Vías de alto flujo, como la autopista Las Américas, son convertidas en pistas improvisadas donde la velocidad, las apuestas y la adrenalina desafían a las autoridades y ponen en riesgo la vida de pilotos, espectadores y conductores inocentes.

Una investigación evidencia cómo estos eventos se organizan prácticamente a plena luz del día. En uno de los recorridos realizados por un equipo periodístico, decenas de personas bloquearon el tránsito en varias ocasiones para intentar una carrera de 800 metros.

Aunque hubo varios intentos fallidos y finalmente la intervención de agentes de RD Vial y la Digesett desmanteló la actividad, la escena dejó en evidencia la facilidad con la que este tipo de competencias se organiza en las principales carreteras del país.

Un negocio que mueve dinero, pero también tragedias

Para muchos mecánicos, las competencias representan una fuente importante de ingresos.

Abel Brito, conocido como «JR», explica que ganar carreras significa prestigio para un taller y, en consecuencia, la llegada de nuevos clientes.

Detrás de cada motocicleta hay semanas de preparación y modificaciones profundas. Se eliminan frenos, suspensiones, baterías y otras piezas para reducir peso y aumentar velocidad. Algunas alcanzan cerca de 190 kilómetros por hora en apenas media milla, gracias a motores modificados que duplican prácticamente las especificaciones originales.

Sin embargo, especialistas advierten que detrás de ese negocio existe una realidad preocupante.

Jeffry Jiménez, quien trabaja junto a la Federación Dominicana de Moto Velocidad en una propuesta para transformar estas competencias, sostiene que las carreras dejaron hace tiempo de ser clandestinas.

«Ya no lo hacen escondidos, lo hacen abiertamente», afirma, al señalar que el problema involucra a miles de jóvenes en distintas provincias como Santo Domingo, Santiago, Nagua y otras localidades donde las vías públicas son utilizadas como pistas improvisadas.

El alto costo humano y la propuesta para cambiar el rumbo

Las consecuencias de estas carreras quedan reflejadas en historias como la de Braylin, un adolescente de 17 años que murió tras resultar gravemente herido en un accidente relacionado con una carrera de motocicletas en Puerto Plata.

Su madre, Ana Delia de los Santos, visita diariamente el cementerio donde está sepultado su hijo y asegura que nunca imaginó que una simple salida para comprar combustible terminaría convirtiéndose en una tragedia familiar.

Los médicos también enfrentan diariamente el impacto de estos accidentes. El traumatólogo ortopedista Stalin Echavarría explica que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 15 y 24 años que llegan con fracturas múltiples, traumatismos craneales y lesiones permanentes.

Según expone, una cirugía por una fractura puede costar entre RD$200,000 y RD$250,000, mientras que un paciente que requiere cuidados intensivos puede representar gastos cercanos a RD$700,000, sin contar los costos posteriores de rehabilitación.

• Las cifras respaldan esa preocupación. De acuerdo con el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, más de 30 mil personas han resultado lesionadas en accidentes de motocicletas en lo que va de año.
• Mientras que los accidentes de tránsito representan pérdidas estimadas en alrededor de RD$130 mil millones, equivalentes al 2.2 % del Producto Interno Bruto, entre gastos médicos, discapacidad y reducción de productividad.

Frente a este panorama, representantes de la Federación Dominicana de Motociclismo, legisladores y técnicos del Intrant impulsan una propuesta para trasladar estas competencias a espacios controlados como el Autódromo Internacional de Las Américas, bajo estrictas normas de seguridad, reglamentos deportivos, uso obligatorio de equipos de protección y capacitación permanente.

El presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo, Adriano Abreu Sued, asegura que el autódromo está abierto a recibir a estos corredores, siempre que se integren al deporte formal y cumplan con todas las exigencias de seguridad nacionales e internacionales.

La iniciativa toma como referencia experiencias implementadas en países como Brasil, México y Argentina, donde las autoridades combinaron sanciones contra las carreras ilegales con la creación de espacios regulados para la práctica deportiva.

Aunque reconocen que la medida no eliminaría completamente el problema, promotores del proyecto estiman que podría reducir de forma significativa las competencias en las calles y evitar nuevas muertes.

Mientras tanto, madres como Ana Delia solo tienen un mensaje para quienes siguen participando en estas carreras.

«Que las detengan, que hagan campañas para que no sigan muriendo jóvenes, lo que se busca en esas carreras es la muerte», reclama.

Su historia ha quedado registrada en audios, videos y testimonios familiares que hoy forman parte de una investigación judicial en curso contra su pareja sentimental, el policía Adonis Peña Pimentel.

“Me llenaba los brazos de moretones…” se escucha decir a Nikaury en uno de los audios que su familia conserva como prueba del presunto calvario que vivía en silencio.

“Hasta yo ir al baño, él se entraba conmigo”, se le oye en otro fragmento que revela un patrón de control extremo y violencia psicológica.

“Nadie lo va a saber, porque yo te voy a matar”, es otra de las frases atribuidas al entorno de amenazas que rodeaba a la joven.

Un vínculo marcado por el control, el miedo y señales ignoradas

La madre de la víctima, Yubelkis Taveras, relató entre lágrimas cómo fue la relación entre su hija y el ahora imputado. Según su testimonio, ambos se conocieron en la universidad y mantuvieron un noviazgo que, aunque aparentemente corto, evolucionó hacia una dinámica que ella nunca imaginó.

