SANTO DOMINGO.- El secretario de Energía perteneciente a la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, reclamó que el Gobierno trata de cambiar la prioridad sobre el agua, que en un principio se establece para el consumo humano, con el objetivo de favorecer sectores empresariales.
La denuncia realizada por Juan Gómez y un conglomerado de expertos sobre el tema de energía, está basado en un anuncio emitido por el Gobierno, en la persona del administrador de Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, en periódicos de que circulan nacionalmente, de que serán construidas las presas de Las Placetas, de unos 300 MW y Artibonito, de 52 MW, suplido con inversión privada.
Con estos datos, la FP expresó en conferencia de prensa, que hay riesgo de que “A la hora de que el interés comercial prime y sean más importantes los dividendos, está claro que el orden de prioridad del uso de agua será variado por parte de la gestión empresarial que nos gobierna”.
“Cabe resaltar que en aquellas centrales hídricas de uso mixto, el orden de prioridad en el uso del agua es: 1ro. para el consumo humano; 2do. para regadío y labores agrícolas en sentido general, subsistencia de animales, control de inundaciones y 3ro. para la producción de electricidad; es decir, que el turbinado está en el último lugar”, comunicó el titular de Energía y Minas de la FP, en su función de vocero.
Tomando en cuenta el documento leído, la posición que tiene la organización política, es de una “Marcada oposición a la intención del Gobierno de enajenar, bajo cualquier modelo, a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), por tratarse de una empresa ligada a un recurso estratégico (agua) y la misma estar en franca violación a la Constitución Dominicana; a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública; a la Ley General de Electricidad 125-01; a la Ley 6 del 9 de septiembre de 1965, que crea El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y al Decreto 428-98; pues dichas normativas sólo permiten que el sector privado haga inversiones en proyectos hasta 5 MW”.
Siguió diciendo que “Al parecer, el marcado interés de la actual gestión de beneficiar a sectores privados, prima, sin importar que los mismos tomen un bien público de interés social, para que pase a ser un bien comercial”.
Gómez explicó su parecer acerca de lo conveniente que es que la EHEHID continúe funcionando como un activo en el Estado del país. “La EGEHID es una empresa pública rentable para el Estado dominicano, que en el año 2022 suplió un 7.1 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y que ofrece la posibilidad de que con sus ingresos se puedan estructurar proyectos que permitan seguir con la expansión de la empresa y detener la gestión de manera deficiente y con falta de criterio, en la que se hacen gastos en obras que están fuera de las áreas adyacentes de las presas y además, ajenas a su programa de responsabilidad social y a su misión y visión como empresa generadora, que es gestionar con eficiencia los recursos hidroeléctricos. Esa desacertada política administrativa ha convertido a la empresa EGEHID en un nicho de clientelismo político al servicio de proyectos individuales de funcionarios y dirigentes partidarios”, finalizó.
