegal el suministro eléctrico mediante una conexión directa de 7.2 kilovoltios con dos transformadores instalados fuera del medidor, lo que permitió el consumo de energía sin que esta fuera registrada ni facturada.

Las autoridades establecieron que el fraude ocasionó pérdidas por RD$47,747,272.88, monto calculado por Edeeste y posteriormente validado por la Superintendencia de Electricidad (SIE), suma que el tribunal ordenó restituir.

Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el empresario incurrió en violaciones a varios artículos de la Ley General de Electricidad 125-01, relacionados con fraude eléctrico y atentados contra el sistema eléctrico nacional.

Pérdidas validadas y pena suspendida

Aunque fue condenado a dos años de prisión, la pena fue suspendida bajo condiciones que deberá cumplir. En caso de incumplimiento, el juez de Ejecución de la Pena podrá ordenar que cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

El fraude eléctrico es considerado uno de los principales factores que contribuyen a las pérdidas económicas del sistema eléctrico dominicano, debido al consumo irregular de energía y las conexiones ilegales, lo que incrementa los costos de operación de las empresas distribuidoras y afecta la sostenibilidad del servicio.

Moreta Heredia está acusado de matar de un disparo al joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, durante un operativo policial en el sector Herrera.

Investigación por homicidio voluntario

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, mientras el Ministerio Público concluye la investigación por el hecho, calificado de manera provisional como homicidio voluntario.

De acuerdo con la investigación, el incidente ocurrió la tarde del pasado 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, cuando el agente realizaba labores de patrullaje y requisaba a un joven que conducía una motocicleta, propiedad de la víctima.

El expediente establece que Darlin Enmanuel Mercado Reyes se acercó para informar que el vehículo era suyo y, presuntamente, el cabo le disparó en el tórax, sin mediar palabras, causándole la muerte en el lugar.

Video del hecho entre las pruebas

El caso quedó registrado en un video grabado por un testigo con un teléfono celular, material que forma parte de las pruebas recolectadas por el Ministerio Público y que será sometido a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La audiencia de medida de coerción había sido aplazada para permitir la citación de la Policía Nacional como parte civilmente demandada dentro del proceso, a solicitud de los representantes legales de la familia del joven fallecido.

Tras conocerse el hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso como “indignante” y ordenó que el agente fuera sometido a la justicia, al tiempo que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva al considerar que existen suficientes elementos que vinculan al imputado con el homicidio.

La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes generó indignación en distintos sectores y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales durante los operativos de patrullaje.

El condenado, Francisco Ubrí Basilio, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, tras ser declarado responsable de la muerte de Rosa Sail, en un hecho por el que fue arrestado en flagrante delito.

Crimen en La Patilla, Comendador

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió el 18 de marzo de 2025 en la vivienda donde la pareja residía, en la comunidad La Patilla. La discusión se originó luego de que la víctima reclamara al agresor por la venta de una vaca de su propiedad.

Durante el altercado, Ubrí Basilio tomó un cuchillo tipo sierra y atacó a la mujer en múltiples ocasiones. La agresión ocurrió en presencia del hijo de ambos, de 11 años, quien salió de la vivienda en busca de ayuda. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde falleció a causa de las heridas.

Las autoridades arrestaron al imputado en el lugar de los hechos y le ocuparon el arma utilizada en el crimen.

Condena y decisión del tribunal

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado por homicidio voluntario, logrando que el tribunal impusiera la condena de 15 años de prisión.

La sentencia fue dictada por los jueces Edward Augusto Gerónimo Sánchez, Blaury Luciano Ferreras y Sauly D. González del Rosario, integrantes del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Elías Piña.

La audiencia para conocer la solicitud fue fijada para este miércoles 8 de julio.

