Sectores de la sociedad reaccionan a medidas anunciadas por Abinader

Diversos sectores de la sociedad civil saludaron el proyecto del presidente Luis Abinader de emprender reformas legales para garantizar la transparencia de la administración pública, la recuperación de los fondos distraídos por la corrupción, la creación del Gabinete de Transparencia y la eliminación del barrilito, pesa al rechazo de los legisladores a perder esos recursos.

SANTO DOMINGO.- Diversos sectores de la sociedad civil saludaron el proyecto del presidente Luis Abinader de emprender reformas legales para garantizar la transparencia de la administración pública, la recuperación de los fondos distraídos por la corrupción, la creación del Gabinete de Transparencia y la eliminación del barrilito, pesa al rechazo de los legisladores a perder esos recursos.

El Plan Integral de Reformas Institucionales activó las alertas de legisladores de oposición que dijeron estar dispuestos a respaldar la iniciativa, siempre y cuando sea producto del consenso y no por una imposición mecánica impuesta al Congreso.

A juicio de algunos congresistas, la meta de eliminar el denominado barrilito no es tan sencilla, sino que requerirá de una profunda discusión.

Participación Ciudadana valoró como positivas las medidas anti corrupción y consideró que responden a las demandas históricas planteadas por ese organismo en los aspectos relativos a la publicidad gubernamental y las inversiones en ayudas sociales que son susceptibles de prestarse para el clientelismo político.

Con respecto al plan para contratar abogados privados para recuperar el patrimonio robado mediante actos de corrupción, el presidente del gremio de juristas propuso que sean organismos de la sociedad civil los encargados de fiscalizar a los profesionales del derecho.

Entiende que los abogados que sean contratados no deben ser militantes políticos.

Con relación a las medidas de transparencia en los programas de asistencia social, el presidente Abinader dijo que en 90 días presentará un anteproyecto de ley ante el Congreso para la creación del organismo que supervisará las ayudas.