Aunque la cantidad representa una reducción frente a los hasta 70,000 casos mensuales registrados anteriormente, el esquema de fraude todavía persiste.

El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sahdalá, informó a El Informe con Alicia Ortega que alrededor de 333 casos han sido sometidos a las autoridades, mientras la institución ha reforzado sus mecanismos para identificar movimientos sospechosos dentro del sistema.

• La TSS detecta actualmente entre 4,000 y 5,000 casos mensuales.
• Unos 333 casos han sido sometidos a las autoridades.

Personas aparecen en nóminas sin haber trabajado

Las denuncias recopiladas muestran casos de ciudadanos que descubrieron que figuraban en nóminas públicas o privadas sin haber prestado servicios en esas instituciones.

Uno de los casos corresponde a Victoria Viquei de Oviedo de León, residente en Haina, San Cristóbal, quien aseguró que perdió temporalmente su seguro subsidiado luego de aparecer como empleada de dos juntas distritales ubicadas en Matanzas, Peravia, y Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.

Victoria afirmó que nunca trabajó en esos lugares. Los registros reflejaban salarios de entre 800 y 1,600 pesos mensuales.

Otro caso involucra al Picapollo El Cacú, un pequeño negocio ubicado en Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez. Su propietario, Domingo Durán, relató que llegó a descubrir una deuda de casi nueve millones de pesos con la TSS y una nómina que incluía alrededor de 900 supuestos empleados.

Según la investigación, entre 2019 y principios de 2022 el establecimiento llegó a figurar con nóminas de cientos de trabajadores, pese a tratarse de un pequeño negocio. En algunos registros fueron identificados alrededor de 1,250 supuestos colaboradores.

Al contactar a algunas de las personas que figuraban como empleados, varias aseguraron que nunca habían trabajado allí. Parte de ellas indicó que había adquirido seguros de salud mediante intermediarios.

Claves de empleadores, en el centro del esquema

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas durante la investigación, el esquema incluye personas que ofrecen inscribir a ciudadanos en la Seguridad Social a cambio de pagos que pueden oscilar entre 2,000 y 5,000 pesos, aprovechando principalmente la necesidad de quienes buscan acceder a un seguro médico.

Para realizar las afiliaciones se utilizan claves asignadas a los empleadores. Según la TSS, en algunos casos estas credenciales son prestadas, vendidas o entregadas a terceros, quienes posteriormente crean nóminas e incluyen personas que realmente no trabajan para esas empresas.

La institución aclaró que la TSS no inscribe directamente a trabajadores en las empresas, debido a que esa operación solamente puede realizarse mediante la clave asignada a cada empleador. Por esta razón, las denuncias remitidas al Ministerio Público recaen sobre los responsables de las compañías a las que fueron entregadas esas credenciales.

«Como parte de las medidas de control, la Tesorería informó que vigila aumentos repentinos de empleados en pequeñas empresas, ayuntamientos y distritos municipales, además de incrementos atípicos en las recaudaciones».

La TSS recomendó a los ciudadanos revisar periódicamente su historial en la Seguridad Social, debido a que una afiliación fraudulenta podría provocar la pérdida temporal de un seguro contributivo o subsidiado y obligar al afectado a gestionar nuevamente su inscripción.

Mientras la Policía Nacional sostiene que estos casos son investigados y que sus agentes enfrentan, en su mayoría, a personas armadas, testimonios de familiares y videos de algunos operativos cuestionan la versión oficial sobre cómo ocurrieron varias de esas muertes.

Los números muestran además un cambio en la tendencia. En 2024 fueron reportados 227 fallecidos en estos episodios; la cifra bajó a 187 en 2025, pero durante la primera mitad de 2026 ya alcanzaba 146. Esto significa que, de acuerdo con los datos incluidos en el reportaje, durante ese período murió aproximadamente una persona cada 30 horas en actuaciones policiales.

• 146 fallecidos fueron contabilizados en los primeros seis meses de 2026.
• Familias y videos han puesto en duda la versión de “intercambio de disparos” en algunos casos.

Detrás de esas estadísticas hay nombres, viviendas y familias que todavía buscan respuestas.

Una de ellas es Rosmery Galván Kelly, pareja de Jhoel Severino de los Santos, de 33 años, quien murió durante una actuación policial en el sector Los Solares, próximo al kilómetro 14 de la autopista Duarte. Según la versión inicial de las autoridades, Severino cayó durante un enfrentamiento y en el lugar fue ocupada una pistola Glock.

La mujer asegura que aquel día ella y su esposo estaban en casa. Habían despertado tarde y tomaban café en la sala. Severino le dijo que iría a bañarse y, poco después, ella escuchó disparos. Cuando reaccionó, relata, su pareja ya estaba en el suelo.

Galván Kelly sostiene que no escuchó advertencias ni llamados para que Severino saliera de la vivienda y asegura que los agentes comenzaron a disparar sin que mediara conversación.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, afirmó que entre 15 y 20 policías llegaron a la casa. También asegura que fue esposada y retenida mientras intentaba acercarse a su pareja.