Audiencia por coerción en San Juan

El imputado fue identificado como Edward Del Rosario Veloz, de 53 años, quien fue arrestado el pasado 1 de julio por agentes de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los hechos ocurrieron la noche del 14 de junio, cuando la pareja, que mantuvo una relación de más de 15 años, compartía en las festividades patronales de Bohechío.

El expediente establece que, de manera repentina y sin motivo aparente, el imputado le manifestó a la mujer que, si observaba alguna señal o comportamiento extraño de otra persona, la mataría y luego se quitaría la vida.

Tras esa amenaza, la víctima aseguró haber vivido bajo un constante estado de temor e intimidación, por lo que evitó cualquier tipo de comunicación con el acusado, pese a que ambos continuaban residiendo en la misma vivienda.

Amenazas y videos como evidencia

El Ministerio Público indicó que el comportamiento del hombre se agravó posteriormente, al advertirle que, de ser necesario, incendiaría la casa donde convivían, aumentando el nivel de riesgo para la mujer.

La investigación también establece que Del Rosario Veloz envió a la víctima varios videos a través de WhatsApp, en los que aparece exhibiendo dos armas de fuego de manera amenazante. Dichos archivos fueron incorporados al expediente como parte de las evidencias.

Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la integridad física y emocional de la víctima, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de arresto número 1008/2026, emitida el 23 de junio por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Juan.

El órgano persecutor sostiene que el imputado incurrió, de manera preliminar, en los delitos de violencia de género e intrafamiliar, amenazas e intimidación, en perjuicio de su pareja; conductas tipificadas en el artículo 309, numeral 2, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

La investigación está a cargo de la procuradora fiscal Danelys Antonia Medina Peguero, de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Juan.

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva fue aplazada y será celebrada este miércoles 8 de julio ante la jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Juan de la Maguana.

Requisitos para acceder al plan

El plan podrá ser solicitado por fiscales mayores de 60 años de edad que acumulen más de 25 años de servicio en la administración pública, según informó la institución.

La medida fue aprobada por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) y establece un fondo de retiro complementario para los integrantes de la carrera fiscal, financiado mediante aportes de los miembros y de la Procuraduría General de la República en su condición de empleador.

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso explicó que la creación del reglamento responde a un compromiso asumido al inicio de su gestión y señaló que el objetivo es establecer un mecanismo que permita fortalecer las condiciones de retiro de los fiscales.

Cobertura del retiro y seguro de salud

El reglamento contempla también a miembros del Ministerio Público que ya se encuentren en procesos de renta vitalicia o pensiones anticipadas, así como la continuidad del seguro de salud después del retiro, de acuerdo con lo informado por la institución.

Para acceder al beneficio, los fiscales que cumplan con los requisitos deberán completar el formulario de solicitud de pensión complementaria, presentar copia de su documento de identidad, la constancia de otorgamiento de la pensión base emitida por la AFP o la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), además de los documentos utilizados para la aprobación de esa pensión.

El Fondo de Retiro del Ministerio Público está vinculado a la Ley 133-11, que crea la institución, y busca complementar los ingresos de los fiscales durante su etapa de jubilación.

Durante la presentación del reglamento participaron representantes de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y asociaciones de fiscales.

Persecución y disparos tras la discusión

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, la madrugada del 19 de mayo de 2022 la víctima sostuvo una discusión con De la Cruz en la calle Nuestra Señora del Rosario.

Tras el altercado, Bautista se retiró del lugar, pero fue perseguido por el hoy condenado, quien le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Pruebas y base legal de la condena

La investigación estuvo a cargo del fiscal Franklyn Céspedes, mientras que la litigación en el juicio fue asumida por el fiscal Ignacio Rojas, quien presentó las pruebas que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal estableció que De la Cruz incurrió en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia fue dictada por las juezas Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal y Flor E. Batista Polo, junto al juez José Leonel Asencio Quezada, integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este.

El condenado cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

Félix Orlando Ezequiel Ferreira Arujo, procesado por violación, abuso físico y sexual contra el adolescente de 13 años de edad, cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, Valverde.

