“Ahora lo que discutimos es la cantidad de pruebas, o sea, ya nadie dice: ‘el caso se presentó en los tribunales y se presentó sin pruebas’”, afirmó Camacho, al destacar que las investigaciones del órgano persecutor han alcanzado un nivel de solidez reconocido en los procesos judiciales.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el ejemplo más reciente es el caso Coral y Coral 5G, cuya decisión judicial calificó como un reflejo directo del esfuerzo institucional y de la calidad de las investigaciones realizadas.

“Lo que ha pasado en Coral y Coral 5G no es un manejo diferente al que ha hecho el Ministerio Público con todos los casos”, subrayó.

Decisión histórica y condenas sin precedentes

Camacho enfatizó que se trata de una decisión histórica de lucha contra la corrupción en República Dominicana, al señalar que condenas de 20 años en casos de esta magnitud son poco frecuentes en el país.

“Creo que solo un caso había sucedido que existiera una condena de 20 años, hace ya mucho tiempo, y en otras circunstancias; pero en un caso de corrupción de esa magnitud, sobre todo en una estructura que funcionaba dentro del Ejército, eso no había sucedido en República Dominicana”, explicó.

Detalló además que las condenas más severas recayeron sobre los principales responsables de la estructura: el exencargado del Cusep, Adán Cáceres; el exdirector del Cestur, José Miguel Robiou; y el señalado “cerebro financiero”, Rafael Núñez de Aza, todos condenados a 20 años de prisión.

Pruebas, duración del juicio y volumen de evidencias

Camacho recordó que los procesos complejos requieren tiempo y una amplia fase de debate judicial. En el caso Coral, explicó que el juicio duró un año, nueve meses y 20 días solo en etapa de debates.

Indicó que el Ministerio Público presentó más de 400 testigos, de los cuales fueron escuchados 298, mientras que parte de ellos fue retirada al considerar que el caso ya estaba probado.

• En cuanto a la evidencia documental, señaló que una sola defensa llegó a aportar más de 8,000 documentos, lo que evidencia el nivel de complejidad del proceso.

“Ya nadie dice que el caso se presentó sin pruebas”, insistió, al resaltar que actualmente el debate se centra en la valoración de las evidencias y no en su ausencia.

36 operaciones y 95 condenas desde 2020

El Ministerio Público aseguró que ha ejecutado 36 operaciones contra el crimen organizado desde el año 2020, de las cuales 11 están vinculadas a casos de corrupción administrativa, logrando además 95 condenas en apenas cuatro procesos judiciales emblemáticos.

Dentro de las primeras cuatro grandes operaciones anticorrupción se encuentran los casos contra Juan Alexis Medina, la Operación 13 y el proceso seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez, este último aún en fase de juicio.

La medida fue dictada contra Darwin Antonio Arias, quien fue arrestado el pasado 7 de junio en cumplimiento de una orden judicial emitida tras las denuncias presentadas por la víctima.

Según la investigación, el imputado mantenía una conducta persistente de acoso, presentándose frecuentemente en la residencia y en otros lugares donde se encontraba la mujer, provocándole temor por su integridad física y su seguridad personal.

Agresiones y acoso reiterado

El expediente señala que en febrero de este año Arias habría agredido físicamente a la víctima durante una discusión relacionada con el intento de trasladar pertenencias a la vivienda donde ella reside. Durante el incidente, presuntamente le propinó una bofetada, la empujó y le ocasionó lesiones visibles, además de insultarla y amenazarla de muerte.

Las autoridades indicaron que personal de seguridad del residencial tuvo que intervenir debido a que el hombre se negaba a abandonar el lugar.

Las pesquisas también establecen que el imputado ingresaba con frecuencia al complejo residencial sin autorización, utilizando distintos mecanismos para evadir los controles de acceso. De acuerdo con los reportes, permanecía cerca de la vivienda, observando a la víctima e incluso escuchando conversaciones privadas.

La investigación recoge, además, testimonios que indican que el procesado habría expresado a personas cercanas su intención de conseguir un arma de fuego.

Entre los hechos denunciados figura un incidente ocurrido el pasado 27 de mayo, cuando el hombre se presentó nuevamente en la residencia de la víctima durante la noche. Al percatarse de su presencia, la mujer decidió permanecer dentro de la vivienda por temor a una confrontación.

Asimismo, el expediente refiere que el 5 de junio, alrededor de la 1:30 de la madrugada, el imputado regresó al lugar e intentó abrir la puerta de la residencia en varias ocasiones, golpeándola y propinándole patadas mientras permanecía merodeando en los alrededores. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia del residencial.

Prisión preventiva y proceso judicial

Tras valorar los elementos presentados durante la audiencia, la jueza Francis Reyes Diloné, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, ordenó que el acusado cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, mientras continúan las investigaciones del caso.