“Desde ese día yo no he podido dormir porque eso es lo único que veo, la cara de ese hombre disparándole a mi esposo”, relató.

Una escena que la familia dice fue alterada

El relato de Rosmery no se limita al momento de los disparos. Asegura que, mientras permanecía retenida en la parte trasera de una camioneta policial, observó a agentes entrar nuevamente a la vivienda con un bulto y posteriormente a otro equipo llegar con guantes y un maletín.

Según su testimonio, vio cómo limpiaban sangre de las escaleras y afirmó que cámaras instaladas en un negocio cercano fueron retiradas y destruidas. La mujer también denunció la desaparición de celulares, prendas y más de 200 mil pesos que, según dijo, estaban destinados a comprar materiales para terminar el negocio que su pareja construía.

Consultado sobre las acusaciones de posible alteración de la escena, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que no tenía conocimiento de esa situación y sostuvo que tendría que ser corroborada mediante una investigación. Explicó además que las muertes violentas pasan a la Inspectoría y a los organismos de control interno de la institución.

La Policía sostuvo que Severino era buscado mediante una orden de arresto relacionada con heridas supuestamente ocasionadas a Ángel Manuel Frías en Villa Altagracia.

Su pareja rechaza esa explicación y afirma que él había estado recientemente ante las autoridades y tenía otra cita judicial pautada. Pesqueira señaló que las circunstancias de su muerte están bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público.

Casi un mes después de presentar su denuncia, Galván Kelly decía que todavía esperaba respuestas.

“Eso es lo que estoy buscando, que me hagan caso, que me escuchen bien, que me ayuden a aclarar la muerte de mi esposo”, expresó.

En la casa quedó a medio terminar el local comercial en el que Severino, según su pareja, planeaba instalar un negocio. También se dedicaba a la música urbana y, cinco años antes de morir, había interpretado una canción sobre los intercambios de disparos, una coincidencia que hoy adquiere otro significado para su familia.

Un video contradice otro “intercambio”

El caso de Severino no es el único incluido en el reportaje en el que la versión policial es cuestionada. Tras la muerte de Marqui Abraham García Gil, la información difundida inicialmente indicaba que había fallecido durante un intercambio de disparos.

Sin embargo, posteriormente circuló un video de una cámara de seguridad que, según el material analizado, muestra a García Gil con los brazos levantados aparentemente en señal de rendición cuando un agente le dispara a corta distancia. Luego se observa a otros policías acercarse y moverlo, mientras una mujer que aparentemente presenció el hecho intenta salir del lugar.

Para Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hechos como estos afectan la confianza de la población en la institución policial. Mercedes sostiene además que ser perseguido por la Justicia o tener antecedentes no elimina el derecho de una persona a ser detenida y sometida al debido proceso.

La Policía, en cambio, defiende que cada muerte es documentada e investigada.

Pesqueira afirmó que cuando se demuestra que un agente excedió el uso de la fuerza, este es suspendido, cancelado y sometido a la Justicia. También señaló que en la mayoría de esos casos se trata de personas armadas que atacan a los agentes durante las operaciones para capturarlas.

Las cifras, incluso, varían según la fuente. Mientras los datos policiales citados en el documento contabilizan 146 fallecidos durante los primeros seis meses de 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura registrar 225 muertes hasta julio, frente a 205 durante todo 2025.

Mercedes cuestiona que no exista una estadística pública unificada que permita establecer con claridad la dimensión del problema.

La organización también advierte que estas muertes continúan produciéndose en medio del proceso de reforma policial. Mercedes afirma que durante los trabajos de transformación se elaboró un reglamento sobre las circunstancias en que los agentes pueden utilizar la fuerza, pero cuestiona hasta qué punto esas normas han sido incorporadas a la formación cotidiana de los policías.

Así, detrás de cada comunicado que habla de un “intercambio de disparos” queda una cuestión que las cifras por sí solas no pueden responder: qué ocurrió realmente durante el operativo.

El caso también sacó a la luz los testimonios de otras mujeres que aseguran haber sido intervenidas por Emmanuel Hernández, señalado de hacerse pasar por cirujano plástico.

La investigación además reveló que el establecimiento donde ocurrió el procedimiento no contaba con licencia de habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Las denuncias recopiladas muestran un patrón similar: pacientes captadas a través de centros estéticos y redes sociales, procedimientos realizados en clínicas que, según los testimonios, no reunían las condiciones necesarias, y complicaciones que en algunos casos terminaron en infecciones, nuevas cirugías y millonarios gastos médicos.

• Salud Pública confirmó que la clínica donde murió Rebeca Brizard operaba sin habilitación y detectó 26 incumplimientos durante una inspección.
• Al menos dos mujeres más afirman haber sufrido graves complicaciones tras procedimientos atribuidos al mismo falso cirujano.

Una cirugía que terminó en tragedia

El viernes 24 de julio, Rebeca Brizard acudió junto a su esposo a la denominada Clínica Obesidad y Anti-envejecimiento Dra. Griselda Basora, donde sería sometida a una abdominoplastia y una lipotransferencia. Era la primera vez que ambos visitaban el lugar.

