En el audiovisual, Robinson afirmó que no existen pruebas que lo vinculen con los hechos por los que fue condenado y pidió al Ministerio Público que investigue nuevamente el expediente.

Asimismo, hizo un llamado al periodista Ramón Tolentino y al comunicador Santiago Matías para que conozcan su situación y contribuyan a visibilizar su denuncia.

Me encuentro preso inocentemente a 30 años de prisión. Quiero que el Ministerio Público, Ramón Tolentino y Santiago Matías tomen mi caso en cuenta para que investiguen y se haga justicia», expresó.

El joven señaló que su hermano tenía antecedentes de conflictos con la justicia y problemas barriales, por lo que considera que ha sido responsabilizado de manera injusta por su muerte.

Me están culpando por una muerte injustamente, sin pruebas, sin videos, sin nada que me señale de que yo estaba en ese momento cuando ocurrieron estos hechos», manifestó.

Robinson John Mendes pidió una revisión de su condena y exhortó a quienes conozcan su caso a compartir el video y apoyar su solicitud para que las autoridades competentes investiguen las circunstancias que rodean el proceso judicial.

Finalmente, expresó que perder su juventud en prisión es una situación difícil de afrontar y reiteró su petición de que se haga justicia en su caso.

La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que, según indicó, demostraron un patrón de violencia física, psicológica, verbal y emocional ejercido por el procesado contra la víctima.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó al condenado el pago de cinco multas de RD$5,000 cada una a favor del Estado dominicano, así como una indemnización de RD$6 millones en beneficio de la víctima.

Ministerio Público documentó un patrón de violencia

De acuerdo con el expediente, Mendoza Marte mantenía a su expareja bajo constantes actos de hostigamiento, amenazas de muerte, control, manipulación y violencia psicológica, con el propósito de obligarla a mantener la relación sentimental.

El Ministerio Público sostuvo que el procesado también intentó agredir a la mujer con un cuchillo y un arma de fuego, además de ocasionarle severos traumas psicológicos.

La investigación fue desarrollada por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago, cuyo representante en el juicio, el fiscal José Euclides Vargas, solicitó la condena al considerar que el acusado representaba un peligro para la víctima y su familia.

Durante el proceso, el órgano acusador argumentó que el imputado no mostró arrepentimiento por los hechos y que sus antecedentes evidenciaban una conducta violenta reincidente.

La jueza Loida Altagracia Mejía Arias fijó para el 14 de agosto la lectura íntegra de la sentencia.

Cambian medida de coerción tras dictarse la sentencia

Al momento de emitir el fallo, la magistrada dispuso el cese de la prisión preventiva por vencimiento del plazo legal y la sustituyó por arresto domiciliario, el uso de grillete electrónico, impedimento de salida del país, vigilancia permanente del Ministerio Público y una garantía económica de RD$500 millones en efectivo.

Acumulaba condenas y otros procesos penales

Según el Ministerio Público, Mendoza Marte había cumplido anteriormente una condena de cinco años de prisión por tráfico de drogas.

Asimismo, el año pasado fue condenado a 30 años de prisión por un homicidio, sentencia que permanece pendiente de ejecución. Ese caso se originó tras un ataque contra dos hermanos de su expareja, ocurrido en 2025, en el que uno de ellos falleció.

En ese proceso, el imputado obtuvo el cese de la prisión preventiva durante la etapa de juicio y quedó en libertad bajo presentación periódica y una garantía económica de RD$6 millones, luego de cubrir el monto correspondiente mediante una compañía aseguradora.

De acuerdo con la acusación, tras recuperar la libertad, Mendoza Marte continuó incurriendo en actos de violencia contra su expareja, lo que motivó una nueva orden de arresto y el proceso judicial que culminó con la condena de 10 años por violencia de género e intrafamiliar agravada.

Pepca cuestiona competencia de la jueza

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo cuando ya no tenía competencia sobre el proceso, tras haber sido desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025.

El caso pasó entonces al Sexto Juzgado de la Instrucción, que conoció la audiencia preliminar y ordenó la apertura a juicio.

Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado indicaron que la decisión también desnaturaliza la figura de la astreinte al convertirla, según alegan, en una indemnización a favor de un imputado por corrupción.

Astreinte de RD$7.56 millones en disputa

La sentencia dispone el pago de RD$7,560,000 por la liquidación de una astreinte relacionada con la devolución de bienes incautados. De acuerdo con el Ministerio Público, el único objeto pendiente de entrega es un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000.

La Pepca informó que cuenta con un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación y recordó que el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás acusados está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Álvarez Carbuccia figura entre los imputados en el proceso que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados de integrar un esquema de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos, el manejo de la red semafórica y otros sistemas tecnológicos del Estado.

Según la acusación, Álvarez Carbuccia habría emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria para facilitar las contrataciones investigadas.

El Ministerio Público acusa a los implicados de asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos de alta tecnología, falsificación de documentos, contrabando y violaciones a la Ley de Armas. El grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio.

La jueza Cecilia Toribio acogió la solicitud presentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que también lograron que el caso fuera declarado de tramitación compleja.

Caso declarado de tramitación compleja

Raposo Gómez fue arrestado el pasado 18 de julio durante un operativo realizado en una gallera ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte.

En el lugar, las autoridades ocuparon 237 paquetes de cocaína ocultos en compartimientos secretos de una camioneta Chevrolet Silverado negra. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que la droga tenía un peso total de 243.40 kilogramos.

Decomiso de 243.40 kilos de cocaína

Según la investigación, desarrollada en coordinación con el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el imputado formaría parte de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas desde Colombia y Venezuela hacia la República Dominicana.

El expediente señala que la estructura utilizaba vehículos para transportar los cargamentos hacia centros de acopio, entre ellos una gallera en Pedro Brand, donde presuntamente se realizaban transacciones relacionadas con el narcotráfico.

Durante el allanamiento, las autoridades también ocuparon RD$296,000 en efectivo dentro de un vehículo Toyota Corolla, dinero que, de acuerdo con el Ministerio Público, estaría vinculado a una transacción de drogas.

Además, incautaron una escopeta calibre 12, un rifle de perdigones, un chaleco antibalas con la inscripción «Policía Nacional«, un binocular de visión nocturna y otros objetos que forman parte de la investigación.

El Ministerio Público atribuye al imputado violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El tribunal ordenó que Raposo Gómez cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes y establecer el alcance de la presunta organización criminal.

La pena máxima fue dictada contra el ex segundo teniente Juan Luis Jiménez Adames (Lindo), tras establecer el órgano acusador su responsabilidad penal en el asesinato de su pareja Meylin Ariany Marte Rodríguez y de su suegra Marisela Rodríguez Marte, así como por las heridas provocadas a Franklin Ruiz Inoa, persona de confianza de las víctimas.

Jiménez Adames fue procesado al establecerse, con suficientes pruebas, que cometió los feminicidios, así como hechos de violencia de género y violencia intrafamiliar agravada con el uso de arma de fuego, tipo pistola, en perjuicio de las víctimas.

Detalles del crimen en Los Robles

El expediente detalla que, en fecha 18 del mes de enero del año 2025, aproximadamente a las 11:15 de la noche, en la residencia de su suegra, ubicada en la calle Los Cajuiles, del sector Los Robles de la ciudad de La Vega, Jiménez Adames, ostentando el rango de segundo teniente, irrumpió de manera violenta portando un arma de fuego.

Señala que, una vez en dicho lugar y movido por una conducta guiada por violencia extrema, asesinó a su pareja sentimental Marte Rodríguez, madre de sus tres hijos, quien fue impactada con ocho disparos.

En el mismo hecho, también disparó mortalmente contra su suegra Rodríguez Marte, además de que intentó quitarle la vida y causó heridas por proyectil de arma de fuego a Ruiz Inoa, quien resultó herido en ambos glúteos, pero logró sobrevivir a la agresión.

El órgano persecutor indica en el expediente que los hechos ocurrieron luego de que ese mismo día, en la mañana, la víctima Marte Rodríguez, quien residía en Villa Altagracia junto al victimario y los hijos de ambos, llamara a su madre Rodríguez Marte, para que la fuera a buscar, porque su pareja Juan Luis Jiménez la estaba maltratando.