“Ellos se conocieron en la universidad, tuvieron un noviazgo, pero era de un año y meses”, explicó.

Taveras asegura que nunca notó signos evidentes de maltrato hasta que fue demasiado tarde:

“Nunca me contó nada del maltrato… nunca, nunca”, afirmó.

Sin embargo, recuerda haber visto moretones que su hija justificaba sin dar detalles: “Yo le pregunté por esos morados y me dijo que se había golpeado con algo… y yo me quedé con eso”, relató.

El punto de quiebre, según el expediente y los testimonios, ocurrió el 21 de marzo, fecha en la que se produjo el hecho que terminaría desencadenando la tragedia.

El día del disparo, la investigación y las versiones enfrentadas

De acuerdo con el relato de la madre y los documentos judiciales, ese día se produjo una discusión dentro del apartamento donde residía la joven. Posteriormente, se registró un forcejeo y un disparo.

“Hubo un primer disparo en la cama… él venía bajando con la pistola”, narra un testigo del entorno recogido en la investigación.

Las cámaras de seguridad muestran a dos hombres entrando al área del edificio antes del incidente, y luego a uno de ellos regresando en medio de la confusión, mientras el agresor huía del lugar.

El Ministerio Público señala como imputado principal a Adonis Peña Pimentel, miembro de la Policía Nacional, acusado de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio que posteriormente derivó en muerte, junto a otro implicado que habría intervenido durante los hechos.

Según la solicitud de medida de coerción, el disparo que impactó a Nikaury se produjo durante un forcejeo. Sin embargo, la familia rechaza esa versión.

“No fue homicidio involuntario, fue asesinato… él la iba a matar”, sostuvo su padre, Dionisio Heredia.

“Me la mataron”: el dolor de una familia

Tras el impacto de bala, Nikaury fue trasladada al hospital Darío Contreras, donde permaneció en estado crítico durante más de 40 días. Las lesiones fueron devastadoras: daño en el hígado, pulmón derecho, costillas y afectación en la médula espinal.

Los médicos advirtieron que no volvería a caminar: “Eso fue lo más terrible para mí”, dijo su madre.

Durante su recuperación, la joven también dejó grabaciones donde expresaba su estado emocional:

“Hoy no es un día bueno, me siento muy abrumada”, se le escucha decir en un video.

Su amiga cercana, Franchesca López, aseguró que la víctima llegó a confesarle episodios graves de violencia física, incluso una pérdida de embarazo tras una agresión.

“Ella estaba enamorada, pero vivía una situación emocional muy fuerte”, afirmó.

El caso actualmente se encuentra en fase investigativa. La defensa de la familia insiste en que se califique como homicidio voluntario, mientras el Ministerio Público evalúa la acusación formal.

“Queremos justicia, que esto no se quede así”, dijo la madre entre lágrimas.

Un caso que expone el ciclo de la violencia

Nikaury Heredia falleció tras semanas de complicaciones médicas derivadas del disparo. Su historia, reconstruida a través de audios, testimonios y expedientes, se ha convertido en un retrato crudo de lo que su familia describe como un proceso de violencia progresiva, control psicológico y amenazas constantes.

• Hoy, su caso continúa en los tribunales, mientras su familia insiste en una sola exigencia: justicia.

Su historia personal, sin embargo, terminó cruzándose con una investigación que hoy apunta a una presunta estructura de corrupción administrativa dentro del sistema de atención oncológica del norte del país.

El paciente no solo fue beneficiario del servicio médico, sino que también terminó vinculado laboralmente al centro, lo que le permitió, según su propio testimonio, observar desde dentro el funcionamiento de la institución administrada por el Patronato Cibaeño contra el cáncer.

Del paciente al testigo interno: “yo vine en silla de ruedas”

Valdez recuerda su llegada al centro médico sin rodeos, con un lenguaje directo, de calle:

“Cuando yo vine a chequearme aquí me mandaron a un centro… de ahí vine y cuando me dijeron lo que tengo: un cáncer terminal, un cáncer malo. Yo vine en silla de ruedas, vine con muletas”, relató.

Con el paso del tiempo, pasó de paciente a empleado de seguridad dentro del patronato, lo que según dice le permitió ver la realidad interna de la institución desde otra perspectiva.

“Me quedé como empleado de aquí y de la casa de acogida”, afirmó.

Investigación por presunta red de irregularidades y enriquecimiento ilícito

Mientras pacientes luchaban diariamente por acceso a medicamentos, camas y tratamientos, el Ministerio Público investiga la existencia de una presunta estructura criminal que habría operado entre 2018 y 2025 dentro del patronato, entonces dirigido por Héctor Antonio Lora Cruceta.

Según las imputaciones, junto a él figuran su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez y su actual esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora.

De acuerdo con el actual presidente de la entidad, el doctor Yván Mercader, al asumir encontró un panorama crítico:

“Encontramos realmente un desorden administrativo, no había sistema contable, ni de facturación, ni de recursos humanos bien establecido”, explicó.

Mercader aseguró además que la administración anterior concentraba prácticamente todo el control operativo:

“Todas las funciones las hacía él… manejaba la institución solo a través del celular”.