Según el relato de su esposo, la cirugía concluyó alrededor del mediodía, pero la joven le confesó algo que lo sorprendió: aseguró que nunca perdió el conocimiento durante el procedimiento y que sintió toda la intervención quirúrgica. Horas después comenzó a presentar dificultad para respirar, sed intensa y un progresivo deterioro físico.

Su madre, Sonia Toussaint, acudió al centro para acompañarla y describió que encontró a su hija respirando con dificultad y quejándose de un intenso ardor interno.

«Mami, yo estoy mala», repetía una y otra vez mientras pedía agua. Minutos después, mientras ambas permanecían abrazadas, la joven falleció.

Rebeca era propietaria de Fashionista RD, un negocio de venta de ropa que mantenía desde hacía más de una década. Familiares la describen como una emprendedora dedicada, que había construido su clientela a través de las redes sociales y que dejó tres hijos en la orfandad.

Las irregularidades detectadas en la clínica

Tras el fallecimiento, inspectores de la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública realizaron una verificación del establecimiento.

El informe concluyó que la clínica nunca obtuvo licencia de habilitación y que tampoco existía un proceso formal aprobado para operar como centro de salud. Aunque la propietaria había sometido documentación relacionada con planos arquitectónicos, las autoridades aclararon que ese trámite no equivalía a una autorización para ofrecer servicios médicos.

Durante la inspección también fueron identificadas 26 no conformidades, entre ellas:

• Prestación de servicios de salud sin licencia.
• Ausencia de unidad de cuidados intensivos.
• Falta de áreas prequirúrgicas y de recuperación postoperatoria.
• Inexistencia de una central de esterilización.
• Equipos con signos de deterioro y deficiencias en bioseguridad.
• Falta de protocolos de higiene y limpieza.

Las autoridades también sostienen que el centro promocionaba procedimientos estéticos mientras funcionaba al margen de la normativa sanitaria.

Las otras pacientes que rompieron el silencio

El caso de Rebeca llevó a otras mujeres a compartir experiencias similares.

Una de ellas es Gloria Mejía, residente en Estados Unidos, quien contó que fue referida a Hernández por una coordinadora de cirugías estéticas. Tras pagar 350 mil pesos por una abdominoplastia con liposucción, fue intervenida en otra clínica ubicada en Los Mameyes.

Tres días después, según su testimonio, la herida comenzó a abrirse completamente porque los puntos no resistieron. Hernández intentó volver a cerrarla en varias ocasiones, pero el problema persistió.

Finalmente buscó ayuda de un cirujano plástico certificado, quien le practicó una limpieza quirúrgica y detectó una bacteria que estaba destruyendo el tejido.

La mujer aseguró que los gastos médicos posteriores superaron los tres millones de pesos y que la experiencia le dejó profundas secuelas físicas y emocionales.

Otra paciente, cuya identidad fue protegida, afirmó que también fue captada a través de un centro estético y posteriormente trasladada a la clínica de Alma Rosa para ser operada.

Relató que el lugar no reunía condiciones para practicar cirugías, que permaneció consciente durante parte del procedimiento y que incluso la operación tuvo que detenerse por un apagón. Posteriormente desarrolló una infección severa, requirió transfusiones de sangre y un prolongado tratamiento médico.

¿Quién es Emmanuel Hernández?

De acuerdo con la investigación, Emmanuel Hernández no figura como cirujano plástico. El director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública afirmó que la información recopilada por las autoridades indica que se trata de un barbero que, años atrás, trabajó como camillero y asistente en una clínica de cirugía plástica.

Según el reportaje, posteriormente abrió una barbería y, con el tiempo, comenzó a realizar procedimientos quirúrgicos haciéndose pasar por médico.

La investigación continúa

Como parte de las pesquisas, las autoridades también entrevistan a otros profesionales de la salud vinculados al caso.

El anestesiólogo Omar Reyes declaró que fue llamado únicamente cuando la paciente ya presentaba una emergencia.

«Aseguró que, al llegar, encontró que se le practicaban maniobras de reanimación y que las posibilidades de salvarle la vida eran mínimas debido al tiempo transcurrido».

Mientras avanzan las investigaciones, los testimonios de Rebeca Brizard y de otras pacientes han vuelto a poner sobre la mesa los riesgos del intrusismo profesional y la importancia de verificar que tanto el médico como el centro donde se realizará un procedimiento estético cuenten con las autorizaciones y acreditaciones correspondientes.

A un mes del devastador terremoto que sacudió a Venezuela y dejó más de cinco mil fallecidos, el desastre ha reavivado el debate sobre el nivel de preparación del país ante un evento de gran magnitud.

Los expertos coinciden en que los sismos no pueden predecirse, pero sí es posible reducir sus consecuencias mediante edificaciones seguras, supervisión y educación ciudadana.

