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Seis meses de medida de coerción al alcalde de Jaquimeyes "Carlito pollo"

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BARAHONA.- El Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada del Departamento Judicial de esta provincia impuso seis meses de medida de coerción, una garantía económica de 300 mil pesos y presentación periódica al alcalde de Jaquimeyes Carlos Valentín Batista  (Carlito Pollo), acusado por presunta violación a las disposiciones de por menos seis artículos del Código Penal Dominicano, trabajo que fue realizado el pasado año en El Informe con Alicia Ortega.

De sus recursos, según una denuncia depositada ante el procurador de la Corte de Apelación de Barahona, se han transferido fondos a las cuentas de funcionarios del cabildo, pagado como oficial un viaje particular y hasta desembolsado innecesariamente más de medio millón de pesos, que para un ayuntamiento de su tamaño, implica casi un 40 por ciento del presupuesto de un mes.

El pasado 25 de marzo, el presidente de la Cámara Penal de la corte de Apelación de Barahona, Joselín Moreta Carrasco, designó al magistrado Nicio Antonio Medina Figuereo, juez de la instrucción especial en el proceso judicial que se le sigue al alcalde.

Carlito Pollo, fue electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM), alcalde de Jaquimeyes en el 2016, pero se ha pasado al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), organización que lo lleva en la boleta para el 2020.

La parte acusadora solicita que Batista Batista sea condenado al pago de RD$5 millones a favor del ayuntamiento de Jaquimeyes, el pago de las costas de los abogados, que se se le prohíba por cinco años participar en actividades políticas y ocupar puestos públicos, tres años de prisión, a ser cumplidos en la cárcel pública de Barahona, y otras medidas.

A Carlito pollo se le acusa de autocomprarse miles de pesos en su granja, para supuestamente beneficiar a los habitantes de Jaquimeyes, sin realizar una licitación, dicho conocimiento de medida de coerción debe ser ejecutada de forma inmediata basado en el pago de dicha Garantía conforme al debido proceso, quedando dicho síndico sub-judice de la justicia Dominicana.

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