El proceso es instrumentado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de La Altagracia.

El imputado, Luis Enrique Evertz Marín, fue arrestado el pasado miércoles en el Distrito Nacional tras varios operativos de búsqueda desarrollados por las autoridades en distintos puntos de Santo Domingo y de la región Este, incluyendo el municipio de Juan Dolio, en la provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con la investigación, Evertz Marín habría incurrido de manera reiterada en actos de violencia verbal y psicológica contra la víctima, mediante amenazas, expresiones ofensivas y conductas de agresión emocional que afectaron su integridad y bienestar.

Operativos y orden de arresto

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público permitieron obtener una orden de arresto emitida el 17 de marzo de este año, así como una orden de allanamiento para avanzar en la localización y captura del acusado.

El expediente establece una presunta violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los actos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar.

La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 10 de septiembre.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que la gravedad de los hechos imputados, así como el riesgo de fuga y la necesidad de proteger la integridad física y emocional de la víctima, justificaban la imposición de prisión preventiva.

Antecedentes de violencia contra la víctima

El caso adquiere mayor relevancia debido a que el acusado posee antecedentes judiciales relacionados con hechos de violencia contra la misma víctima.

Según consta en una sentencia emitida en 2021, Evertz Marín había sido procesado previamente por un incidente en el que presuntamente intentó lanzar a su entonces pareja desde un balcón con la intención de provocarle la muerte. En aquella ocasión recibió una condena cuya ejecución fue suspendida por decisión judicial.

Las autoridades consideran que estos antecedentes reflejan un patrón de conducta violenta que ya había sido objeto de intervención judicial y que ahora vuelve a ser investigado por los tribunales.

La medida le fue impuesta a los nombrados Emmanuel Peralta Rodríguez (Wally), Juan Carlos Castillo Solís, Raymi Falcón Félix y Ramón Antonio Arias Victoriano (Caulin).

Esto así, luego de que el Ministerio Público, representado por los fiscales Franklyn Vicente y Stalin Alexander Polanco, demostrara en audiencia que los imputados no cuentan con arraigos para conocer el proceso con una medida diferente a la prisión preventiva.

Robo armado en Sabana Yegua

El Ministerio Público explica que Victoriano se presentó en horas de la madrugada a la casa de las víctimas, en el municipio Sabana Yegua, provincia Azua, conduciendo un vehículo de motor color gris, sin placa, acompañado de Peralta Rodríguez, Castillo Solís y Falcón Féliz.

Relata que, mientras Victoriano permanecía vigilante dentro del automóvil, los demás malhechores ingresaron a la vivienda, donde, a punta de pistola, amenazaron y amordazaron a tres personas.

Ante su posición de superioridad y dominio, los malhechores obligaron a las víctimas a entregarles cinco cadenas y dos guillos de oro de 14 quilates.

También tres relojes marcas Maserati, Diesel y Dolce & Gabbana, una pistola marca Arcus, calibre 9 mm, la suma de doscientos mil pesos y dos teléfonos móviles marca iPhone, marchándose del lugar con estas pertenencias de las víctimas.

Joyas, arma y dinero robados

Durante las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim), división Azua, fueron realizados varios levantamientos que permitieron la identificación y posterior captura de los malhechores.

Captura y medida en Azua

El Ministerio Público le ha dado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 381, 382, 383, 384, 385 y 386 del Código Penal Dominicano, que castiga la asociación de malhechores y el robo agravado.

• Por la decisión de la magistrada Dania Abreu, dictó la medida de coerción y ordenó su cumplimiento en la cárcel pública 19 de Marzo del municipio de Azua.

La medida de coerción le fue impuesta al imputado Ariel de Jesús, luego de que el Ministerio Público, representado por la fiscalizadora Alexandra Marine, indicara al tribunal que existen evidencias periciales y testimoniales que vinculan al imputado con los hechos cometidos en perjuicio de la víctima.

Según consta en el expediente de la investigación a cargo de la fiscalizadora Sugely Valdez, en fecha 31 de mayo, el procesado le propinó varios golpes a la víctima, los cuales fueron examinados por el equipo médico forense de la Unidad de Atención a Víctima contra la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste, que sustentan que la misma presenta lesiones físicas recientes.

• Durante la denuncia, la víctima señaló que anterior al hecho señalado, se vio en la obligación de buscar refugio en la casa de un familiar, ya que el imputado se le aparecía en todos lados y la amenazaba con quitarle la vida.

La jueza Cecilila Toribio acogió la calificación provisional presentada por el órgano persecutor, que indica que los hechos que se le imputan a Ariel de Jesús, constituyen el tipo penal de violencia intrafamiliar agravada tipificada en los artículos 309-2 y 309-3 literales A, B y E del Código Penal Dominicano.