República Dominicana vive bajo una amenaza sísmica constante

El presidente de la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO), Eduardo Verdeja, explicó que la isla se encuentra justo en el borde donde interactúan las placas del Caribe y Norteamérica, una de las zonas del planeta donde se concentra una importante actividad sísmica.

Detalló que el territorio está atravesado por sistemas de fallas como la Septentrional, la Enriquillo-Plantain Garden y la Fosa de los Muertos, responsables de algunos de los terremotos más importantes registrados en la historia de La Española.

Por su parte, la directora de la Red Sísmica de INTEC, Claudia Germoso, afirmó que la actividad sísmica observada actualmente responde al comportamiento normal del territorio y aclaró que la percepción de un aumento de temblores suele intensificarse tras eventos de gran impacto en la región.

La investigadora explicó que la Tierra libera energía de manera constante y recordó que, aunque han transcurrido cerca de 80 años desde el último gran terremoto registrado en territorio dominicano, ese dato no permite establecer cuándo ocurrirá el próximo, por lo que insistió en fortalecer la preparación de la población.

Edificaciones seguras y educación, las principales herramientas

El director del Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola, Javier Rodríguez, informó que diariamente se registran entre seis y siete eventos sísmicos, de los cuales cuatro o cinco corresponden a temblores reales, monitoreados a través de una red de estaciones distribuidas en distintos puntos del país y complementadas con información de redes internacionales.

Rodríguez indicó que investigaciones recientes apuntan a que la falla Septentrional presenta un comportamiento diferente al que se pensaba anteriormente, información que permitirá mejorar los modelos de amenaza sísmica y el diseño de futuras construcciones.

En tanto, el ingeniero estructuralista Luis Abbot aseguró que la República Dominicana dispone de un reglamento sísmico actualizado, pero advirtió que el principal reto sigue siendo la supervisión de las construcciones, especialmente las informales, que representan cerca del 70 % de las viviendas del país, según explicó.

«Abbot señaló que las edificaciones deben diseñarse para resistir un terremoto sin colapsar, aun cuando sufran daños, y recomendó realizar evaluaciones estructurales periódicas para detectar vulnerabilidades».

Los especialistas también insistieron en que durante un sismo la población no debe salir corriendo. La recomendación es agacharse, cubrirse y sujetarse, y evacuar únicamente cuando el movimiento haya terminado, además de evitar ingresar nuevamente a estructuras que hayan resultado afectadas por las posibles réplicas.

• Los expertos coinciden en que los terremotos no pueden predecirse, pero sí es posible reducir sus efectos con prevención y construcciones seguras.
• República Dominicana registra actividad sísmica constante por su ubicación entre las placas del Caribe y Norteamérica.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate denuncias que se remontan a 2019, mientras la defensa y los representantes de las presuntas víctimas mantienen posiciones opuestas.

• Cinco mujeres han presentado denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el médico.
• La defensa denuncia irregularidades, mientras los abogados de las querellantes sostienen que cada caso debe responderse de forma individual.

Denuncias de distintos años vuelven a coincidir

La nueva solicitud de medida de coerción, emitida el 21 de julio, recoge un total de cinco denuncias contra el galeno. Entre ellas figura el testimonio de una mujer que aseguró haber acudido en 2021 a realizarse una sonografía transvaginal, donde, según el Ministerio Público, habría sido víctima de actos de naturaleza sexual durante el procedimiento médico.

De acuerdo con el expediente, la denunciante afirmó que el médico le pidió cambiar de posición durante el examen y que posteriormente le indicó que determinadas acciones eran «parte del procedimiento».

También aseguró que intentó abandonar el consultorio y encontró la puerta cerrada. La documentación del Ministerio Público incluye, además, una constancia de la sonografía practicada ese mismo año, firmada y sellada por el imputado.

A esta querella se suman otras tres presentadas por hechos que las denunciantes sitúan en 2019. Una de ellas, Teresa Domínguez, sostiene que denunció lo ocurrido ante las autoridades en ese momento, pero asegura que el caso no avanzó. Según su relato, decidió retomar el proceso tras conocer las denuncias más recientes.

Defensa habla de arbitrariedad; querellantes rechazan esa versión

El abogado Alberto Vásquez, representante legal del médico, afirmó que el Ministerio Público ha actuado de manera arbitraria al gestionar una nueva orden de arresto basada en una denuncia presentada meses atrás y cuestionó que los expedientes no fueran conocidos de forma conjunta. También sostuvo que varias de las acusaciones fueron promovidas a partir del primer caso conocido públicamente.

Esa versión fue rechazada por Marbolyn Rojas Silverio, abogado de tres de las denunciantes de 2019, quien aseguró que cada querella fue presentada por sus respectivas víctimas y que el Ministerio Público ha actuado conforme al proceso legal. Añadió que, aunque una de las denunciantes iniciales desistiera, la acción penal continúa por tratarse de un delito de acción pública.

