Bogotá.- El último jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», reconoció este martes en una audiencia pública en Bogotá la responsabilidad del mando de la desmovilizada guerrilla por el secuestro y asesinato de civiles, militares, y policías, cometidos por durante el conflicto armado.
«Vengo en calidad de último comandante de las desaparecidas FARC-EP y miembro de esa dirección máxima de las FARC a reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro», dijo Londoño en una audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la biblioteca Virgilio Barco Vargas, de Bogotá.
Junto a Londoño estuvieron Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, todos miembros del último secretariado de las FARC, máximo órgano de esa guerrilla y por tanto responsables de las acciones de ese grupo armado.
Londoño añadió en una declaración leída que acudían para «asumir nuestra responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», reconocimiento que hacen dentro del caso 01 abierto en julio de 2018.
A la diligencia también concurrieron víctimas de secuestrados que pidieron justicia y no repetición.
Las investigaciones de la JEP indican que las órdenes de secuestro se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o vulnerabilidad especial.
«El trato dado a los secuestrados quedaba a discreción de la guardia y el comandante de turno, y las víctimas han reportado casos graves de torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro», dijo la magistrada Julieta Lemaitre, que condujo la sesión.
La togada explicó que tres patrones cimentaron la política de secuestro de las Farc-EP para financiar a la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios castigándola por diversos motivos.
El antiguo Secretariado de las Farc-EP fue imputado en el caso 01 por dar las órdenes que resultaron en crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y crímenes de guerra de toma de rehenes, y por los asesinatos y desapariciones forzadas que resultaron de estos.
Igualmente, también fue imputado por responsabilidad del mando por otros crímenes de lesa humanidad y guerra cometidos por sus subalternos durante los secuestros, como torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud.