Según el presidente de la ADP los estudiantes del nivel inicial y de secundaria fueron son los que consiguieron cupos en las escuelas que tienen previsto iniciar el nuevo año escolar este lunes

En ese sentido Eduardo Hidalgo cuestionó el cumplimiento de las promesas hechas por el Ministerio de Educación.

Durante la concentración en las afueras del altar de la patria los profesores insistieron que este año escolar iniciará con los problemas que han denunciados años tras años, como decenas de escuelas tienen años en construcción, a otras les faltan los baños, la electricidad y que a muchas les faltan docentes y aulas.

Previo a iniciar el acto, los profesores que dijeron presente en el lugar señalaron cuáles situaciones limitan la calidad de la docencia que imparten.

Durante la actividad que terminó anyes del mediodía, la policía hizo una cadena de seguridad con decenas de agentes apostados en la zona.

El presidente de la ADP indicó que la actividad se realizó simultáneamente en todas las provincias del país.

Los legisladores consideran que los partidos tienen que corregir sus fallas y recuperar la conexión con los ciudadanos de cara a 2028.

Desde la oposición, el PLD, Fuerza del Pueblo y PRD reconocen el descontento de la población, aunque atribuyen parte de la frustración a las expectativas generadas por el Gobierno y al deterioro de la confianza en el sistema político.

En el PRM también admiten el problema y lo vinculan, entre otros factores, con los niveles de abstención electoral. Plantean escuchar las críticas, revisar las deficiencias internas y presentar propuestas capaces de recuperar la participación ciudadana.

Las declaraciones de los diputados se producen un día después de que los secretarios generales del PLD, Fuerza del Pueblo y Opción Democrática coincidieran en señalar una crisis del sistema político dominicano durante el XIX Congreso de Comunicación Política, donde analizaron los desafíos que enfrentan las organizaciones partidarias.

El tema queda ahora en manos de los propios partidos políticos, que deberán llevar esta discusión interna a sus estructuras y definir los cambios que aplicarán antes de la próxima contienda electoral de 2028.

Con 39 años de servicio en la Policía Nacional, Rodríguez García asume el mando con el desafío de recuperar la imagen y la confianza ciudadana en la institución, sustentado en su experiencia en áreas como mando territorial, seguridad ciudadana, investigación criminal, tránsito, prevención y gestión administrativa.

Su formación jurídica y preparación especializada, junto con su trayectoria en distintas dependencias policiales, forman parte del perfil con el que llega a la dirección de la institución en un momento en que sectores vinculados a los derechos humanos reclaman mayores garantías, supervisión y mecanismos de control ante posibles abusos policiales.

Trayectoria policial y perfil institucional

De acuerdo con su hoja de vida, Rodríguez García ha ocupado de manera progresiva posiciones de responsabilidad dentro de la Policía Nacional, tanto en áreas operativas como directivas, acumulando experiencia en diferentes estructuras estratégicas de la institución.

Durante su gestión al frente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), encabezó una investigación que reveló un supuesto esquema en el que oficiales superiores presuntamente presionaban a agentes de tránsito para imponer entre 10 y 15 multas diarias falsas a conductores.

Posteriormente, durante su breve paso como inspector general de la Policía Nacional, sus funciones estuvieron relacionadas con el control interno, la disciplina, la fiscalización y la supervisión institucional, más que con las operaciones directas contra el crimen.

En etapas anteriores de su carrera también estuvo al frente de departamentos especializados de la Policía Científica, desde donde desarrolló funciones vinculadas a la investigación y apoyo técnico dentro de la institución.

Reforma policial y exigencias ciudadanas

Su llegada a la jefatura policial ocurre en medio del proceso de reforma de la Policía Nacional, con el reto de fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la relación entre agentes y comunidades y responder a los cuestionamientos sobre las actuaciones policiales.

El tribunal fijó la próxima audiencia para el 2 de septiembre, fecha en la que está previsto continuar con el proceso judicial contra los imputados.

Luego de acoger la solicitud del Ministerio Público y de la defensa de los imputados para fusionar los expedientes del exsenador de Azua Rafael Porfirio Calderón y la imputada Natividad Martínez Capellán con el proceso seguido contra Donald Guerrero, las juezas del tribunal decidieron aplazar el inicio del juicio de fondo.

El tribunal tomó la decisión para permitir que todas las partes sean notificadas del auto de apertura a juicio contra los dos acusados, cuyos procesos fueron desglosados durante la etapa preliminar por razones de salud.

Asimismo, las juezas rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por algunos abogados para la presentación de incidentes.

Donald Guerrero, Ángel Lockward y los demás implicados son acusados de integrar un supuesto entramado de corrupción administrativa que habría estafado al Estado dominicano con unos RD$20 mil millones, a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, recursos que, según la acusación, habrían sido destinados a la campaña electoral de 2020.