Por su parte, el Ministerio Público informó por escrito que su actuación está guiada por la Constitución, las leyes y los principios de objetividad, legalidad e igualdad ante la ley. Agregó que su responsabilidad consiste en investigar los hechos denunciados, reunir las evidencias pertinentes y garantizar tanto los derechos de las presuntas víctimas como las garantías procesales del imputado.

Las agresiones sexuales en el ámbito médico constituyen una de las formas de violencia sexual que más dificultades presenta para su denuncia, debido a la relación de confianza que existe entre el paciente y el profesional de la salud.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que el abuso puede ocurrir cuando un profesional aprovecha su posición de poder durante una consulta o procedimiento médico.

La querella sostiene que el procedimiento habría sido realizado por una persona que, según las autoridades, no posee título médico ni odontológico, mientras la defensa rechaza esas acusaciones y afirma que los hechos deberán esclarecerse en los tribunales.

De acuerdo con la denuncia, la docente acudió al Centro Médico V Centenario convencida de que sería atendida por un especialista.

Sin embargo, tras el procedimiento comenzó a presentar fuertes dolores y posteriormente otro médico le habría diagnosticado una lesión en el nervio trigémino, que le provocó una neuralgia mandibular y pérdida permanente de sensibilidad en parte del rostro, según el expediente.

Una cirugía que cambió su vida

«La profesora relata que desde entonces su rutina cambió por completo«.

Afirma que vive medicada para controlar el dolor, tiene dificultades para hablar, abrir la boca y realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana, incluyendo su trabajo en las aulas.

Su abogado, Luis Daniel de León, sostiene que la querella incluye cargos por ejercicio ilegal de la profesión y señala que existen evidencias de que la paciente creyó en todo momento que estaba siendo atendida por un profesional autorizado.

Entre las pruebas figuran recetas, documentos y audios que, según la defensa de la víctima, serán incorporados al proceso judicial.

El expediente también señala que el procedimiento se habría realizado utilizando documentos vinculados al consultorio del cirujano maxilofacial William Radhamés Almánzar Escarramán, mientras que su hermano, Franklin José Almánzar Escarramán, es señalado como la persona que habría intervenido a la paciente. La querella atribuye responsabilidades tanto a ambos imputados como al centro médico.

Posturas enfrentadas y proceso en la justicia

El Ministerio de Salud Pública informó que, tras recibir la denuncia, realizó una inspección y determinó que Franklin José Almánzar Escarramán no posee titulación médica ni odontológica. La institución indicó además que requirió al centro de salud regularizar la documentación de varios profesionales que laboraban allí.

Por su parte, el Colegio Médico Dominicano, filial La Vega, respaldó al doctor William Almánzar durante su arresto, aunque aclaró que su apoyo se limitó a cuestionar la forma en que fue ejecutada la detención y no constituye un pronunciamiento sobre su inocencia o culpabilidad. Además, precisó que Franklin Almánzar no es médico, sino un asistente.

En tanto, la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos, Virginia Laureano, confirmó que la institución había recibido información sobre el caso meses antes y remitió la denuncia al Ministerio de Salud Pública al comprobar que la persona señalada no figuraba como profesional de la odontología.

Añadió que el gremio solo podrá emitir una conclusión técnica cuando un tribunal ordene el correspondiente peritaje.

La defensa de Franklin José Almánzar Escarramán sostiene que su representado no ha admitido haber realizado el procedimiento y asegura que la investigación deberá determinar si realmente incurrió en un acto de intrusismo profesional. Por su parte, el abogado de William Almánzar informó que su cliente decidió no ofrecer declaraciones en esta etapa del proceso.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega impuso a Franklin José Almánzar una garantía económica de RD$75,000, mientras que a William Radhamés Almánzar le fijó una garantía de RD$20,000, además de presentación periódica durante seis meses.

• Salud Pública afirma que la persona denunciada no posee título médico ni odontológico, mientras el caso continúa bajo investigación.
• La defensa de los imputados niega las acusaciones y sostiene que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades.

Los afectados aseguran haber perdido, solo en los casos documentados, más de RD$390 mil, mientras esperan que las autoridades avancen con las investigaciones.

• Cuatro víctimas relatan pérdidas que superan los RD$390 mil por paquetes turísticos que nunca se realizaron.
• Las denuncias describen un mismo patrón: ofertas atractivas, pagos anticipados, promesas de devolución y falta de respuesta.

El mismo método, diferentes víctimas

Las historias de Nelly Rivera, Edith Estrella, Indhira Melo y Rosario Báez presentan similitudes. Todas afirman haber conocido las ofertas a través de redes sociales o por recomendación de personas que sí habían viajado anteriormente con la agencia, lo que les generó confianza para realizar los depósitos.

«Nelly Rivera contó que en 2023 realizó un viaje sin inconvenientes a Colombia mediante la agencia».

Esa experiencia la llevó a aceptar una nueva oferta para viajar a Cartagena y Medellín, con un costo aproximado de US$660 por persona.

