Senado EEUU abre el juicio contra Trump con otro informe que le acusa de violar la ley
Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev para que investigara a su rival político Joe Biden y de obstrucción al Congreso por boicotear las pesquisas parlamentarias sobre este escándalo.
REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El Senado de Estados Unidos dio este jueves inicio formal al juicio contra Donald Trump en un clima de gran crispación política entre republicanos y demócratas, marcado por el rechazo frontal del presidente al proceso y la reciente salida a la luz de nuevos documentos relacionados con el escándalo de Ucrania, entre ellos, un duro informe oficial contra de su actuación, según el portal El País.
Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev para que investigara a su rival político Joe Biden y de obstrucción al Congreso por boicotear las pesquisas parlamentarias sobre este escándalo.
El tercer impeachment de la historia de Estados Unidos llegó en un soleadísimo y cálido día de enero, a punto de cumplirse tres años de una Administración instalada en la tormenta y con curiosos caprichos del destino.
Momentos antes de que comenzase la apertura formal del juicio en el Senado, esa misma Cámara concedía a Donald Trump una de las grandes victorias legislativas de su mandato, la aprobación por abrumadora mayoría del nuevo tratado comercial con México y Canadá. Por la mañana, sin embargo, las noticias venían mal dadas para el presidente, pues la oficina de control del Gobierno, una agencia independiente dentro de la Administración, presentó un informe en el que califica de ilegal la congelación de ayudas militares a Ucrania decidida el pasado verano por la Casa Blanca.
Esa decisión del Gobierno de Trump resulta clave en este caso porque la acusación lo considera una forma de presión a Kiev para forzar un anuncio negativo sobre los Biden. La oficina, que depende del Congreso, asegura que la retención del dinero -cerca de 400 millones previamente aprobados por el Congreso- tuvo carácter político, no técnico. «El cumplimiento de la ley de buena fe no permite al presidente cambiar sus prioridades políticas por aquellas que el Congreso haya convertido en ley», sostiene el texto.