Durante la etapa previa del proceso, un juzgado de instrucción dictó un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como del hijo del exministro Guerrero, Daniel Alberto Guerrero Mena, además de Marcial Reyes y Rosa Arias Ruiz.

Las palabras de Cruz Cruz abrieron nuevas interrogantes sobre las razones de su salida, ocurrida apenas seis meses después de asumir el cargo.

Desde la oposición exigen al Gobierno aclarar las circunstancias del retiro del exdirector de la Policía y advierten que sus declaraciones dejan dudas sobre los motivos de su decisión y posibles injerencias en la institución.

En el oficialismo defienden la decisión y sostienen que el cambio responde a una evaluación de la pasada gestión, mientras esperan que el nuevo director mayor general Rafael Ernesto Rodríguez García pueda dar continuidad a la transformación policial.

En su despedida, Cruz Cruz pidió a los agentes mantenerse firmes en sus principios, actuar correctamente, aun sin supervisión, y no permitir que cumplir con la ley sea visto como una debilidad. También llamó a reconocer a los buenos policías y advirtió que la institución no debe tolerar conductas que afecten su credibilidad.

Ahora, con el cambio de mando, la atención se concentra en el nuevo director y en su capacidad para conducir una institución que enfrenta una reforma policial en marcha.

El órgano acusador busca que le otorguen 4 meses adicionales como fecha límite para entregar la acusación formal del caso Senasa, con tres líneas  de investigación definidas.

Al salir de la audiencia, que fue aplazada por la ausencia de un abogado por la muerte de su padre, Wilson Camacho justificó la solicitud, que recibió el apoyo de la defensa de los imputados.

Al concluir esa audiencia, el séptimo juzgado de instrucción también conoció una solicitud de variación de medida de coerción que le fue impuesta a la imputada en ese caso, Ana Ledesma, quien pidió al tribunal rebajar la garantía económica ordenada de 20  a 5 millones.

El plazo del Ministerio Público para depositar la acusación formal del caso concluyó la semana pasada.

La próxima audiencia para conocer la solicitud de prórroga fue fijada para el 4 de septiembre.

La herramienta busca agilizar las compras directas del Estado y facilitar una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El presidente Luis Abinader explicó que Eficompras sustituye el modelo tradicional de publicación de procesos por un catálogo digital, con el objetivo de hacer más ágiles y transparentes las adquisiciones públicas.

Según las autoridades, la plataforma permitirá reducir a minutos procesos que anteriormente podían tardar varios días.

Pimentel destacó que el sistema dará prioridad a las mipymes, la producción nacional y el desarrollo económico local.

Durante el acto, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, las autoridades señalaron que Eficompras busca fortalecer la transparencia en un segmento que concentra el 89 % de las transacciones del Estado.

DESPEDIDA EN CÁMARA: Los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado podrán acceder a Eficompras con sus mismas credenciales y participar en las compras disponibles.

Y precisamente aquí comienza ese recorrido. Este es el almacén del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), donde las cajas y paquetes que se observan tienen un destino: llegar a las escuelas y, posteriormente, a las manos de los estudiantes antes del inicio de clases.

Más de un millón de alumnos de centros educativos públicos de todo el país recibirán estos kits escolares.

Pero, ¿qué ocurre después de que estos útiles salen de los almacenes del INABIE?

La institución distribuye los materiales hacia los 122 distritos educativos. Desde allí, los directores de los centros reciben los kits y coordinan con las familias la entrega a cada estudiante.

Para los hogares, la entrega gratuita de estos artículos representa un ahorro estimado entre 3 mil y 5 mil pesos por estudiante, de acuerdo con las estimaciones del programa.

El vocero del bloque, José David Báez, explicó que la iniciativa también responde al traspaso de RD$2,000 millones del presupuesto del Ministerio de Educación al Poder Ejecutivo, medida que calificó como perjudicial en momentos en que persisten dificultades relacionadas con la falta de aulas y las condiciones de distintos planteles.

Los diputados señalaron, además, retrasos en el pago de incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, reclamos de ingenieros contratistas por cubicaciones pendientes y demandas salariales del personal de apoyo de las escuelas públicas.

Ante esta situación, el bloque pidió el pago de los incentivos pendientes a los docentes, la ejecución de un programa intensivo de construcción, terminación y reparación de planteles y la aplicación de la Ley 16-26 para agilizar los pagos a contratistas de edificaciones escolares.

De su lado, el diputado Germán Martínez afirmó que la inversión destinada a infraestructura educativa se redujo aproximadamente un 67 % entre 2014 y 2025, mientras que la cantidad de aulas entregadas disminuyó alrededor de un 77 % durante ese mismo período.