Según narró, completó los pagos con varios meses de anticipación, invirtiendo RD$94 mil, pero conforme se acercaba la fecha del viaje comenzaron las evasivas y nunca recibió los boletos aéreos. Posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Edith Estrella explicó que organizaba un viaje junto a tres amigas y llegó a transferir RD$60 mil después de que le aseguraran que existían boletos disponibles por una oferta limitada. Sin embargo, al no recibir los tickets prometidos, decidió cancelar el viaje y devolver el dinero a sus acompañantes para evitar que también resultaran afectadas.

Por su parte, Indhira Melo relató que convenció a varias familiares de aprovechar una supuesta promoción para viajar a Colombia.

En conjunto pagaron más de RD$200 mil, pero el viaje fue aplazado en varias ocasiones hasta que, meses después, comprendieron que habían sido engañadas. La afectada aseguró que interpuso una denuncia y obtuvo una orden de captura, aunque afirmó que el señalado no ha sido localizado.

Rosario Báez también aseguró haber confiado en la agencia luego de recibir referencias positivas. Indicó que pagó RD$40 mil por un paquete turístico que nunca se concretó y que incluso tomó un préstamo para cubrir el costo del viaje, el cual finalmente no se realizó.

Expertos alertan sobre las «agencias fantasmas»

El director ejecutivo de la agencia TravelWise, Jaime León, explicó que este tipo de casos suele apoyarse en ingeniería social, una estrategia mediante la cual los estafadores crean confianza, utilizan ofertas con tiempo limitado y presionan a los clientes para que realicen depósitos rápidos.

El especialista recomendó desconfiar cuando una empresa únicamente acepta transferencias bancarias y no ofrece pagos con tarjeta de crédito, ya que estas últimas brindan mayores mecanismos de reclamación. También aconsejó verificar que la agencia opere con correos corporativos, confirmar su registro y validar directamente si la persona que ofrece el servicio realmente pertenece a la empresa que dice representar.

Durante la investigación también se conoció que otras agencias de viajes aclararon públicamente que no mantienen ninguna relación comercial con Jeffrey Antonio Castillo Pimentel, luego de que varias víctimas afirmaran que este utilizaba nombres similares o aseguraba tener vínculos con empresas reconocidas para ganar credibilidad.

Asimismo, la Policía Nacional publicó una ficha informando que el hombre es requerido mediante una orden de arresto, mientras algunos afectados sostienen que continúan a la espera de avances en los procesos judiciales.

El caso es investigado como un presunto hecho de maltrato infantil, mientras el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Consejo Nacional para la Niñéz y la Adolescencia activaron los protocolos correspondientes.

La situación ha causado indignación entre padres y ciudadanos, especialmente porque las propias autoridades reconocen que existe un vacío legal en cuanto a la supervisión y regulación de guarderías privadas que ofrecen servicios de cuidado infantil.

Padres aseguran que hubo señales que pasaron desapercibidas

Una de las madres afectadas, identificada como «Laura» para proteger la identidad de su hijo, explicó que el menor llevaba más de dos años asistiendo al maternal y que, aunque en varias ocasiones observó arañazos, golpes y moretones, siempre recibió explicaciones que atribuían las lesiones a caídas o juegos con otros niños.

La mujer contó que descubrió lo ocurrido cuando la propia directora del centro la llamó para informarle que circulaban videos en redes sociales donde aparecía su hijo inmovilizado con cinta adhesiva.

«Nunca imaginé que era algo de una índole de maltrato«, expresó la madre, quien afirmó que su hijo no presenta ninguna condición médica o de comportamiento que justificara ese tipo de trato.

También solicitó atención psicológica para el menor, al asegurar que presenta secuelas tras lo ocurrido.

Otra madre, identificada como «Patricia», relató que su hija comenzó a mostrar cambios de conducta, miedo de asistir al centro y dependencia emocional. Tras ver uno de los videos, la niña le dijo:

«Esa soy yo, ella me amarra y me da con la correa duro«.

La familia presentó una denuncia ante las autoridades.

Por su parte, la profesora que aparece en las grabaciones admitió haber tomado la decisión de inmovilizar a uno de los niños, alegando que intentaba evitar que se golpeara debido a que era muy inquieto. Aseguró que actuó sin pensar y sostuvo que nunca tuvo la intención de maltratar a los menores.

• La directora del maternal, Joselfi Solano, informó mediante un video que las personas involucradas ya no laboran en el centro y afirmó que desconocía lo que estaba ocurriendo.
• También aseguró que el plantel está colaborando con las investigaciones.

Sin embargo, una de las madres cuestionó esa versión y afirmó que la directora le había reconocido previamente que sabía que su hijo había sido amarrado.

Conani reconoce limitaciones legales para supervisar guarderías privadas

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) explicó que la Ley 136-03 no le otorga un mandato específico para supervisar centros privados con fines comerciales, por lo que este tipo de establecimientos opera sin un sistema de inspección permanente.

La institución indicó que actualmente no existe un registro nacional de guarderías infantiles privadas, lo que dificulta la fiscalización y la aplicación de sanciones cuando se producen casos como este.