Detalla que la madre procedió a buscar a su hija y la llevó hasta su casa, ubicada en el sector Los Robles, en el centro de la ciudad de La Vega, donde Jiménez Adames cometió los crímenes.

Fiscalía de La Vega y base legal

La titular de la Fiscalía de La Vega, procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, valoró la sentencia condenatoria al destacar que se aplicaron de manera correcta las leyes y se impuso la pena máxima solicitada por el Ministerio Público.

La fiscal investigadora Katherin Castillo estableció en el proceso que el encartado violó varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Durante el juicio, la fiscal litigante Yamilka de la Cruz sustentó la solicitud de la pena máxima con suficientes pruebas aportadas al Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Kathia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez.

Cumplirá condena en Vista del Valle

Los mismos establecieron el cumplimiento de la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista del Valle, de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Pumoral Fernández está acusado de la muerte de Yolanda Handal Abugabir y de herir a otras cinco personas durante un ataque ocurrido en el ensanche Naco.
Con el fallo, el tribunal determinará si mantiene la decisión de primera instancia o si ordena la apertura de un juicio de fondo contra Pumarol.

Con el fallo, el tribunal determinará si mantiene la decisión de primera instancia o si ordena la apertura de un juicio de fondo contra Pumarol.

Apelación contra el auto de no ha lugar

El recurso fue presentado por el Ministerio Público y los representantes legales de la familia de Yolanda Handal, quienes solicitan que se revoque la resolución emitida por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al considerar que existen elementos suficientes para que el imputado sea juzgado por los hechos.

El hecho ocurrió el 23 de julio de 2025 en el condominio Naco Dorado IV, cuando, según la acusación, Jean Andrés Pumarol atacó con un arma blanca a varios residentes del edificio. Durante el incidente murió Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, mientras otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas el padre del imputado.

El hecho ocurrió el 23 de julio de 2025 en el condominio Naco Dorado IV, cuando, según la acusación, Jean Andrés Pumarol atacó con un arma blanca a varios residentes del edificio. Durante el incidente murió Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, mientras otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas, el padre del imputado.

Antecedentes del ataque en Naco

En marzo de este año, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de no ha lugar a favor de Pumarol, tras concluir, con base en peritajes médicos, que el imputado sufrió un episodio psicótico al momento del ataque, relacionado con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

La decisión fue apelada tanto por el Ministerio Público como por los familiares de la víctima.

La decisión que adopte la Corte de Apelación definirá si el proceso penal continúa con un juicio de fondo o si queda firme el no ha lugar dictado en primera instancia.

La apelación fue conocida este jueves por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó para el próximo 10 de septiembre la lectura de su decisión.

Apelación contra la extinción del proceso

El recurso busca revocar la sentencia emitida el 22 de abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que declaró extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso y descargó a los acusados.

Entre los favorecidos por esa decisión figura el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío, así como Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.

El recurso también fue interpuesto contra varias empresas vinculadas al proceso, entre ellas Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L., Inversiones Fernández Parache (Infepa), Tekknowlogic Dominicana, S.R.L. y la propia Corde.

El Ministerio Público sostiene que el tribunal incurrió en una aplicación incorrecta de la ley al declarar la extinción del proceso, por lo que solicita que la decisión sea revocada y que el juicio continúe.

Terrenos estatales y cargos del caso

La investigación está relacionada con la presunta venta irregular de alrededor de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos. Según la acusación, los imputados habrían participado en un esquema para transferir esos terrenos y comercializarlos con personas que ya residían en la zona.

El caso incluye acusaciones por presunta asociación de malhechores, falsedad, prevaricación, estafa y violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otros cargos contemplados en la acusación presentada por el Ministerio Público.

Maicol Beltré (Minimini) fue condenado por la muerte de Juan Carlos González Patiño (Pupi).

Discusión por una apuesta terminó en homicidio

El expediente instrumentado por el fiscal investigador Wilson Díaz explica que los hechos se produjeron la noche del 22 de febrero del pasado año 2025, cuando Beltré y González Patiño se enfrascaron en una discusión por el resultado de una apuesta que realizaron ambos durante una partida de billar.

Ante la intervención de los presentes durante la discusión, el procesado abandonó el establecimiento y esperó a que la víctima saliera, iniciando nuevamente el conflicto, en medio del cual le disparó, causándole la muerte.

Tribunal impone 20 años de prisión

En el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, quien solicitó al tribunal la pena de 30 años de prisión, mostró suficientes elementos de prueba que demostraron la responsabilidad penal del hoy procesado, quien faltó a los artículos 295, 296, 297, 298 y 304, sobre homicidio voluntario, premeditación y asechanza, del Código Penal Dominicano.

Así como a los artículos 63 y 66 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por decisión de los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez, el procesado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.

La sentencia fue dictada en contra de José Manuel Núñez (Culi), de 22 años, quien fue declarado culpable de cometer los hechos en perjuicio de la adolescente de 13 años de edad.

Condena de cinco años en Yamasá

El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, demostró en audiencia la culpabilidad del procesado.

El expediente acusatorio explica que el encartado se valió de la inocencia de la víctima para llevarla a unos matorrales próximos a su vivienda y abusar sexualmente de ella.

Detalla que Núñez aprovechaba los momentos en que la adolescente se encontraba sola en su casa para invitarla al referido lugar y, luego, abusar de ella. El agresor, después de cometer los hechos, le pedía a la víctima que no hablara sobre lo sucedido con nadie.

Tribunal de Monte Plata y cumplimiento

La sentencia fue emitida por las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, del Tribunal Colegiado de Monte Plata, y deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de esa provincia.

Sin embargo, la audiencia fue aplazada para el próximo lunes 27 de julio, cuando el tribunal escuchará los argumentos de la defensa del principal acusado.

La decisión fue adoptada luego de que el Ministerio Público solicitara rechazar el recurso presentado por las defensas, al considerar que no existían fundamentos para modificar decisiones previas que permitieron la continuidad del proceso.

Tribunal rechaza recursos y mantiene el curso del proceso

La audiencia, que inicialmente estaba pautada para la mañana, fue reprogramada para la tarde. Antes de conocerse la decisión, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, afirmó que no existían razones jurídicas para variar el criterio del tribunal.

«No hay ninguna razón para que el tribunal varíe su decisión en derecho«, sostuvo Camacho.

El funcionario también aseguró que, a su juicio, el principal imputado ha intentado retrasar el desarrollo del proceso.

«Jean Alain Rodríguez se ha mantenido buscando la forma de huir al conocimiento del proceso y de las pruebas», expresó.

Más tarde, las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto declararon inadmisible el recurso de oposición y ordenaron al Ministerio Público presentar su discurso de apertura en la etapa correspondiente del juicio.

Posteriormente, una de las barras de la defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia alegando problemas de salud de su representado. No obstante, el tribunal rechazó la petición al acoger el argumento del Ministerio Público de que no fue presentado un documento que acreditara esa condición médica.

La defensa de Jean Alain Rodríguez volvió entonces a solicitar la extinción de la acción penal, planteamiento que forma parte de los incidentes promovidos durante el proceso. Tras escuchar al imputado, las juezas decidieron aplazar la audiencia hasta el 27 de julio a las 9:00 de la mañana, fecha en la que continuará el conocimiento del caso.

Acusación por más de RD$6,000 millones

De acuerdo con el expediente acusatorio, el Ministerio Público atribuye a Jean Alain Rodríguez la presunta malversación de más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos ejecutados entre 2016 y 2020, período en el que ocupó el cargo de procurador general de la República.

Junto al exfuncionario también son procesados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias.

Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Todos enfrentan cargos por presuntos delitos de corrupción, entre ellos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

• El tribunal declaró inadmisible el recurso de oposición de las defensas y ordenó continuar el juicio.
• La audiencia fue aplazada para el lunes 27 de julio, cuando se conocerán los argumentos de la defensa de Jean Alain Rodríguez.