El presunto esquema financiero bajo investigación

Documentos del caso señalan que una de las modalidades investigadas consistía en la cesión de la facturación de las ARS de pacientes asegurados a una firma contable vinculada a una de las imputadas.

Según la acusación, este mecanismo habría permitido la retención de porcentajes de pagos médicos y administrativos, incluyendo comisiones sobre facturación general del centro.

El propio Mercader afirmó:

“Ella era auditoría externa e interna, las dos cosas… por factura todo cobraba; podía ascender hasta un millón mensual”.

El Ministerio Público sostiene además que la imputada habría recibido más de 50 millones de pesos directamente, otros 42 millones a través de empresas vinculadas y más de 8 millones adicionales mediante otra firma contable, lo que elevaría el supuesto enriquecimiento ilícito a más de 100.5 millones de pesos dominicanos.

En medio de las cifras, los expedientes y las acusaciones, la realidad diaria en el centro oncológico sigue marcada por pacientes como Ernesto Enrique Valdez, quien continúa regresando cada 21 días para recibir su tratamiento.

• Mientras tanto, la investigación judicial busca esclarecer qué ocurrió detrás de los muros de una de las principales instituciones dedicadas a la atención del cáncer en la región norte del país.

Solo en los primeros tres meses, el país contabilizó 22 casos, una cifra que refleja una tendencia que no se detiene y que crece semana tras semana ante una sociedad que, aunque impactada, sigue mirando con preocupación.

La situación se agrava si se toma en cuenta que en el mes de mayo se habrían sumado 13 asesinatos de mujeres a manos de sus actuales o exparejas, mientras que en los primeros días de junio ya se reportaban otros ocho casos.

Cifras que alarman y una violencia que no se detiene

El reciente Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del Ministerio Público confirma el incremento de estos hechos. Los números no solo son fríos; también cuentan historias marcadas por la tragedia.

Entre los casos más recientes figuran hechos ocurridos en distintas provincias del país:

• En Baní, fue asesinada Paola Lara Martínez, de 29 años, el pasado 2 de junio.
• En Nagua, se reportó el crimen de Belkis María Padilla Lantigua, de 54 años.
• En Puerto Plata, murió Lisbeth Beltré, de 29 años, a manos de su expareja.
• En Higüey, fue asesinada Yaidy Chami Cedeño, de 31 años, a inicios de la semana pasada.

Cada caso se suma a una lista que sigue creciendo y que deja detrás familias rotas, hijos huérfanos y comunidades impactadas

“No ocurre de la noche a la mañana”: la mirada experta

El psicólogo clínico Luis Vergés advierte que el feminicidio no es un hecho aislado ni repentino, sino el resultado de un proceso de violencia sostenida que muchas veces pasa desapercibido.

Estos hombres pueden parecer funcionales, trabajadores, incluso respetados en su entorno, pero detrás hay una historia de violencia que se ha ido acumulando”, explica el especialista al referirse a lo que define como una “doble fachada”, donde el agresor oculta su comportamiento real ante la sociedad.

Vergés señala que detrás de estos crímenes suelen aparecer factores como la misoginia, el deseo de control, la posesividad y una marcada desigualdad de poder dentro de las relaciones.

“Cuando una mujer deja de ser vista como persona y pasa a ser vista como un objeto de posesión, se abre una puerta peligrosa”, advierte.

Una sociedad que ya había sido advertida

En 2018, investigaciones periodísticas ya habían entrevistado a hombres condenados por feminicidio en centros penitenciarios del país. En aquel entonces, especialistas alertaban sobre los patrones de conducta y la necesidad de intervención temprana.

Hoy, ocho años después, el problema no solo persiste, sino que muestra nuevas capas de complejidad. Desde el análisis de Vergés, el feminicidio es la consecuencia final de una cadena de violencia que comienza mucho antes del acto fatal.

«La sociedad todavía reacciona tarde”, advierte el experto, al señalar que muchas veces el entorno minimiza señales de alerta o normaliza comportamientos violentos hasta que ya es demasiado tarde.

En medio de esta realidad, los nombres de las víctimas recientes se suman a una estadística que deja de ser número y se convierte en urgencia social.

Mientras tanto, los feminicidios siguen ocurriendo y el país vuelve a hacerse la misma pregunta incómoda:

• ¿Cuándo se rompe el ciclo?

Durante más de un siglo, la legislación penal dominicana ha respondido a una realidad completamente distinta a la actual: sin internet, sin delitos digitales y sin muchas de las formas de criminalidad moderna que hoy saturan los tribunales.

Ahora, con la nueva normativa ya aprobada y promulgada, el país entra en una etapa clave, donde la justicia promete actualizarse, pero no sin controversia.

Un sistema penal del siglo XIX frente a la era digital

El viejo código, vigente desde 1884 en la República Dominicana, ha sido durante décadas objeto de críticas por su incapacidad de responder a fenómenos modernos.

En ese contexto, la abogada penalista Sonia Marlene Guerrero explica que esta brecha obligó a jueces a “encajar” hechos graves en figuras que no siempre reflejaban el daño real.

Por ejemplo, casos como el ácido del diablo se terminaban juzgando como golpes y heridas, porque no había un tipo penal específico. El juez tenía que interpretar y adaptar”, señaló Guerrero.

El problema, según juristas, era claro: el principio de legalidad quedaba limitado por una norma desactualizada frente a nuevas realidades, como la violencia de género, el crimen organizado o los delitos informáticos.

73 nuevos delitos y una justicia más compleja

Con la reforma aprobada por el Congreso Nacional de la República Dominicana y promulgada por el Poder Ejecutivo, el nuevo Código introduce alrededor de 73 tipos penales nuevos, incluyendo:

• Ciberdelitos y suplantación de identidad
• Ciberacoso o bullying digital
• Sicariato con penas de hasta 40 años
• Feminicidio y violencia de género agravada
• Delitos vinculados a la inteligencia artificial
• Responsabilidad penal de empresas

Guerrero resume el cambio así: “Ahora el juez tiene una guía clara. Antes no existía el tipo penal; ahora sí, pero también viene más carga de trabajo y más interpretación”.

En la misma línea, el senador Antonio Taveras ha advertido que algunas disposiciones deben revisarse para evitar ambigüedades, especialmente en materia de difamación, injuria y libertad de prensa.

Aborto, salud y uno de los puntos más tensos

Uno de los temas más polémicos sigue siendo el tratamiento del aborto, ya que el nuevo código mantiene su penalización y no incorpora las llamadas tres causales.

Los artículos 108, 109 y 111 establecen penas que van desde prisión menor hasta 30 años en casos agravados, mientras solo se permite la interrupción del embarazo cuando esté en riesgo la vida de la madre o del feto.

Esto ha generado preocupación en el sector salud. El presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Luis Peña Núñez, advirtió que el texto “habla en generalidades que pueden poner en peligro la práctica médica”.

«Hay que establecer protocolos claros para evitar que se criminalice el ejercicio médico”, sostuvo.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP), Rafael Mena, alertó que la norma podría afectar a centros de salud por responsabilidad penal indirecta.

Política, prensa y libertad de expresión bajo revisión

El debate también ha llegado al terreno político y mediático. El senador Taveras propuso modificar el artículo 208 sobre difamación, argumentando que debe limitarse a casos de imputaciones falsas dolosas y evitar penas de prisión en situaciones ordinarias.

Además, cuestionó el artículo 310, que sanciona el “ultraje a funcionarios públicos”, al considerarlo incompatible con estándares democráticos.

Se debe proteger el derecho al escrutinio público sin miedo a sanciones penales desproporcionadas”, planteó el legislador.

Un cambio histórico, pero con muchas preguntas abiertas

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció la creación de una comisión especial para revisar propuestas de modificación antes de la entrada en vigencia.

Mientras tanto, juristas coinciden en que el nuevo código representa un avance estructural, pero también un reto enorme para el sistema judicial.

En palabras de Guerrero, la discusión no es solo legal, sino social: “Las penas no cambian sociedades por sí solas. El cambio real empieza en la educación y la cultura”.

La entrada en vigor del nuevo Código Penal marcará un antes y un después en la justicia dominicana. Pero su verdadero impacto no se medirá en el papel, sino en los tribunales, donde jueces, fiscales y abogados deberán interpretar una norma que busca modernizar el sistema, aunque aún genera intensos debates sobre sus límites.

En definitiva, la justicia dominicana entra en una nueva etapa, donde todo está por definirse: su alcance, su aplicación y, sobre todo, su capacidad de responder a un país que ya no es el mismo de 1884.

A simple vista, Villa Martina luce como un pueblo a medio construir. Algunas viviendas muestran avances significativos; otras permanecen en obra gris y gran parte de los terrenos continúan vacíos.

Según testimonios de afectados, más del 60 % del proyecto aún no ha sido desarrollado, pese a que cientos de miles de dólares fueron entregados por compradores dominicanos residentes en el exterior.

Con Villa Martina, realmente la gente buscaba calidad. No era solo una inversión, era una inversión de calidad», se promocionaba en redes sociales. Sin embargo, años después de las fechas prometidas de entrega, decenas de familias aseguran que siguen sin recibir sus propiedades ni una explicación definitiva sobre el destino de sus recursos.

El sueño de regresar al país terminó en una larga espera

Uno de los afectados es Juan González, residente en Luxemburgo desde hace más de 15 años, quien firmó en noviembre de 2021 una promesa de venta por una villa valorada en US$145,056.

González asegura que invirtió motivado por la seguridad, las amenidades y la posibilidad de establecerse en República Dominicana tras años de trabajo en Europa.

«Yo veía mi futuro allí, como todo dominicano, soñaba con volver a mi país», relata.

Según el contrato, la vivienda incluiría dos habitaciones, línea blanca completa, paneles solares, sistema de domótica y otras facilidades. El comprador pagó más de US$58 mil, equivalente al 40 % acordado inicialmente.

La entrega estaba prevista para 2023.

Convencido de que pronto se mudaría, incluso envió desde Europa cajas y pertenencias para equipar su futuro hogar. Hoy, dice, esos artículos permanecen almacenados y deteriorados por el paso del tiempo.

«Son sueños rotos, trabajé años, hice horas extras, sacrificios, pensando que estaba construyendo mi futuro. Ahora mismo estoy en la nada«, lamenta.

Historias similares se repiten entre otros compradores.