Además, señaló que el reglamento de aplicación de la Ley 342-22, que crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, deberá definir con mayor precisión qué organismo será responsable de regular estos centros.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades penales y administrativas del caso.

Conani recordó que el artículo 49 de la Ley 136-03 establece que todos los niños tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad por sus educadores, mientras que el artículo 48 prohíbe cualquier forma de castigo corporal o medida disciplinaria que vulnere sus derechos.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, es investigado por el Ministerio Público, mientras otra mujer afirma haber vivido una experiencia similar en el mismo centro.

Juan Francisco López Yapor relató que la tarde del 19 de febrero de 2026 trabajaba junto a una arquitecta en su oficina, ubicada en Santo Domingo Este, cuando tres hombres llegaron simulando ser clientes.

«Aparecen tres individuos preguntando por por mí y por las tramerías»; aseguró.

Según su versión, uno de ellos vestía uniforme de enfermero y, tras ingresar al lugar, lo redujeron violentamente, lo esposaron y le inyectaron una sustancia antes de trasladarlo en un vehículo hacia un destino que desconocía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el momento en que el empresario abre la puerta y segundos después es sometido por los tres hombres, mientras la arquitecta que lo acompañaba huye del lugar.

Internamiento y versiones enfrentadas

López Yapor afirma que fue llevado al Centro Renova, donde permaneció retenido contra su voluntad, recibió medicamentos y fue sometido a un tratamiento psiquiátrico sin su consentimiento. Según su relato, durante el ingreso le retiraron sus pertenencias y posteriormente le administraron un «cóctel» de medicamentos que le provocó un estado de somnolencia constante.

Una nota de ingreso, firmada el mismo día por la psiquiatra Ylsa Quero, señala que el paciente fue llevado al centro por presuntas alteraciones conductuales, incluyendo episodios de agresividad, irritabilidad y cambios en su comportamiento, información que, según el documento, habría sido suministrada por familiares.

Sin embargo, el empresario rechaza ese diagnóstico y sostiene que nunca padeció trastornos psiquiátricos, por lo que considera que su internamiento fue irregular.

Por su parte, el abogado del Centro Renova, René del Rosario, negó que el establecimiento reciba pacientes de manera involuntaria y aseguró que la institución solo admite personas que ingresan voluntariamente y pueden retirarse cuando así lo deseen. También afirmó que el centro no participa en la captura o traslado de pacientes.

En contraste, el abogado de López Yapor, Héctor Quiñones, sostiene que los familiares del empresario desconocían su paradero y que, tras presentar una denuncia, lograron ubicarlo en Renova con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Según dijo, inicialmente el centro se negó a permitir su salida hasta que, tras la intervención de las autoridades y la presión de la familia, fue liberado.

Posteriormente, López Yapor fue trasladado al Centro Médico Moderno, donde, de acuerdo con un documento médico citado en el expediente, fue diagnosticado con síndrome vertiginoso, intoxicación medicamentosa y deshidratación moderada, luego de haber permanecido ingresado en el centro psiquiátrico.

El caso se desarrolla en medio de un conflicto familiar

El abogado del empresario vincula los hechos al proceso de divorcio y a una disputa por el patrimonio familiar. Según explicó, días antes del presunto rapto habían solicitado medidas para inmovilizar fondos de empresas vinculadas a la pareja, lo que, a su juicio, habría motivado la acción denunciada.

Asimismo, cuestionó que, varios meses después de los hechos, las tres personas que participaron en el traslado aún no hayan sido identificadas.

Durante el reportaje también fue presentado el testimonio de una mujer identificada bajo el nombre ficticio de Melissa, quien aseguró haber sido ingresada contra su voluntad en el mismo centro psiquiátrico en enero de 2025, tras ser llevada por dos hombres con la autorización de su entonces pareja.

La mujer afirmó que permaneció nueve días internada, incomunicada y bajo tratamiento con medicamentos y sesiones de terapia electroconvulsiva. Sostiene que nunca había sido paciente psiquiátrica y que su ingreso ocurrió mientras buscaba separarse de su pareja y obtener la custodia de sus hijos.

En respuesta, el abogado de Renova reiteró que el centro no busca pacientes ni realiza internamientos forzosos, insistiendo en que todos los ingresos se producen de manera voluntaria.

La psiquiatra Ylsa Quero declinó ofrecer declaraciones sobre el caso, alegando que el proceso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público y que está obligada a respetar el deber de confidencialidad y el secreto profesional.

• Como parte del proceso judicial, a Nancy Estervina de Jesús, exesposa de López Yapor, le fue impuesta prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y presentación periódica cada 30 días como medida de coerción.
• Mientras tanto, el proceso judicial relacionado con la custodia de los hijos de Melissa continúa en los tribunales.

Mientras las autoridades aseguran que la obra sigue avanzando y que las infraestructuras pendientes serán licitadas próximamente, comunitarios, productores y organizaciones de la región denuncian que el proyecto original habría sido modificado, lo que reduciría el impacto económico y agrícola que durante décadas esperaron miles de familias.

La incertidumbre aumenta porque, a más de 16 años del inicio de su construcción, las obras complementarias continúan pendientes y todavía no existe una fecha oficial para concluir el proyecto en su totalidad.

Millonaria inversión y cambios que generan preocupación

Construida sobre el río Yaque del Sur, entre las provincias Barahona y Azua, la presa también beneficia a Bahoruco e Independencia y posee una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos de agua. El embalse fue inaugurado por el presidente Luis Abinader en enero de 2024 como parte de la primera fase del proyecto.

El contrato original fue firmado en 2009 por un monto de US$354.2 millones, pero cinco adendas elevaron el costo hasta US$588.9 millones, un incremento superior a US$234 millones respecto al presupuesto inicial.

Sin embargo, el principal reclamo de diversos sectores no gira únicamente en torno al costo, sino a los cambios que, según denuncian, afectarían el alcance del proyecto concebido originalmente.

Representantes de la Coalición Enriquillo, productores agrícolas, empresarios y líderes religiosos sostienen que el diseño inicial contemplaba obras que impulsarían el desarrollo integral de la región, entre ellas la construcción de canales de riego, una hidroeléctrica, el abastecimiento de agua potable por gravedad y nuevas infraestructuras para incorporar cientos de miles de tareas agrícolas a la producción.

Según Leonardo Mercedes, coordinador de la Coalición Enriquillo, la eliminación del canal lateral que abastecería una amplia zona agrícola impediría que unas 250 mil tareas se incorporen al sistema de riego, frustrando el impacto económico esperado para la región.

Comunidades desplazadas esperan cumplir promesas

La construcción del embalse obligó al traslado de comunidades completas como Monte Grande, Los Güiros, San Simón y La Meseta, cuyos habitantes recibieron viviendas en el nuevo centro poblado inaugurado en 2023.

No obstante, los comunitarios aseguran que todavía esperan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado, principalmente la entrega de parcelas agrícolas que les permitirían recuperar su medio de vida.

Santos Ferreras, representante del Comité de Protección y Defensa de la Comunidad Presa Monte Grande, afirmó que aunque las viviendas fueron entregadas, las tierras prometidas aún no han sido adjudicadas, pese a los acuerdos firmados con las autoridades.

También cuestionó las compensaciones económicas pagadas a algunos parceleros, al considerar que fueron insuficientes para adquirir nuevas propiedades agrícolas.

Desde el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) reconocen que la entrega de los terrenos aún está pendiente, aunque atribuyen la demora a dificultades técnicas relacionadas con la disponibilidad de las parcelas originalmente previstas.

El asesor en gestión medioambiental del organismo, Juan Fulvio Ureña, explicó que ahora se trabaja en un nuevo esquema que contempla fincas tecnificadas de diez tareas con sistemas modernos de riego, cuya entrega, aseguró, se realizará una vez concluyan los procesos pendientes.

INDRHI defiende los cambios por razones ambientales

Las modificaciones al proyecto, según el INDRHI, responden principalmente a criterios ambientales.

La institución sostiene que parte de los terrenos donde originalmente se proyectaba ampliar el riego quedaron dentro del Parque Nacional La Gran Sabana o forman parte de una cuenca sensible vinculada al Lago Enriquillo, por lo que llevar más agua hacia esa zona podría alterar su equilibrio hídrico y aumentar el riesgo de inundaciones.

Por esa razón, el organismo asegura que el nuevo enfoque consiste en optimizar los sistemas de riego existentes mediante tecnologías como el riego por goteo y la modernización de la infraestructura agrícola, en lugar de ampliar significativamente la superficie irrigada.

Asimismo, confirmó que mantiene en sus planes la construcción de una central hidroeléctrica de 13.2 megavatios, cuya licitación pública sería convocada una vez concluyan los procesos técnicos correspondientes.

Documentos técnicos también alertan sobre filtraciones

«Otro aspecto que ha despertado inquietud son varios informes técnicos internos que advierten sobre filtraciones detectadas durante las evaluaciones realizadas en la presa».

Los documentos, elaborados por especialistas y remitidos a la dirección del INDRHI en 2025, recomiendan profundizar las investigaciones para determinar el comportamiento del flujo de agua y evaluar cualquier posible impacto sobre la seguridad de la estructura.

Sin embargo, el INDRHI sostiene que las evaluaciones realizadas concluyen que la presa cumple con los estándares internacionales de seguridad y que lo observado corresponde a procesos de percolación natural del terreno, sin evidencias de arrastre de materiales que comprometan la estabilidad de la obra.

Una obra que podría extenderse hasta 2030

• Las proyecciones oficiales indican que la Presa Monte Grande y todas sus obras complementarias podrían estar completamente terminadas hacia 2030, lo que significaría más de 21 años desde la firma del contrato original.
• De concretarse ese cronograma, el proyecto habrá atravesado cuatro administraciones presidenciales antes de concluirse, mientras en la región Enriquillo persiste la expectativa de que la obra pueda cumplir con la promesa de transformar el desarrollo agrícola, económico y social del sur dominicano.