La querella sostiene que el procedimiento habría sido realizado por una persona que, según las autoridades, no posee título médico ni odontológico, mientras la defensa rechaza esas acusaciones y afirma que los hechos deberán esclarecerse en los tribunales.

De acuerdo con la denuncia, la docente acudió al Centro Médico V Centenario convencida de que sería atendida por un especialista.

Sin embargo, tras el procedimiento comenzó a presentar fuertes dolores y posteriormente otro médico le habría diagnosticado una lesión en el nervio trigémino, que le provocó una neuralgia mandibular y pérdida permanente de sensibilidad en parte del rostro, según el expediente.

Una cirugía que cambió su vida

«La profesora relata que desde entonces su rutina cambió por completo«.

Afirma que vive medicada para controlar el dolor, tiene dificultades para hablar, abrir la boca y realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana, incluyendo su trabajo en las aulas.

Su abogado, Luis Daniel de León, sostiene que la querella incluye cargos por ejercicio ilegal de la profesión y señala que existen evidencias de que la paciente creyó en todo momento que estaba siendo atendida por un profesional autorizado.

Entre las pruebas figuran recetas, documentos y audios que, según la defensa de la víctima, serán incorporados al proceso judicial.

El expediente también señala que el procedimiento se habría realizado utilizando documentos vinculados al consultorio del cirujano maxilofacial William Radhamés Almánzar Escarramán, mientras que su hermano, Franklin José Almánzar Escarramán, es señalado como la persona que habría intervenido a la paciente. La querella atribuye responsabilidades tanto a ambos imputados como al centro médico.

Posturas enfrentadas y proceso en la justicia

El Ministerio de Salud Pública informó que, tras recibir la denuncia, realizó una inspección y determinó que Franklin José Almánzar Escarramán no posee titulación médica ni odontológica. La institución indicó además que requirió al centro de salud regularizar la documentación de varios profesionales que laboraban allí.

Por su parte, el Colegio Médico Dominicano, filial La Vega, respaldó al doctor William Almánzar durante su arresto, aunque aclaró que su apoyo se limitó a cuestionar la forma en que fue ejecutada la detención y no constituye un pronunciamiento sobre su inocencia o culpabilidad. Además, precisó que Franklin Almánzar no es médico, sino un asistente.

En tanto, la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos, Virginia Laureano, confirmó que la institución había recibido información sobre el caso meses antes y remitió la denuncia al Ministerio de Salud Pública al comprobar que la persona señalada no figuraba como profesional de la odontología.

Añadió que el gremio solo podrá emitir una conclusión técnica cuando un tribunal ordene el correspondiente peritaje.

La defensa de Franklin José Almánzar Escarramán sostiene que su representado no ha admitido haber realizado el procedimiento y asegura que la investigación deberá determinar si realmente incurrió en un acto de intrusismo profesional. Por su parte, el abogado de William Almánzar informó que su cliente decidió no ofrecer declaraciones en esta etapa del proceso.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000, mientras que a William Radhamés Almánzar le fijó una garantía de RD$20,000, además de presentación periódica durante seis meses.

• Salud Pública afirma que la persona denunciada no posee título médico ni odontológico, mientras el caso continúa bajo investigación.
• La defensa de los imputados niega las acusaciones y sostiene que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades.

Los afectados aseguran haber perdido, solo en los casos documentados, más de RD$390 mil, mientras esperan que las autoridades avancen con las investigaciones.

• Cuatro víctimas relatan pérdidas que superan los RD$390 mil por paquetes turísticos que nunca se realizaron.
• Las denuncias describen un mismo patrón: ofertas atractivas, pagos anticipados, promesas de devolución y falta de respuesta.

El mismo método, diferentes víctimas

Las historias de Nelly Rivera, Edith Estrella, Indhira Melo y Rosario Báez presentan similitudes. Todas afirman haber conocido las ofertas a través de redes sociales o por recomendación de personas que sí habían viajado anteriormente con la agencia, lo que les generó confianza para realizar los depósitos.

«Nelly Rivera contó que en 2023 realizó un viaje sin inconvenientes a Colombia mediante la agencia».

Esa experiencia la llevó a aceptar una nueva oferta para viajar a Cartagena y Medellín, con un costo aproximado de US$660 por persona.

Según narró, completó los pagos con varios meses de anticipación, invirtiendo RD$94 mil, pero conforme se acercaba la fecha del viaje comenzaron las evasivas y nunca recibió los boletos aéreos. Posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Edith Estrella explicó que organizaba un viaje junto a tres amigas y llegó a transferir RD$60 mil después de que le aseguraran que existían boletos disponibles por una oferta limitada. Sin embargo, al no recibir los tickets prometidos, decidió cancelar el viaje y devolver el dinero a sus acompañantes para evitar que también resultaran afectadas.

Por su parte, Indhira Melo relató que convenció a varias familiares de aprovechar una supuesta promoción para viajar a Colombia.

En conjunto pagaron más de RD$200 mil, pero el viaje fue aplazado en varias ocasiones hasta que, meses después, comprendieron que habían sido engañadas. La afectada aseguró que interpuso una denuncia y obtuvo una orden de captura, aunque afirmó que el señalado no ha sido localizado.

Rosario Báez también aseguró haber confiado en la agencia luego de recibir referencias positivas. Indicó que pagó RD$40 mil por un paquete turístico que nunca se concretó y que incluso tomó un préstamo para cubrir el costo del viaje, el cual finalmente no se realizó.

Expertos alertan sobre las «agencias fantasmas»

El director ejecutivo de la agencia TravelWise, Jaime León, explicó que este tipo de casos suele apoyarse en ingeniería social, una estrategia mediante la cual los estafadores crean confianza, utilizan ofertas con tiempo limitado y presionan a los clientes para que realicen depósitos rápidos.

El especialista recomendó desconfiar cuando una empresa únicamente acepta transferencias bancarias y no ofrece pagos con tarjeta de crédito, ya que estas últimas brindan mayores mecanismos de reclamación. También aconsejó verificar que la agencia opere con correos corporativos, confirmar su registro y validar directamente si la persona que ofrece el servicio realmente pertenece a la empresa que dice representar.

Durante la investigación también se conoció que otras agencias de viajes aclararon públicamente que no mantienen ninguna relación comercial con Jeffrey Antonio Castillo Pimentel, luego de que varias víctimas afirmaran que este utilizaba nombres similares o aseguraba tener vínculos con empresas reconocidas para ganar credibilidad.

Asimismo, la Policía Nacional publicó una ficha informando que el hombre es requerido mediante una orden de arresto, mientras algunos afectados sostienen que continúan a la espera de avances en los procesos judiciales.

El caso es investigado como un presunto hecho de maltrato infantil, mientras el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñéz y la Adolescencia activaron los protocolos correspondientes.

La situación ha causado indignación entre padres y ciudadanos, especialmente porque las propias autoridades reconocen que existe un vacío legal en cuanto a la supervisión y regulación de guarderías privadas que ofrecen servicios de cuidado infantil.

Padres aseguran que hubo señales que pasaron desapercibidas

Una de las madres afectadas, identificada como «Laura» para proteger la identidad de su hijo, explicó que el menor llevaba más de dos años asistiendo al maternal y que, aunque en varias ocasiones observó arañazos, golpes y moretones, siempre recibió explicaciones que atribuían las lesiones a caídas o juegos con otros niños.

La mujer contó que descubrió lo ocurrido cuando la propia directora del centro la llamó para informarle que circulaban videos en redes sociales donde aparecía su hijo inmovilizado con cinta adhesiva.

«Nunca imaginé que era algo de una índole de maltrato«, expresó la madre, quien afirmó que su hijo no presenta ninguna condición médica o de comportamiento que justificara ese tipo de trato.

También solicitó atención psicológica para el menor, al asegurar que presenta secuelas tras lo ocurrido.

Otra madre, identificada como «Patricia», relató que su hija comenzó a mostrar cambios de conducta, miedo de asistir al centro y dependencia emocional. Tras ver uno de los videos, la niña le dijo:

«Esa soy yo, ella me amarra y me da con la correa duro«.

La familia presentó una denuncia ante las autoridades.

Por su parte, la profesora que aparece en las grabaciones admitió haber tomado la decisión de inmovilizar a uno de los niños, alegando que intentaba evitar que se golpeara debido a que era muy inquieto. Aseguró que actuó sin pensar y sostuvo que nunca tuvo la intención de maltratar a los menores.

• La directora del maternal, Joselfi Solano, informó mediante un video que las personas involucradas ya no laboran en el centro y afirmó que desconocía lo que estaba ocurriendo.
• También aseguró que el plantel está colaborando con las investigaciones.

Sin embargo, una de las madres cuestionó esa versión y afirmó que la directora le había reconocido previamente que sabía que su hijo había sido amarrado.

Conani reconoce limitaciones legales para supervisar guarderías privadas

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) explicó que la Ley 136-03 no le otorga un mandato específico para supervisar centros privados con fines comerciales, por lo que este tipo de establecimientos opera sin un sistema de inspección permanente.

La institución indicó que actualmente no existe un registro nacional de guarderías infantiles privadas, lo que dificulta la fiscalización y la aplicación de sanciones cuando se producen casos como este.