Ángel Rufino, residente en Nueva Jersey desde hace más de dos décadas, asegura haber invertido más de US$93 mil en una villa valorada en casi US$200 mil.

El proyecto le llamó la atención por sus amenidades, la cercanía con la playa artificial de Vista Cana y la promesa de viviendas equipadas con paneles solares.

«Todo se veía muy bonito en los planos y en la computadora. Uno confía porque le enseñan contratos, diseños y fechas de entrega», explica.

Sin embargo, la entrega pactada para diciembre de 2022 nunca se produjo.

Por su parte, Norma Silfa, una maestra retirada de 70 años, residente en Nueva Jersey, afirma haber invertido US$53 mil con la esperanza de regresar a República Dominicana para disfrutar su retiro.

«Era todo mi ahorro, pensaba pasar mis últimos años en mi país. Hoy no tengo respuestas y ya no estoy para comenzar de nuevo», expresa.

Conflictos societarios, financiamiento y procesos judiciales complican el panorama

Documentos revisados muestran que el proyecto surgió de una alianza entre la Constructora Apyca, S.R.L. y la empresa Tenedora 346850, S.R.L., propietaria original de los terrenos donde se desarrolla Villa Martina.

Según un acuerdo firmado en octubre de 2020, ambas partes constituyeron la sociedad Promotora La Tahona, S.R.L., responsable de desarrollar un proyecto de 102 unidades residenciales.

Sin embargo, la relación entre los socios terminó oficialmente en noviembre de 2022, apenas semanas antes de las primeras fechas de entrega prometidas a los compradores.

El ingeniero Jesús Mora, gerente de Constructora Apyca y principal responsable del proyecto, sostiene que los retrasos comenzaron debido a dificultades para obtener financiamiento bancario y a la tardanza en la aprobación de permisos.

Mora afirma que invirtió recursos propios en la construcción y posteriormente obtuvo un préstamo de RD$400 millones, destinado a financiar parte de las obras.

No obstante, documentos judiciales evidencian que surgieron diferencias entre la constructora y la entidad financiera respecto al avance de la obra y los desembolsos pendientes.

Según una adenda contractual, la institución financiera suspendió desembolsos en 2024 y notificó un mandamiento de pago con fines de embargo inmobiliario.

La constructora respondió con acciones judiciales y asegura que actualmente mantiene procesos legales para revertir esa situación.

Nosotros no queremos que nadie se quede sin vivienda. Hemos luchado para sacar el proyecto adelante y seguimos buscando soluciones», afirmó Mora.

Aun así, compradores denuncian que las explicaciones han cambiado constantemente durante los últimos años.

Siempre nos dijeron que ya casi entregaban, que faltaba poco. Así llevamos años», asegura Juan González.

Vista Cana se desvincula del conflicto

Ante los cuestionamientos de los compradores, representantes de Vista Cana enviaron una declaración en la que aseguran que no existe ni ha existido relación comercial con Villa Martina.

Según el comunicado, el terreno donde se desarrolla el proyecto pertenece a terceros y la responsabilidad de construcción, permisos, comercialización y entrega recae exclusivamente sobre los desarrolladores de Villa Martina.

La empresa agregó que su función se limita a proveer infraestructura y servicios generales dentro del urbanismo.

Asimismo, indicó que no participa en negociaciones relacionadas con el conflicto legal que actualmente enfrenta el proyecto.

Más de un centenar de familias esperan una solución

Los afectados calculan que más de 110 compradores, en su mayoría miembros de la diáspora dominicana, permanecen a la espera de respuestas concretas.

Algunos entregaron el 40 % inicial exigido por contrato. Otros aseguran haber completado pagos superiores e incluso haber saldado la totalidad de sus propiedades.

Mientras los tribunales conocen los distintos procesos vinculados al proyecto, las familias continúan esperando una solución que les permita recuperar sus inversiones o finalmente recibir las viviendas por las que trabajaron durante años.

«Nos levantamos antes del amanecer, trabajamos jornadas larguísimas para ahorrar ese dinero. Esto no es solo una inversión; es el sueño de regresar a casa», resume Ángel Rufino.

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, señalada en varios de los procesos judiciales relacionados con el proyecto, informó que no ofrecerá declaraciones debido a que el caso se encuentra actualmente bajo litigio.

• Por ahora, el futuro de Villa Martina continúa siendo incierto y, para decenas de familias, el anhelado retiro en Punta Cana sigue siendo una promesa sin cumplir.

El caso del niño Raudiel Martínez Corporán, de apenas 10 años, encontrado sin vida en una cañada en la comunidad de Hato Las Damas, vuelve a encender todas las alarmas sobre lo que está pasando dentro de los hogares y el sistema social.

El hecho ha causado profundo impacto en la comunidad, no solo por la edad de la víctima, sino porque el principal señalado por las autoridades es otro adolescente de 14 años, lo que coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre la violencia juvenil, la salud mental infantil y la falta de intervención temprana.

“Él era un niño alegre”: el dolor de una madre que no logra entender la tragedia

Entre lágrimas y recuerdos, la madre del menor, Ana Mercedes Corporán, describe a su hijo como un niño cariñoso, alegre y muy apegado a su familia.

“Mi niño era un niño alegre, le gustaba mucho jugar”, repite con la voz quebrada, intentando reconstruir los últimos momentos antes de la desaparición.