Por decisión del tribunal, De Jesús deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

Mercedes Ogando Montero deberá cumplir la prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras continúan las investigaciones.

Arresto en flagrancia en Las Parras

El expediente instrumentado por el fiscal litigante Darío Almonte indica que su arresto se ejecutó en flagrante delito el sábado 6 de junio de 2026, alrededor de las 10:00 de la mañana, en el área del comedor del CCR-Las Parras.

Revela que, mientras estaba en el centro, la imputada presentó una actitud sospechosa al notar la presencia de los miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Posteriormente, tras ingresar al centro penitenciario, acompañada de una hija menor de edad, fue sorprendida cuando intentaba pasarle una funda al privado de libertad Wilson Darío Volquez.

Cocaína y marihuana ocupadas

Resulta que, al ser requisada, se le ocupó en su mano derecha una (01) funda de papitas fritas de color amarillo, conteniendo en su interior una (01) porción de un polvo blanco, envuelta en funda plástica, la cual contenía una (01) porción de un vegetal verde.

Dichas sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se les practicó el análisis correspondiente y se determinó que correspondían a cocaína clorhidratada, con un peso de 131.46 gramos, y a Cannabis sativa (marihuana), con un peso de 20.74 gramos, según consta en el Certificado de Análisis Químico Forense del Inacif.

• El fiscal litigante Tito Oseas González Ramírez, quien representó al Ministerio Público durante la audiencia, estableció con diferentes pruebas la vinculación de la procesada al caso.

La jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida de coerción por la violación de los artículos 5 y 6, letras A; 28, 75 y 85, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Esta acción iba dirigida contra la sentencia emitida el 17 de marzo de 2026 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual fue dictada en su contra.

Indemnización a Julio Cury

En dicha decisión, se condenó al órgano de control externo a pagarle al jurista Julio Cury una indemnización millonaria por concepto de daños morales causados con ocasión de actuaciones administrativas antijurídicas cometidas por la CCRD.

Arguyendo que el pago de esa condena le causaría daños incalculables en el plano operativo e institucional, y que permitir su cumplimiento establecería un precedente que terceros podrían instrumentalizar para obstaculizar la función fiscalizadora de la CCRD, esta solicitó la suspensión de su ejecución.

La Suprema Corte de Justicia rechazó esos planteamientos. En su decisión, el magistrado Herrera Carbuccia estableció que la CCRD se limitó a reproducir las irregularidades imputadas en su recurso de casación y a enunciar, de manera abstracta, la posibilidad de graves perjuicios, sin exponer causas particulares que justificaran especialmente la suspensión ni precisar concretamente los daños irreparables que pretendía prevenir.

• Subrayó que la suspensión de una sentencia en casación exige la demostración de perjuicios irreparables que hagan perder el objeto del propio recurso, estándar que la CCRD no satisfizo.

SCJ descarta perjuicios irreparables

Esta resolución deja expedito el camino para la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria dictada en favor del Dr. Cury, por lo que el referido órgano deberá hacer efectivo el pago de la indemnización acordada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo el 17 de marzo pasado.

Antecedentes generales

El conflicto que hoy involucra a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el jurista Julio Cury se origina en una sentencia emitida el pasado 17 de marzo de 2026 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

«En esa decisión, se condenó al órgano de control externo al pago de una indemnización millonaria por supuestos daños morales derivados de actuaciones administrativas consideradas antijurídicas».

De acuerdo con el expediente, el abogado Julio Cury accionó contra la Cámara de Cuentas, alegando que ciertas actuaciones del órgano fiscalizador vulneraron derechos y le ocasionaron perjuicios, lo que fue acogido parcialmente por el tribunal administrativo, dando lugar a la condena económica.

A raíz de esa decisión, la Cámara de Cuentas interpuso un recurso de casación y, de manera paralela, solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, argumentando que el cumplimiento inmediato del pago generaría un impacto grave en su operatividad institucional y podría sentar un precedente que afectaría su función fiscalizadora.

• Sin embargo, la presidencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el magistrado Manuel R. Herrera Carbuccia, rechazó dicha solicitud mediante la resolución núm. 033-2026-SRES-00593 del 9 de junio de 2026.

Por Julio Cury

Tras más de 11 horas de audiencia, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la madrugada de este martes una de las sentencias más relevantes en materia de corrupción administrativa, al condenar a varios militares y civiles tras encontrarlos culpables de integrar la red de corrupción desmantelada mediante la Operación Coral.

Las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo encontraron culpables a Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y José Manuel Núñez de Aza, imponiéndoles 20 años de prisión por su participación en la estructura de corrupción y lavado de activos que operó desde organismos de seguridad del Estado.

Asimismo, fueron condenados a 15 años de prisión Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”, y Julio Camilo de los Santos Viola.