Además, señaló que el reglamento de aplicación de la Ley 342-22, que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, deberá definir con mayor precisión qué organismo será responsable de regular estos centros.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades penales y administrativas del caso.

Conani recordó que el artículo 49 de la Ley 136-03 establece que todos los niños tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad por sus educadores, mientras que el artículo 48 prohíbe cualquier forma de castigo corporal o medida disciplinaria que vulnere sus derechos.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, es investigado por el Ministerio Público, mientras otra mujer afirma haber vivido una experiencia similar en el mismo centro.

Juan Francisco López Yapor relató que la tarde del 19 de febrero de 2026 trabajaba junto a una arquitecta en su oficina, ubicada en Santo Domingo Este, cuando tres hombres llegaron simulando ser clientes.

«Aparecen tres individuos preguntando por por mí y por las tramerías»; aseguró.

Según su versión, uno de ellos vestía uniforme de enfermero y, tras ingresar al lugar, lo redujeron violentamente, lo esposaron y le inyectaron una sustancia antes de trasladarlo en un vehículo hacia un destino que desconocía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el empresario abre la puerta y segundos después es sometido por los tres hombres, mientras la arquitecta que lo acompañaba huye del lugar.

Internamiento y versiones enfrentadas

López Yapor afirma que fue llevado al Centro Renova, donde permaneció retenido contra su voluntad, recibió medicamentos y fue sometido a un tratamiento psiquiátrico sin su consentimiento. Según su relato, durante el ingreso le retiraron sus pertenencias y posteriormente le administraron un «cóctel» de medicamentos que le provocó un estado de somnolencia constante.

Una nota de ingreso, firmada el mismo día por la psiquiatra Ylsa Quero, señala que el paciente fue llevado al centro por presuntas alteraciones conductuales, incluyendo episodios de agresividad, irritabilidad y cambios en su comportamiento, información que, según el documento, habría sido suministrada por familiares.

Sin embargo, el empresario rechaza ese diagnóstico y sostiene que nunca padeció trastornos psiquiátricos, por lo que considera que su internamiento fue irregular.

Por su parte, el abogado del Centro Renova, René del Rosario, negó que el establecimiento reciba pacientes de manera involuntaria y aseguró que la institución solo admite personas que ingresan voluntariamente y pueden retirarse cuando así lo deseen. También afirmó que el centro no participa en la captura o traslado de pacientes.

En contraste, el abogado de López Yapor, Héctor Quiñones, sostiene que los familiares del empresario desconocían su paradero y que, tras presentar una denuncia, lograron ubicarlo en Renova con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Según dijo, inicialmente el centro se negó a permitir su salida hasta que, tras la intervención de las autoridades y la presión de la familia, fue liberado.

Posteriormente, López Yapor fue trasladado al Centro Médico Moderno, donde, de acuerdo con un documento médico citado en el expediente, fue diagnosticado con síndrome vertiginoso, intoxicación medicamentosa y deshidratación moderada, luego de haber permanecido ingresado en el centro psiquiátrico.

El caso se desarrolla en medio de un conflicto familiar

El abogado del empresario vincula los hechos al proceso de divorcio y a una disputa por el patrimonio familiar. Según explicó, días antes del presunto rapto habían solicitado medidas para inmovilizar fondos de empresas vinculadas a la pareja, lo que, a su juicio, habría motivado la acción denunciada.

Asimismo, cuestionó que, varios meses después de los hechos, las tres personas que participaron en el traslado aún no hayan sido identificadas.

Durante el reportaje también fue presentado el testimonio de una mujer identificada bajo el nombre ficticio de Melissa, quien aseguró haber sido ingresada contra su voluntad en el mismo centro psiquiátrico en enero de 2025, tras ser llevada por dos hombres con la autorización de su entonces pareja.

La mujer afirmó que permaneció nueve días internada, incomunicada y bajo tratamiento con medicamentos y sesiones de terapia electroconvulsiva. Sostiene que nunca había sido paciente psiquiátrica y que su ingreso ocurrió mientras buscaba separarse de su pareja y obtener la custodia de sus hijos.

En respuesta, el abogado de Renova reiteró que el centro no busca pacientes ni realiza internamientos forzosos, insistiendo en que todos los ingresos se producen de manera voluntaria.

La psiquiatra Ylsa Quero declinó ofrecer declaraciones sobre el caso, alegando que el proceso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y que está obligada a respetar el deber de confidencialidad y el secreto profesional.

• Como parte del proceso judicial, a Nancy Estervina de Jesús, exesposa de López Yapor, le fue impuesta prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y presentación periódica cada 30 días como medida de coerción.
• Mientras tanto, el proceso judicial relacionado con la custodia de los hijos de Melissa continúa en los tribunales.

