Santo Domingo.– El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz asumió la dirección de la Policía Nacional en medio de cuestionamientos por presuntas ejecuciones extrajudiciales y debilidades estructurales dentro de la institución, desafíos que según representantes de distintos sectores deberá enfrentar con prioridad.
Representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica coinciden en que persisten problemas estructurales que afectan la confianza ciudadana en el cuerpo del orden.
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, consideró necesario consolidar los avances logrados y erradicar prácticas que deterioran la imagen institucional.
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En el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó su expectativa de que el nuevo incumbente desempeñe una gestión acorde con las demandas sociales.
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Otros legisladores también señalaron la necesidad de corregir excesos policiales y fortalecer los mecanismos de control interno. El diputado Robison Díaz sostuvo que «los excesos policiales deben corregirse y que quede claro que esas prácticas del pasado no deben repetirse».
En la misma línea, el diputado Aldo Adón planteó que se debe «aplicar todo el peso de la ley contra quienes se extralimiten en el uso de sus atribuciones».
Desde la Iglesia Católica, líderes religiosos advirtieron sobre problemas administrativos y de reorganización dentro de la institución policial, además de subrayar la necesidad de reforzar la formación preventiva y fortalecer el sistema judicial y penitenciario.
El sacerdote Pablo Mella indicó que la inseguridad ha impactado incluso las actividades eclesiales.
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Por su parte, el vicario Mario de Jesús Campusano enfatizó que la solución debe incluir una formación integral de las personas y las familias, así como mejoras en el sistema penitenciario y judicial para evitar que se repitan hechos violentos.
La llegada del nuevo director policial coincide con el inicio del debate sobre la reforma policial en el Congreso Nacional, previsto a partir del 27 de febrero.
Diversos sectores consideran que este proceso legislativo será clave para fortalecer la institucionalidad, mejorar la seguridad ciudadana y recuperar la confianza en la Policía Nacional.