Scott Bessent destacó que los aranceles permitieron negociar rápidamente con otros países y reducir barreras comerciales.
Washington.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este viernes que el presidente Donald Trump utilice la aplicación de aranceles como una herramienta de presión comercial y aseguró que, aunque los tribunales limiten su aplicación bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el Gobierno puede restablecerlos.
El Tribunal Supremo determinó, con una clara mayoría de 6-3, que la Administración de Trump abusó de la IEEPA de 1977 al utilizarla como base para imponer gran parte de lo aranceles aplicados desde el pasado abril, al entender que esa legislación no faculta al presidente a crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.
Durante una entrevista con la cadena Fox, Bessent sostuvo que los gravámenes permitieron sentar «muy rápidamente» a otros países a la mesa de negociación.
Calificó como «mucho más limpio» imponer un arancel elevado», dando como ejemplo uno del 45 % para forzar conversaciones orientadas a reducir barreras no arancelarias, subsidios y restricciones comerciales contra Estados Unidos.
El funcionario añadió que, en caso de que la vía de la IEEPA enfrente obstáculos judiciales, la Administración de Trump puede recurrir a disposiciones como las secciones 232 o 301 de la legislación comercial para mantener una presión equivalente.
Asimismo, subrayó que la Corte Suprema ha reafirmado amplias facultades del presidente en materia comercial, incluida la posibilidad de imponer embargos totales, e instó a los países a respetar los acuerdos alcanzados.
La mayoría del Supremo considera que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pilar de la guerra comercial de Trump, supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.
Ante este revés, Trump anunció en la Casa Blanca que impondrá un nuevo gravamen global del 10 % bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.
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