Mientras las autoridades aseguran que la obra sigue avanzando y que las infraestructuras pendientes serán licitadas próximamente, comunitarios, productores y organizaciones de la región denuncian que el proyecto original habría sido modificado, lo que reduciría el impacto económico y agrícola que durante décadas esperaron miles de familias.

La incertidumbre aumenta porque, a más de 16 años del inicio de su construcción, las obras complementarias continúan pendientes y todavía no existe una fecha oficial para concluir el proyecto en su totalidad.

Millonaria inversión y cambios que generan preocupación

Construida sobre el río Yaque del Sur, entre las provincias Barahona y Azua, la presa también beneficia a Bahoruco e Independencia y posee una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua. El embalse fue inaugurado por el presidente Luis Abinader en enero de 2024 como parte de la primera fase del proyecto.

El contrato original fue firmado en 2009 por un monto de US$354.2 millones, pero cinco adendas elevaron el costo hasta US$588.9 millones, un incremento superior a US$234 millones respecto al presupuesto inicial.

Sin embargo, el principal reclamo de diversos sectores no gira únicamente en torno al costo, sino a los cambios que, según denuncian, afectarían el alcance del proyecto concebido originalmente.

Representantes de la Coalición Enriquillo, productores agrícolas, empresarios y líderes religiosos sostienen que el diseño inicial contemplaba obras que impulsarían el desarrollo integral de la región, entre ellas la construcción de canales de riego, una hidroeléctrica, el abastecimiento de agua potable por gravedad y nuevas infraestructuras para incorporar cientos de miles de tareas agrícolas a la producción.

Según Leonardo Mercedes, coordinador de la Coalición Enriquillo, la eliminación del canal lateral que abastecería una amplia zona agrícola impediría que unas 250 mil tareas se incorporen al sistema de riego, frustrando el impacto económico esperado para la región.

Comunidades desplazadas esperan cumplir promesas

La construcción del embalse obligó al traslado de comunidades completas como Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta, cuyos habitantes recibieron viviendas en el nuevo centro poblado inaugurado en 2023.

No obstante, los comunitarios aseguran que todavía esperan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado, principalmente la entrega de parcelas agrícolas que les permitirían recuperar su medio de vida.

Santos Ferreras, representante del Comité de Protección y Defensa de la Comunidad Presa Monte Grande, afirmó que aunque las viviendas fueron entregadas, las tierras prometidas aún no han sido adjudicadas, pese a los acuerdos firmados con las autoridades.

También cuestionó las compensaciones económicas pagadas a algunos parceleros, al considerar que fueron insuficientes para adquirir nuevas propiedades agrícolas.

Desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reconocen que la entrega de los terrenos aún está pendiente, aunque atribuyen la demora a dificultades técnicas relacionadas con la disponibilidad de las parcelas originalmente previstas.

El asesor en gestión medioambiental del organismo, Juan Fulvio Ureña, explicó que ahora se trabaja en un nuevo esquema que contempla fincas tecnificadas de diez tareas con sistemas modernos de riego, cuya entrega, aseguró, se realizará una vez concluyan los procesos pendientes.

INDRHI defiende los cambios por razones ambientales

Las modificaciones al proyecto, según el INDRHI, responden principalmente a criterios ambientales.

La institución sostiene que parte de los terrenos donde originalmente se proyectaba ampliar el riego quedaron dentro del Parque Nacional La Gran Sabana o forman parte de una cuenca sensible vinculada al Lago Enriquillo, por lo que llevar más agua hacia esa zona podría alterar su equilibrio hídrico y aumentar el riesgo de inundaciones.

Por esa razón, el organismo asegura que el nuevo enfoque consiste en optimizar los sistemas de riego existentes mediante tecnologías como el riego por goteo y la modernización de la infraestructura agrícola, en lugar de ampliar significativamente la superficie irrigada.

Asimismo, confirmó que mantiene en sus planes la construcción de una central hidroeléctrica de 13.2 megavatios, cuya licitación pública sería convocada una vez concluyan los procesos técnicos correspondientes.

Documentos técnicos también alertan sobre filtraciones

«Otro aspecto que ha despertado inquietud son varios informes técnicos internos que advierten sobre filtraciones detectadas durante las evaluaciones realizadas en la presa».

Los documentos, elaborados por especialistas y remitidos a la dirección del INDRHI en 2025, recomiendan profundizar las investigaciones para determinar el comportamiento del flujo de agua y evaluar cualquier posible impacto sobre la seguridad de la estructura.

Sin embargo, el INDRHI sostiene que las evaluaciones realizadas concluyen que la presa cumple con los estándares internacionales de seguridad y que lo observado corresponde a procesos de percolación natural del terreno, sin evidencias de arrastre de materiales que comprometan la estabilidad de la obra.