Denuncia e investigación del caso

El Ministerio Público recibió la denuncia del caso a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, la cual estableció que los hechos ocurrieron mientras el procesado, quien residía en los Estados Unidos, visitaba a un pariente en el municipio de Mao, con ocasión de la temporada navideña.

Ferreira Arujo aprovechó que se encontraba solo con la víctima para cometer la violación sexual, según relata el expediente acusatorio instrumentado por el órgano persecutor.

En el transcurso de la investigación, el adolescente fue evaluado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), confirmándose los hechos denunciados ante el órgano del Ministerio Público.

Detención y fallo del tribunal

Tras ser descubierto, Ferreira Araujo intentó salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, alrededor de la 1:00 de la madrugada del día 29 de diciembre de 2023, siendo detenido por una alerta migratoria y ejecutándose en su contra la orden de arresto n.º 101/2023, de fecha 28 de diciembre del año 2023.

La Fiscalía de Valverde calificó el hecho de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

Los elementos de prueba y las argumentaciones jurídicas presentadas por el fiscal litigante Luis Enrique Taveras fueron acogidas por el Tribunal Colegiado de Valverde, integrado por los jueces Milagros del Amor Estévez, Yeritza de la Cruz y Joel Reyes.

Condena y responsables del homicidio

Las condenas fueron impuestas en contra de Jorge Luis Rosario Angomás y Robert Manuel Vásquez Valdez por ser los responsables de la muerte a tiros de Johnny Yunior Gómez Santos.

Los fiscales litigantes Nicasio Pulinario y Francheska Alcántara incorporaron ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste las pruebas recopiladas durante la investigación realizada por la fiscal Yessica Durán.

Durante la audiencia, los abogados Taína Paredes y Ronny de la Rosa, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), solicitaron la suma de RD$2,000,000 como pago de indemnización a favor de la familia de la víctima, monto que fue aprobado por el tribunal.

Ataque en Buenos Aires de Herrera

El día del hecho, la víctima mortal se encontraba saliendo de una fiesta cuando fue interceptado y herido de bala por el procesado Rosario Angomás, quien iba a bordo de una motocicleta conducida por Vásquez Valdez.

La víctima falleció minutos después del hecho, a causa de múltiples heridas, según consta en el acta de levantamiento de cadáver.

Tras ser activamente perseguidos por las autoridades competentes, contra los procesados se ejecutaron sendas órdenes de arresto el siete de febrero de 2025.

Los procesados fueron sentenciados bajo los cargos de autor y coautor de homicidio voluntario, cuyas acciones están tipificadas en los artículos 265, 266, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.

El tribunal, integrado por la jueza Leonarda Quezada (presidenta), Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, ordenó el envío de los condenados al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Las juezas Claribel Nivar, presidenta del tribunal; Clara Castillo y Yisel Soto declararon inadmisibles la mayoría de los incidentes planteados por las defensas, acogiendo los argumentos presentados por el Ministerio Público, que había solicitado mantener la continuidad del proceso judicial.

El tribunal determinó que no hubo afectación constitucional por el uso del mote con el que fue identificado el caso penal y estableció que esa situación no provocó perjuicio al derecho de defensa de los acusados.

No obstante, las magistradas ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al proceso, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Ministerio Público defendió continuidad del proceso

Durante la audiencia, el equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

También participaron los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García, quienes representaron al órgano acusador durante la discusión de los incidentes presentados por las defensas.

La resolución del tribunal también rechazó los planteamientos que buscaban anular actuaciones que ya habían sido decididas durante la etapa intermedia del proceso, al considerar que se trataba de asuntos previamente evaluados.

«La audiencia para dar continuidad al juicio quedó fijada para el 22 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana, siguiendo las normas del debido proceso».