La mañana del hecho, la mujer salió a una cita médica con su hijo menor, sin imaginar que al regresar comenzaría la búsqueda más desgarradora de su vida. Raudiel no llegó a la casa de su abuela, como habían acordado.

“Yo le dije que fuera donde la abuela… pero él nunca llegó”, recuerda.

Horas de angustia, llamadas a vecinos, recorridos por el barrio y una comunidad entera buscándolo terminaron en la peor noticia: el cuerpo del niño fue hallado en una cañada, a pocos metros de su entorno habitual.

Una comunidad en shock y un patrón que se repite

El hallazgo dejó a los vecinos en estado de conmoción. Muchos aseguran que el miedo cambió la dinámica del barrio, donde antes los niños jugaban libremente.

“Yo anduve todo esto buscando a mi nieto”, relata el abuelo del menor, aún sin asimilar lo ocurrido.

Vecinos aseguran que el niño estaba a escasos minutos de su casa cuando ocurrió la tragedia, lo que hace más dolorosa la situación para la familia.

Pero este caso no es aislado. En los últimos meses se han registrado otros episodios de violencia protagonizados por menores, incluyendo agresiones con armas blancas y hechos ocurridos incluso en entornos escolares.

El trasfondo: señales que muchas veces se ignoran

Especialistas consultados advierten que detrás de muchos adolescentes involucrados en hechos violentos existen señales previas que suelen pasar desapercibidas en el hogar, la escuela o la comunidad.

El psiquiatra José López Mena explica que algunos menores presentan conductas que no son atendidas a tiempo:

“Hay niños que no respetan normas, ejercen violencia con sus compañeros o muestran conductas agresivas en casa. Esos son signos que deben llamar la atención”, señala.

También advierte sobre el impacto de la hiperconectividad, el consumo de contenidos violentos en redes sociales y la falta de supervisión adulta como factores que pueden influir en estos comportamientos.

Sistema en debate: justicia juvenil y falta de prevención

La abogada Jennifer Gómez cuestiona la capacidad del sistema para prevenir estos casos antes de que ocurran.

“Tenemos instituciones que reaccionan después de los hechos, pero no hay suficiente prevención ni espacios adecuados de rehabilitación”, explica.

El adolescente señalado por el crimen se encuentra actualmente bajo medida de privación provisional de libertad, mientras continúan las investigaciones.

Una tragedia que se suma a una preocupación mayor

Datos de organismos de protección infantil como el Conani indican que en 2025 se han atendido decenas de miles de menores en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos por violencia intrafamiliar, abuso y abandono.

En paralelo, otros casos recientes han generado alarma nacional, incluyendo muertes y agresiones entre menores en distintos puntos del país.

Para expertos y comunidades, el caso de Raudiel no es solo una tragedia aislada, sino un reflejo de una problemática más amplia: la violencia juvenil en aumento y la urgente necesidad de reforzar la prevención.

“Queremos justicia”: el clamor de una familia destrozada

Mientras avanza el proceso judicial, la familia del niño exige justicia y respuestas claras.

“Queremos justicia, pero que no sean pocos años, que sea una condena que realmente haga reflexionar”, expresa una de sus tías.

En Hato Damas, el dolor sigue latente. La comunidad aún no logra asimilar cómo un niño que celebraba su cumpleaños meses atrás terminó convirtiéndose en el centro de una de las historias más dolorosas del año.

• Hoy, entre el silencio del barrio y la tristeza de una familia rota, queda una pregunta que nadie logra responder del todo: en qué momento la infancia empezó a cruzarse tan temprano con la violencia.

El documento llega justo a 15 días de que el tribunal decida si los imputados van o no a juicio de fondo, en un proceso que ha mantenido en tensión a familiares de víctimas, abogados y expertos técnicos desde el colapso ocurrido en abril de 2025.

Un informe que llega en el peor momento: el juicio en la mira

El peritaje fue depositado el 14 de mayo en el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, según consta en el acuse de recibo.

Y llega, como dicen en la calle, “echando más leña al fuego”. El documento sostiene que el colapso del techo no se debió únicamente a una sobrecarga, sino a una combinación de factores como:

• Defectos de construcción
• Deterioro progresivo interno
• Posibles fallas en los materiales de postensado

Sin embargo, también plantea que la carga adicional no sería la causa inmediata del colapso si la estructura hubiera estado en condiciones óptimas.

En palabras simples: el debate ahora está en si el edificio falló por lo que se le puso encima… o por lo que ya venía “roto por dentro”.

Choque de versiones: sobrecarga, corrosión y una estructura bajo la lupa

Las reacciones no se hicieron esperar. El informe ha dividido opiniones entre ingenieros, abogados y víctimas, en un caso donde cada palabra pesa.

Por un lado, expertos en corrosión y estructuras insisten en que hubo un deterioro progresivo real, agravado por humedad, sales y el paso del tiempo. Otros, en cambio, señalan que el concepto de sobrecarga fue minimizado en el nuevo análisis.

El ingeniero estructuralista consultado aseguró que los elementos del techo fueron sometidos a un estrés mayor al diseñado originalmente, insistiendo en que todo lo que excede lo previsto en planos constituye sobrecarga estructural, aunque la edificación “aguante por un tiempo”.