Una obra que podría extenderse hasta 2030

• Las proyecciones oficiales indican que la Presa Monte Grande y todas sus obras complementarias podrían estar completamente terminadas hacia 2030, lo que significaría más de 21 años desde la firma del contrato original.
• De concretarse ese cronograma, el proyecto habrá atravesado cuatro administraciones presidenciales antes de concluirse, mientras en la región Enriquillo persiste la expectativa de que la obra pueda cumplir con la promesa de transformar el desarrollo agrícola, económico y social del sur dominicano.

El caso volvió a poner bajo cuestionamiento el uso de la fuerza por parte de algunos agentes policiales y reavivó el debate sobre la actuación de la institución durante las intervenciones en las comunidades.

Lo que comenzó como una intervención a un conductor de motocicleta terminó con un joven muerto, un agente sometido a la justicia y una comunidad que salió a las calles para exigir justicia y reclamar cambios dentro de la institución policial.

Las imágenes que conmocionaron al país

Las imágenes captadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran los segundos previos al disparo. En el video se escucha a la víctima decir:

«¿Pero por qué yo voy preso? Si tírame, yo tengo todo lo mío ahí…»

Instantes después, se escucha el disparo y los gritos desesperados de quienes presenciaban la escena.

«¡Lo mataste, loco!», se oye decir a varias personas.

Darling Mercado Reyes cayó al suelo tras recibir un disparo a quemarropa en el tórax. Murió poco después.

De acuerdo con versiones de testigos y residentes del sector, el hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde del viernes, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia requisaba a Fénix Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima.

Familiares y vecinos aseguran que el joven intentó intervenir para evitar que se llevaran el motor, momento en el que recibió el disparo.

Protestas, reclamos y exigencia de justicia

Horas después del hecho, la Policía Nacional informó que el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, que asumió la investigación penal para establecer las responsabilidades correspondientes.

La institución calificó la actuación del agente como un hecho «inaceptable y totalmente contrario a los principios, valores, normas y protocolos policiales» y anunció además la sustitución del comandante del Departamento de Santo Domingo Oeste.

Pero la respuesta oficial no calmó el descontento.

Desde la misma noche del viernes, residentes de Herrera protagonizaron protestas con quema de neumáticos y manifestaciones para exigir justicia.

El funeral de Darling, celebrado el domingo, también se convirtió en una manifestación de dolor e indignación.

Entre lágrimas, su madre, Leiny Reyes, lanzó un llamado a las autoridades.

«Quiero justicia por mi hijo. Mi hijo no era un criminal. Ni a un perro fue que mataron».

La indignación también llegó hasta el presidente Luis Abinader, quien calificó el hecho como inaceptable durante una actividad oficial en Montecristi.

«Fue asesinado un joven en manos de un policía que no puede llamarse policía, porque eso es un animal».

El mandatario afirmó sentirse profundamente indignado y sostuvo que el responsable debe responder ante la justicia.

«Tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones. Cuando uno ve un video como ese, entiende que fue una acción que no tenía ningún sentido y que debió ser un acto completamente normal».

Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que el caso vuelve a evidenciar problemas estructurales dentro de la institución policial.

Durante una marcha pacífica, el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Báez, pidió cambios en el mando policial del municipio.

«Ayer fue Darling y mañana puede ser uno de nuestros hijos. Siempre hemos denunciado el maltrato y los atropellos«.

Los residentes de Herrera coinciden en que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que, aseguran, continúa afectando la relación entre la Policía y las comunidades.

• Este lunes, el cabo José Francisco Moreta Heredia fue trasladado al Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste para conocerle medida de coerción.
• Sin embargo, la audiencia fue aplazada y será el miércoles al mediodía cuando un tribunal decida las medidas que enfrentará mientras avanza el proceso judicial.

Entretanto, la familia de Darling Mercado y toda una comunidad mantienen un mismo reclamo: que el caso no quede impune y que se haga justicia.

Vías de alto flujo, como la autopista Las Américas, son convertidas en pistas improvisadas donde la velocidad, las apuestas y la adrenalina desafían a las autoridades y ponen en riesgo la vida de pilotos, espectadores y conductores inocentes.

Una investigación evidencia cómo estos eventos se organizan prácticamente a plena luz del día. En uno de los recorridos realizados por un equipo periodístico, decenas de personas bloquearon el tránsito en varias ocasiones para intentar una carrera de 800 metros.

Aunque hubo varios intentos fallidos y finalmente la intervención de agentes de RD Vial y la Digesett desmanteló la actividad, la escena dejó en evidencia la facilidad con la que este tipo de competencias se organiza en las principales carreteras del país.

Un negocio que mueve dinero, pero también tragedias

Para muchos mecánicos, las competencias representan una fuente importante de ingresos.

Abel Brito, conocido como «JR», explica que ganar carreras significa prestigio para un taller y, en consecuencia, la llegada de nuevos clientes.

Detrás de cada motocicleta hay semanas de preparación y modificaciones profundas. Se eliminan frenos, suspensiones, baterías y otras piezas para reducir peso y aumentar velocidad. Algunas alcanzan cerca de 190 kilómetros por hora en apenas media milla, gracias a motores modificados que duplican prácticamente las especificaciones originales.

Sin embargo, especialistas advierten que detrás de ese negocio existe una realidad preocupante.

Jeffry Jiménez, quien trabaja junto a la Federación Dominicana de Moto Velocidad en una propuesta para transformar estas competencias, sostiene que las carreras dejaron hace tiempo de ser clandestinas.

«Ya no lo hacen escondidos, lo hacen abiertamente», afirma, al señalar que el problema involucra a miles de jóvenes en distintas provincias como Santo Domingo, Santiago, Nagua y otras localidades donde las vías públicas son utilizadas como pistas improvisadas.

El alto costo humano y la propuesta para cambiar el rumbo

Las consecuencias de estas carreras quedan reflejadas en historias como la de Braylin, un adolescente de 17 años que murió tras resultar gravemente herido en un accidente relacionado con una carrera de motocicletas en Puerto Plata.

Su madre, Ana Delia de los Santos, visita diariamente el cementerio donde está sepultado su hijo y asegura que nunca imaginó que una simple salida para comprar combustible terminaría convirtiéndose en una tragedia familiar.

Los médicos también enfrentan diariamente el impacto de estos accidentes. El traumatólogo ortopedista Stalin Echavarría explica que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 15 y 24 años que llegan con fracturas múltiples, traumatismos craneales y lesiones permanentes.

Según expone, una cirugía por una fractura puede costar entre RD$200,000 y RD$250,000, mientras que un paciente que requiere cuidados intensivos puede representar gastos cercanos a RD$700,000, sin contar los costos posteriores de rehabilitación.

• Las cifras respaldan esa preocupación. De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, más de 30 mil personas han resultado lesionadas en accidentes de motocicletas en lo que va de año.
• Mientras que los accidentes de tránsito representan pérdidas estimadas en alrededor de RD$130 mil millones, equivalentes al 2.2 % del Producto Interno Bruto, entre gastos médicos, discapacidad y reducción de productividad.

Frente a este panorama, representantes de la Federación Dominicana de Motociclismo, legisladores y técnicos del Intrant impulsan una propuesta para trasladar estas competencias a espacios controlados como el Autódromo Internacional de Las Américas, bajo estrictas normas de seguridad, reglamentos deportivos, uso obligatorio de equipos de protección y capacitación permanente.

El presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo, Adriano Abreu Sued, asegura que el autódromo está abierto a recibir a estos corredores, siempre que se integren al deporte formal y cumplan con todas las exigencias de seguridad nacionales e internacionales.

La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en países como Brasil, México y Argentina, donde las autoridades combinaron sanciones contra las carreras ilegales con la creación de espacios regulados para la práctica deportiva.

Aunque reconocen que la medida no eliminaría completamente el problema, promotores del proyecto estiman que podría reducir de forma significativa las competencias en las calles y evitar nuevas muertes.

Mientras tanto, madres como Ana Delia solo tienen un mensaje para quienes siguen participando en estas carreras.

«Que las detengan, que hagan campañas para que no sigan muriendo jóvenes, lo que se busca en esas carreras es la muerte», reclama.

Su historia ha quedado registrada en audios, videos y testimonios familiares que hoy forman parte de una investigación judicial en curso contra su pareja sentimental, el policía Adonis Peña Pimentel.

“Me llenaba los brazos de moretones…” se escucha decir a Nikaury en uno de los audios que su familia conserva como prueba del presunto calvario que vivía en silencio.

“Hasta yo ir al baño, él se entraba conmigo”, se le oye en otro fragmento que revela un patrón de control extremo y violencia psicológica.

“Nadie lo va a saber, porque yo te voy a matar”, es otra de las frases atribuidas al entorno de amenazas que rodeaba a la joven.

Un vínculo marcado por el control, el miedo y señales ignoradas

La madre de la víctima, Yubelkis Taveras, relató entre lágrimas cómo fue la relación entre su hija y el ahora imputado. Según su testimonio, ambos se conocieron en la universidad y mantuvieron un noviazgo que, aunque aparentemente corto, evolucionó hacia una dinámica que ella nunca imaginó.

“Ellos se conocieron en la universidad, tuvieron un noviazgo, pero era de un año y meses”, explicó.

Taveras asegura que nunca notó signos evidentes de maltrato hasta que fue demasiado tarde:

“Nunca me contó nada del maltrato… nunca, nunca”, afirmó.

Sin embargo, recuerda haber visto moretones que su hija justificaba sin dar detalles: “Yo le pregunté por esos morados y me dijo que se había golpeado con algo… y yo me quedé con eso”, relató.

El punto de quiebre, según el expediente y los testimonios, ocurrió el 21 de marzo, fecha en la que se produjo el hecho que terminaría desencadenando la tragedia.

El día del disparo, la investigación y las versiones enfrentadas

De acuerdo con el relato de la madre y los documentos judiciales, ese día se produjo una discusión dentro del apartamento donde residía la joven. Posteriormente, se registró un forcejeo y un disparo.

“Hubo un primer disparo en la cama… él venía bajando con la pistola”, narra un testigo del entorno recogido en la investigación.

Las cámaras de seguridad muestran a dos hombres entrando al área del edificio antes del incidente, y luego a uno de ellos regresando en medio de la confusión, mientras el agresor huía del lugar.

El Ministerio Público señala como imputado principal a Adonis Peña Pimentel, miembro de la Policía Nacional, acusado de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio que posteriormente derivó en muerte, junto a otro implicado que habría intervenido durante los hechos.

Según la solicitud de medida de coerción, el disparo que impactó a Nikaury se produjo durante un forcejeo. Sin embargo, la familia rechaza esa versión.

“No fue homicidio involuntario, fue asesinato… él la iba a matar”, sostuvo su padre, Dionisio Heredia.

“Me la mataron”: el dolor de una familia

Tras el impacto de bala, Nikaury fue trasladada al hospital Darío Contreras, donde permaneció en estado crítico durante más de 40 días. Las lesiones fueron devastadoras: daño en el hígado, pulmón derecho, costillas y afectación en la médula espinal.

Los médicos advirtieron que no volvería a caminar: “Eso fue lo más terrible para mí”, dijo su madre.

Durante su recuperación, la joven también dejó grabaciones donde expresaba su estado emocional:

“Hoy no es un día bueno, me siento muy abrumada”, se le escucha decir en un video.

Su amiga cercana, Franchesca López, aseguró que la víctima llegó a confesarle episodios graves de violencia física, incluso una pérdida de embarazo tras una agresión.

“Ella estaba enamorada, pero vivía una situación emocional muy fuerte”, afirmó.

El caso actualmente se encuentra en fase investigativa. La defensa de la familia insiste en que se califique como homicidio voluntario, mientras el Ministerio Público evalúa la acusación formal.

“Queremos justicia, que esto no se quede así”, dijo la madre entre lágrimas.

Un caso que expone el ciclo de la violencia

Nikaury Heredia falleció tras semanas de complicaciones médicas derivadas del disparo. Su historia, reconstruida a través de audios, testimonios y expedientes, se ha convertido en un retrato crudo de lo que su familia describe como un proceso de violencia progresiva, control psicológico y amenazas constantes.

• Hoy, su caso continúa en los tribunales, mientras su familia insiste en una sola exigencia: justicia.

Su historia personal, sin embargo, terminó cruzándose con una investigación que hoy apunta a una presunta estructura de corrupción administrativa dentro del sistema de atención oncológica del norte del país.

El paciente no solo fue beneficiario del servicio médico, sino que también terminó vinculado laboralmente al centro, lo que le permitió, según su propio testimonio, observar desde dentro el funcionamiento de la institución administrada por el Patronato Cibaeño contra el cáncer.

Del paciente al testigo interno: “yo vine en silla de ruedas”

Valdez recuerda su llegada al centro médico sin rodeos, con un lenguaje directo, de calle:

“Cuando yo vine a chequearme aquí me mandaron a un centro… de ahí vine y cuando me dijeron lo que tengo: un cáncer terminal, un cáncer malo. Yo vine en silla de ruedas, vine con muletas”, relató.

Con el paso del tiempo, pasó de paciente a empleado de seguridad dentro del patronato, lo que según dice le permitió ver la realidad interna de la institución desde otra perspectiva.

“Me quedé como empleado de aquí y de la casa de acogida”, afirmó.

Investigación por presunta red de irregularidades y enriquecimiento ilícito

Mientras pacientes luchaban diariamente por acceso a medicamentos, camas y tratamientos, el Ministerio Público investiga la existencia de una presunta estructura criminal que habría operado entre 2018 y 2025 dentro del patronato, entonces dirigido por Héctor Antonio Lora Cruceta.

Según las imputaciones, junto a él figuran su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora.