Acusación incluye presunto desfalco de más de RD$6,000 millones

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos considerados fraudulentos durante el período 2016-2020, cuando ocupaba el cargo de procurador general de la República.

Además de Rodríguez Sánchez, en el proceso figuran como imputados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

También son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Los acusados enfrentan cargos por soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, según la acusación presentada por las autoridades judiciales.

• La corrupción administrativa ha sido uno de los principales desafíos institucionales en la República Dominicana durante las últimas décadas, generando investigaciones judiciales contra funcionarios públicos y particulares señalados por el presunto manejo irregular de recursos del Estado.
• Ante esta situación, las autoridades han impulsado procesos para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la persecución de delitos relacionados con el patrimonio público.

En este contexto, el Ministerio Público dominicano inició en 2020 una serie de investigaciones contra una supuesta red vinculada a irregularidades cometidas durante la gestión del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien ocupó ese cargo entre 2016 y 2020.

Los abogados de la parte querellante explicaron que la víctima se encontraba fuera del país y regresará el domingo, por lo que podrá asistir a la audiencia programada para la próxima semana.

Imputados fueron arrestados tras investigación

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, los imputados son los colombianos Gustavo Andrés Rincón Granados, de 38 años; Edwin Santiago Osorio Rodríguez, de 26; y Jefferson Trujillo Tovar, quienes fueron arrestados luego de una investigación realizada por la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Las autoridades también mantienen la búsqueda de José Ricardo Gómez Martínez, señalado como el presunto cabecilla del grupo.

Seguían a clientes de bancos para cometer los robos

Según el expediente policial, el robo ocurrió el pasado 25 de junio, cuando fue sustraído RD$1 millón del interior del vehículo de la víctima, mientras esta se encontraba en una gomería ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el sector Ensanche Ramos, en Santiago.

Las investigaciones indican que los imputados presuntamente utilizaban un mismo modus operandi, que consistía en vigilar a personas que retiraban dinero de entidades bancarias, seguirlas y provocar distracciones para aprovechar el momento y cometer los robos.

«El caso continuará el próximo martes, cuando el tribunal conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, una vez la víctima formalice la querella correspondiente».

Antecedentes generales del tema

El caso salió a la luz luego de que un ciudadano denunciara el robo de RD$1 millón ocurrido el pasado 25 de junio en la ciudad de Santiago.

Según la investigación de la Policía Nacional, el dinero fue sustraído del interior del vehículo de la víctima mientras esta permanecía en una gomería ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el sector Ensanche Ramos.

A partir de la denuncia, la Dirección Central de Investigación (Dicrim) inició las pesquisas que permitieron identificar y arrestar a los ciudadanos colombianos Gustavo Andrés Rincón Granados, de 38 años; Edwin Santiago Osorio Rodríguez, de 26; y Jefferson Trujillo Tovar, quienes son señalados como presuntos responsables de participar en el hecho.

Las autoridades establecen que los imputados presuntamente utilizaban un modus operandi basado en vigilar a personas que retiraban grandes cantidades de dinero de entidades bancarias. Posteriormente, las seguían hasta otros lugares y aprovechaban cualquier descuido o provocaban distracciones para sustraer el efectivo del interior de los vehículos, sin necesidad de confrontar directamente a las víctimas.

Durante las investigaciones también fue identificado José Ricardo Gómez Martínez, señalado por la Policía como el presunto cabecilla del grupo. Las autoridades mantienen activa su búsqueda para que responda ante la justicia.

El Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra los tres detenidos, la cual sería conocida por el Tribunal de Atención Permanente de Santiago. Sin embargo, la audiencia fue aplazada para permitir la comparecencia de la víctima, quien se encontraba fuera del país, así como la formalización de la querella.

• Las investigaciones continúan para establecer si los imputados estarían vinculados a otros robos cometidos bajo el mismo patrón en Santiago u otras localidades del país
• Mientras las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones al retirar grandes sumas de dinero de entidades bancarias.