También cuestionó la presencia de elementos adicionales como capas de fino, equipos instalados posteriormente y hasta acumulación de agua en estructuras temporales, señalando que una lona pudo haber generado miles de libras de peso adicional.

Del otro lado, abogados de víctimas no han dejado espacio a dudas: sostienen que el informe es una estrategia para “diluir responsabilidades”. Incluso advierten que solicitarán su exclusión del proceso, alegando inconsistencias técnicas.

“Es un peritaje dudoso”, dijeron algunos juristas, mientras otros fueron más allá al afirmar que el documento no responde a la orden judicial original.

El dolor sigue presente mientras la ciencia discute causas

• Más allá de los tecnicismos, la tragedia sigue pesando.

El colapso del Jet Set dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, una cifra que sigue marcando a cientos de familias.

Sobrevivientes, como Anastasio Peguero, mantienen vivo el recuerdo de aquella noche bajo los escombros, mientras insisten en que había señales claras de deterioro que, según ellos, no fueron atendidas a tiempo.

“Eso no era un secreto”, repiten varios afectados, al ver cómo el informe ahora reconoce fallas estructurales y desgaste interno.

Un caso que aún no cierra y una pregunta clave sobre la mesa

El nuevo informe pericial no ha cerrado el caso. Al contrario, lo ha complicado.

Mientras unos hablan de fatiga del material, otros de negligencia estructural, y otros incluso de hipótesis más extremas como explosiones internas (aunque sin evidencia concluyente), el expediente sigue creciendo en tensión.

La investigación retoma testimonios grabados en 2018 dentro de la cárcel de Najayo, donde varios internos ofrecieron relatos crudos y justificaron los asesinatos de sus parejas minimizando la violencia ejercida.

El psicólogo Luis Vergés, especialista en conducta y violencia de género, explicó que muchos agresores utilizan mecanismos de manipulación y minimización para justificar sus acciones y construir una imagen que facilite su eventual reinserción social.

La minimización de la violencia: “Fue un coñoncito”

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Ramón Martín Ventura Cabrera, condenado a 20 años de prisión por la muerte de su pareja, Diana Carolina Pinales Arias, conocida como Milagros, ocurrida en 2012 en Villa Altagracia.

Ventura Cabrera describió el ataque mortal como “un juego de loco” y aseguró que solo le dio “una puntadita” mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los documentos judiciales y fotografías del caso evidenciaron múltiples golpes y heridas cortopunzantes.

La víctima, madre de cuatro hijos, fue atacada dentro de su vivienda frente a su hija, de apenas siete años. Su testimonio fue considerado coherente y firme por especialistas que participaron en el proceso judicial.

Familiares de la mujer también relataron antecedentes de amenazas y agresiones constantes. Según declaraciones ofrecidas durante el juicio, el hoy condenado habría amenazado en varias ocasiones con matar a la víctima si ésta decidía abandonarlo.

El especialista Luis Vergés explicó que este tipo de discurso forma parte de un patrón frecuente en agresores feminicidas.

“Muchos de estos internos son especialistas manejando impresión y se valen de argumentos minimizadores”, sostuvo el psicólogo.

Control, celos y machismo: patrones repetitivos

Otro de los casos abordados fue el de Joel Calzado González, condenado a 30 años de prisión por asesinar a tiros a su esposa, Jennifer Karlenis López, de 22 años.

Según el expediente judicial, la joven se había separado del agresor tras denunciar maltratos. No obstante, Calzado González insistió en justificar el conflicto por desacuerdos relacionados con el horario laboral de la víctima, quien trabajaba en un casino de la capital.

La investigación determinó que el crimen fue premeditado. El condenado tomó un arma sin autorización, solicitó permiso para salir de su trabajo y dejó una carta en la que responsabilizaba a la víctima de la tragedia.

Vergés destacó que el elemento común en muchos feminicidios es el rechazo del agresor a aceptar la autonomía de la mujer.

“Lo más crucial es el tema de la autonomía y la toma de decisión. Ahí viene el detonante, cuando la señora no quiere dejar su trabajo y él quiere que lo deje”, explicó.

A pesar de admitir el crimen, Calzado González afirmó que actuó influenciado por el machismo aprendido desde la niñez y aseguró haberse arrepentido de sus acciones durante el tiempo que permaneció en prisión.

Datos oficiales de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales indican que Joel Calzado González obtuvo su libertad en febrero de este año.

Expertos advierten sobre señales previas

Ambos casos existían antecedentes de amenazas, celos, agresiones y conductas de control antes de los asesinatos.

Especialistas consultados coinciden en que estos patrones suelen repetirse en gran parte de los feminicidios y advierten sobre la importancia de detectar a tiempo señales de violencia psicológica, control excesivo y amenazas dentro de las relaciones de pareja.

• ¿Qué ocurre en la mente de quienes cometen uno de los crímenes más atroces contra las mujeres?

Videos captados por sensores militares, reportes aún sin explicación convencional y versiones sobre reuniones con líderes religiosos alimentan un debate que trasciende la ciencia ficción y toca preguntas profundas sobre la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

Entre el secretismo militar, la investigación científica y las creencias religiosas, los nuevos archivos publicados muestran cómo distintas agencias estadounidenses continúan analizando cientos de casos registrados en diversas regiones del mundo, algunos todavía sin explicación definitiva.