El tribunal también impuso 10 años de prisión a Esmeralda Ortega, José Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores, Johana Castillo, Herasmo Roger Alcántara y Kelman Santana Martínez.

Mientras que recibieron cinco años de prisión Alejandro Montero Cruz, Lucía Viola, Héctor Leomaris Martínez, Manuel de Jesús Rodríguez, Elida Almonte y Yeudy Blasdemil.

Por su parte, Pedro Castillo y Carlos Antigua fueron condenados a tres años de prisión.

En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, colaborador de las autoridades durante la investigación, el tribunal le impuso una condena de cinco años de prisión, aunque declaró la pena cumplida.

Tribunal ordena indemnización millonaria

Además de las condenas penales, el tribunal dispuso el pago de RD$5,000 millones en favor del Estado dominicano como reparación por los daños ocasionados.

La sentencia también ordena el decomiso de numerosos bienes adquiridos con fondos ilícitos, incluyendo villas, apartamentos, terrenos, edificaciones, vehículos y otros activos vinculados a los condenados.

El dispositivo, compuesto por 89 páginas, detalla cada uno de los bienes que pasarán a manos del Estado como resultado del proceso judicial.

Absuelven a varios acusados

Luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio, las magistradas absolvieron a Tanner Flete Guzmán, Miguel Ventura Pichardo, Guillermo Torres Robiou, Emmanuel Alejandro Rivera, Antonio Surel, Santiago Antonio Suárez Peguero y Eric Pereira.

También fue descargada la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, al no comprobarse responsabilidad penal en los hechos juzgados.

Lectura íntegra será el 14 de agosto

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto, fecha a partir de la cual el Ministerio Público y las defensas podrán presentar recursos de apelación.

Al concluir la audiencia, pasadas las 2:30 de la madrugada, varios de los condenados abandonaron la sala en silencio y evitaron ofrecer declaraciones a la prensa.

La decisión fue adoptada por el tribunal a cargo del conocimiento del caso, luego de un proceso judicial que se extendió por varios años y en el que el Ministerio Público presentó a Cáceres como el principal cabecilla de una red que presuntamente operó desde distintas instituciones del Estado.

Según la acusación, la estructura habría desviado más de 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020 mediante mecanismos fraudulentos ejecutados desde el Cusep, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El Ministerio Público atribuyó a Cáceres varios delitos, entre ellos violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores.

De acuerdo con el expediente acusatorio, la presunta red utilizó recursos públicos para beneficio personal de sus integrantes, incluyendo el cobro irregular de salarios de militares y policías, así como otras maniobras destinadas a ocultar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.

Uno de los cargos más graves es el de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Asimismo, la Procuraduría sostuvo que los acusados conformaron una estructura organizada para cometer delitos contra la administración pública.

Durante sus declaraciones finales en el juicio, Cáceres cuestionó especialmente la acusación de asociación de malhechores, argumentando que el órgano acusador no identificó de manera precisa a las personas con las que supuestamente se habría asociado para delinquir.

Principales implicados

Además de Cáceres, el expediente incluye a otras figuras señaladas por el Ministerio Público como integrantes de la estructura:

• Juan Carlos Torres Robiou, general de la Fuerza Aérea y exdirector de Cestur.
• Julio Camilo de los Santos Viola, general de la Fuerza Aérea y exsubjefe del Cusep.
• Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “la Pastora”.
• Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército que colaboró con las autoridades y ofreció información clave para las investigaciones.

La Operación Coral es considerada uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en República Dominicana y forma parte de los procesos impulsados por el Ministerio Público contra antiguos funcionarios y miembros de organismos de seguridad del Estado.

El abogado y jurista Julio Cury consideró que la motivación del fallo que ordena el envío a juicio de fondo en el caso Jet Set resulta insuficiente y carece de la precisión necesaria en su fundamentación jurídica.

• «En las motivaciones es débil; a mi modo, debió haber sido más fina”, expresó el jurista, al señalar que el tribunal no logró establecer correctamente la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual.

Cury explicó que en la culpa consciente el agente conoce el riesgo, pero confía en que el resultado no ocurrirá, mientras que en el dolo eventual el autor es consciente de la alta probabilidad del hecho y actúa con indiferencia ante el posible desenlace.

• En ese sentido, el abogado cuestionó, además, uno de los argumentos del tribunal para descartar el dolo eventual, al referirse a la presencia de una de las imputadas en el lugar de los hechos.

«Ese es uno de los deslices que contiene la decisión”, afirmó Cury, al considerar que dicho elemento no resulta suficiente para excluir la configuración del tipo penal.

El caso Jet Set continúa en etapa judicial, luego de la decisión que envía el expediente a juicio de fondo, en medio del debate sobre la calificación jurídica de los hechos.