«Hoy denunciamos que numerosos planteles escolares del país no están en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes. Nos encontramos con escuelas deterioradas, construcciones inconclusas, falta de mantenimiento, problemas sanitarios, sobrepoblación escolar y una preocupante carencia de aulas y docentes”, explicó el legislador.

Martínez sostuvo, además, que durante 2026 no se han entregado 600 aulas y recordó que la actual administración recibió 711 planteles pendientes de terminación debido al denominado “nudo legal”, situación que dio origen a la Ley 118-21.

Según los legisladores, hasta julio de 2026 se habían concluido menos de 250 de esos centros educativos, mientras la mayoría permanecía pendiente.

Entre los planteles señalados por el bloque figuran las escuelas Don Pedro Tapia y Entrada de La Zanja, así como los liceos El Guanito y Magdalena, en Higüey.

También mencionaron 25 centros educativos inconclusos en Santo Domingo Norte, entre ellos Los Guaricanos I, II y III, Cristo Obrero, Emiliano Tardif y Braulia de Paula.

En San Juan, indicaron que permanecen sin terminar 16 planteles, entre ellos los liceos de Mogollón, Ramón María Mateo Ledesma y Roberto Ogando Pérez, este último en Las Matas de Farfán.

La organización citó, además, las escuelas Profesora Juana Dolores y Olimpia Acevedo, junto al Liceo Juana Fernández, en La Vega; el Liceo Los Derrumbaderos y la Escuela Agua de Luis, en Guayubín, Monte Cristi; y la Escuela Batey Margarita y el Centro Antonio Paredes Mena, en Consuelo, San Pedro de Macorís.

Asimismo, denunció problemas sanitarios en la Escuela Joaquín Balaguer, en Villa Hermosa, La Romana, donde señaló la existencia de baños obstruidos y filtraciones.

Los diputados también incluyeron entre los centros que requieren intervención la Escuela Básica Sainaguá, la Escuela 27 de Febrero, la Escuela Básica La Sabana de Hatillo, el Liceo Villegas, el Liceo Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, y la Escuela Básica Juan Abad Lara.

Sobre esta última, indicaron que se requieren nuevas aulas y afirmaron que actualmente algunos estudiantes reciben docencia en el comedor, la biblioteca y el salón de profesores.

El Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo llamó a las autoridades a atender los reclamos antes del inicio del período escolar y aseguró que mantendrá vigilancia sobre la respuesta del Gobierno a las necesidades planteadas en el sector educativo.

Aunque el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Rodríguez, el debate dejó expuesta una diferencia fundamental entre ambas partes: qué debe considerarse como un plazo razonable para concluir un proceso penal de esta magnitud.

Disputa por el plazo razonable

La defensa del exprocurador sostiene que el tiempo transcurrido es suficiente para poner fin al proceso y anunció que llevará su reclamo ante la Corte de Apelación.

Los abogados argumentan que el llamado plazo razonable debe guardar relación con el tiempo establecido por la ley, por lo que entienden que la prolongación del expediente no puede justificarse únicamente por la complejidad del caso.

Del otro lado, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, cuestionó que los imputados continúen presentando incidentes que, a su juicio, terminan retrasando el avance del proceso.

La posición del Ministerio Público cobró fuerza luego de que, minutos después de que el tribunal rechazara el pedido de Rodríguez, otros dos imputados presentaran solicitudes para que también fuera declarada la extinción de la acción penal.

El tribunal, sin embargo, estableció que para determinar si se ha vulnerado el plazo razonable no basta con contar los años, meses o días que lleva abierto un expediente. Las juezas consideraron que deben analizarse las circunstancias particulares del proceso y las actuaciones realizadas durante su desarrollo.

Acusación y próxima resolución judicial

El caso Medusa comenzó formalmente en 2021 y llevó al arresto de Jean Alain Rodríguez, quien estuvo al frente de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.

El Ministerio Público acusa al exfuncionario y a otros implicados de formar parte de un supuesto entramado de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$6,000 millones.

La acusación incluye alegadas irregularidades en contrataciones, pagos y manejo de recursos durante la gestión de Rodríguez.

Ahora, mientras la defensa prepara su recurso ante la Corte de Apelación, el tribunal tiene pendiente entregar la resolución íntegra el próximo 7 de septiembre, documento que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados para rechazar la extinción solicitada por el exprocurador.

El caso entra así en una nueva etapa, marcada no solo por las acusaciones de corrupción, sino también por una batalla jurídica sobre cuánto tiempo puede permanecer abierto un proceso penal antes de que el paso del tiempo se convierta, por sí mismo, en una razón para ponerle punto final.