De acuerdo con el actual presidente de la entidad, el doctor Yván Mercader, al asumir encontró un panorama crítico:

“Encontramos realmente un desorden administrativo, no había sistema contable, ni de facturación, ni de recursos humanos bien establecido”, explicó.

Mercader aseguró además que la administración anterior concentraba prácticamente todo el control operativo:

“Todas las funciones las hacía él… manejaba la institución solo a través del celular”.

El presunto esquema financiero bajo investigación

Documentos del caso señalan que una de las modalidades investigadas consistía en la cesión de la facturación de las ARS de pacientes asegurados a una firma contable vinculada a una de las imputadas.

Según la acusación, este mecanismo habría permitido la retención de porcentajes de pagos médicos y administrativos, incluyendo comisiones sobre facturación general del centro.

El propio Mercader afirmó:

“Ella era auditoría externa e interna, las dos cosas… por factura todo cobraba; podía ascender hasta un millón mensual”.

El Ministerio Público sostiene además que la imputada habría recibido más de 50 millones de pesos directamente, otros 42 millones a través de empresas vinculadas y más de 8 millones adicionales mediante otra firma contable, lo que elevaría el supuesto enriquecimiento ilícito a más de 100.5 millones de pesos dominicanos.

En medio de las cifras, los expedientes y las acusaciones, la realidad diaria en el centro oncológico sigue marcada por pacientes como Ernesto Enrique Valdez, quien continúa regresando cada 21 días para recibir su tratamiento.

• Mientras tanto, la investigación judicial busca esclarecer qué ocurrió detrás de los muros de una de las principales instituciones dedicadas a la atención del cáncer en la región norte del país.

Solo en los primeros tres meses, el país contabilizó 22 casos, una cifra que refleja una tendencia que no se detiene y que crece semana tras semana ante una sociedad que, aunque impactada, sigue mirando con preocupación.

La situación se agrava si se toma en cuenta que en el mes de mayo se habrían sumado 13 asesinatos de mujeres a manos de sus actuales o exparejas, mientras que en los primeros días de junio ya se reportaban otros ocho casos.

Cifras que alarman y una violencia que no se detiene

El reciente Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del Ministerio Público confirma el incremento de estos hechos. Los números no solo son fríos; también cuentan historias marcadas por la tragedia.

Entre los casos más recientes figuran hechos ocurridos en distintas provincias del país:

• En Baní, fue asesinada Paola Lara Martínez, de 29 años, el pasado 2 de junio.
• En Nagua, se reportó el crimen de Belkis María Padilla Lantigua, de 54 años.
• En Puerto Plata, murió Lisbeth Beltré, de 29 años, a manos de su expareja.
• En Higüey, fue asesinada Yaidy Chami Cedeño, de 31 años, a inicios de la semana pasada.

Cada caso se suma a una lista que sigue creciendo y que deja detrás familias rotas, hijos huérfanos y comunidades impactadas

“No ocurre de la noche a la mañana”: la mirada experta

El psicólogo clínico Luis Vergés advierte que el feminicidio no es un hecho aislado ni repentino, sino el resultado de un proceso de violencia sostenida que muchas veces pasa desapercibido.

Estos hombres pueden parecer funcionales, trabajadores, incluso respetados en su entorno, pero detrás hay una historia de violencia que se ha ido acumulando”, explica el especialista al referirse a lo que define como una “doble fachada”, donde el agresor oculta su comportamiento real ante la sociedad.

Vergés señala que detrás de estos crímenes suelen aparecer factores como la misoginia, el deseo de control, la posesividad y una marcada desigualdad de poder dentro de las relaciones.

“Cuando una mujer deja de ser vista como persona y pasa a ser vista como un objeto de posesión, se abre una puerta peligrosa”, advierte.

Una sociedad que ya había sido advertida

En 2018, investigaciones periodísticas ya habían entrevistado a hombres condenados por feminicidio en centros penitenciarios del país. En aquel entonces, especialistas alertaban sobre los patrones de conducta y la necesidad de intervención temprana.

Hoy, ocho años después, el problema no solo persiste, sino que muestra nuevas capas de complejidad. Desde el análisis de Vergés, el feminicidio es la consecuencia final de una cadena de violencia que comienza mucho antes del acto fatal.

«La sociedad todavía reacciona tarde”, advierte el experto, al señalar que muchas veces el entorno minimiza señales de alerta o normaliza comportamientos violentos hasta que ya es demasiado tarde.

En medio de esta realidad, los nombres de las víctimas recientes se suman a una estadística que deja de ser número y se convierte en urgencia social.

Mientras tanto, los feminicidios siguen ocurriendo y el país vuelve a hacerse la misma pregunta incómoda:

• ¿Cuándo se rompe el ciclo?