La propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) de declarar una emergencia nacional en tránsito refleja una crisis evidente en la República Dominicana.
El crecimiento desordenado del parque vehicular, especialmente de motocicletas, y la débil aplicación de la ley han agravado la situación.
Con altas tasas de mortalidad vial, el problema es ya de seguridad nacional.
Sin sanciones efectivas y voluntad política real, no habrá solución.
El país necesita orden y decisiones firmes antes de que se pierdan más vidas.
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