Nuevos videos y casos sin resolver mantienen la atención mundial

Uno de los materiales más recientes corresponde a un video de 21 segundos captado en 2024 por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense. El objeto fue descrito como “una lágrima invertida con una masa de arrastre lineal vertical”, formando parte de los expedientes divulgados bajo la promesa de mayor transparencia gubernamental.

Sin embargo, las autoridades aclaran que estos documentos son únicamente “para fines informativos” y no deben interpretarse como conclusiones definitivas sobre la naturaleza de los fenómenos observados.

El exadministrador de proyectos de la NASA, Omar de Frías, aseguró que el interés público alrededor del tema responde a la fascinación humana por lo desconocido.

“La gente está fascinada con lo que no conoce y obviamente al ver nosotros este tipo de objetos que nadie aquí en la Tierra puede explicarlo, pues obviamente abre mucho más ese camino hacia lo desconocido”, expresó.

El fenómeno moderno de los llamados OVNIs tuvo uno de sus episodios más emblemáticos el 24 de junio de 1947, cuando el piloto Kenneth Arnold reportó objetos voladores no identificados cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington.

Años después, la Fuerza Aérea estadounidense puso en marcha el Proyecto Blue Book, que entre 1952 y 1969 investigó más de 12 mil avistamientos. El programa concluyó que era improbable que el estudio de los OVNIs produjera grandes descubrimientos científicos.

En 2020, el Pentágono publicó oficialmente tres videos captados por pilotos de la Armada estadounidense entre 2004 y 2015, conocidos popularmente como FLIR1, Gimbal y GoFast, imágenes que nuevamente impulsaron el debate global sobre estos fenómenos.

Posteriormente, en 2021, el gobierno estadounidense divulgó una evaluación preliminar enfocada en 144 observaciones de fenómenos aéreos no identificados realizadas por personal naval. Aunque no vinculó los casos con vida extraterrestre, el informe reconoció que varios incidentes seguían sin explicación clara.

Según explicó Omar de Frías, aproximadamente la mitad de los eventos investigados ya han sido clasificados como fenómenos convencionales, mientras un pequeño porcentaje continúa sin explicación concluyente.

“Todavía hay entre un 3 y un 4% que definitivamente no hay forma de clasificarlos como globos, basura o drones”, afirmó.

Entre los casos recientes también figura un video grabado sobre Medio Oriente en 2013, donde un objeto fue descrito como “un área de contraste que se asemeja a una estrella de ocho puntas con brazos de longitud alterna”, acompañado de una estela visible.

No obstante, otros registros han sido descartados tras investigaciones técnicas. En uno de los reportes más recientes, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios concluyó, con más de un 95% de probabilidad, que ciertos objetos captados en Europa durante 2023 correspondían simplemente a aves.

Actualmente, esa oficina mantiene bajo análisis más de 800 casos, de los cuales entre un 2 y un 5% continúan sin una explicación convencional.

Religión, ciencia y sociedad frente a lo desconocido

La desclasificación de documentos también provocó reacciones fuera del ámbito científico. El periódico británico Daily Mail reportó recientemente reuniones entre oficiales de inteligencia estadounidenses y líderes religiosos, presuntamente para preparar a comunidades de fe ante posibles revelaciones futuras relacionadas con los UAPs.

El pastor Tomás Martínez, con 26 años de experiencia ministerial, aseguró que el tema no es nuevo para muchos creyentes, aunque reconoce que puede generar inquietud en algunos sectores.

• “Siempre habrá personas que cosas como esta le puedan mover o lo puedan hacer dudar”, sostuvo.

Martínez explicó que, desde la perspectiva bíblica, no existe espacio doctrinal para considerar vida extraterrestre.

“La revelación bíblica es clara en mostrar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No hay extraterrestres ni desde el inicio ni hasta el final”, expresó.

Por su parte, Omar de Frías considera poco probable que la humanidad sea la única forma de vida en el universo, tomando en cuenta los descubrimientos astronómicos realizados en las últimas décadas.

“Sería ridículo entender que estamos solos en este universo”, indicó al referirse a la existencia de planetas similares a la Tierra detectados gracias a misiones espaciales y observaciones astronómicas.

América Latina también ha investigado fenómenos aéreos

El interés por los fenómenos no identificados también ha tenido repercusión en América Latina.

En Brasil, la Fuerza Aérea publicó en 2010 documentación histórica sobre la llamada “Noche Oficial de los OVNIs”, ocurrida en 1986, cuando radares y pilotos militares reportaron múltiples objetos en el espacio aéreo brasileño.

En México, videos militares grabados en 2004 sobre Campeche mostraron luces detectadas mediante sensores infrarrojos, reavivando el debate regional.

Mientras tanto, Chile creó en 1997 el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, encargado de analizar reportes realizados por pilotos civiles y militares.

La desclasificación de documentos en Estados Unidos continuará en las próximas semanas. Mientras la comunidad científica insiste en la cautela y la necesidad de evidencia verificable, sectores religiosos llaman a enfrentar el tema con responsabilidad.

Entretanto, el fenómeno UAP sigue alimentando una de las preguntas más antiguas de la humanidad: si realmente existe vida más allá de la Tierra.