Samaná.- El senador por la provincia Samaná y vicepresidente del Senado de la República, Pedro Catrain, repudió enérgicamente el desalojo ocurrido el pasado 7 de mayo en el sector Playa Las Ballenas del municipio de Las Terrenas, calificándolo como un acto brutal y abusivo que afectó gravemente a la familia Paulino, descendientes del reconocido pescador comunitario Fin Paulino.
Durante el operativo, al que calificó como un atropello, se registraron daños irreparables a bienes de la familia, incluyendo el local de la Cooperativa de Pescadores de Las Terrenas. “Independientemente de las razones jurídicas que puedan existir en el litigio sobre los terrenos ocupados, lo que presenciamos fue un atentado contra mujeres, niños y hombres indefensos”, expresó el legislador.
El senador denunció que durante el desalojo se violaron principios fundamentales establecidos en la Ley 139-19, ya que no se evidenció la presencia de un representante del Ministerio Público, autoridad encargada de dirigir legalmente este tipo de operativos. Según los videos captados en el lugar, el procedimiento fue ejecutado por individuos desconocidos, ajenos a la comunidad, sin supervisión oficial ni respeto a los bienes de los afectados.
Al momento del desalojo, Catrain se encontraba fuera del país. Sin embargo, al conocer los hechos, contactó inmediatamente a la procuradora fiscal de Samaná, magistrada Érica Pujols, quien alegó desconocer el operativo. También conversó con el coronel Mancebo, comandante policial local, quien estaba de licencia, y con el general Mata, director regional, quien afirmó que la orden había sido autorizada por el Abogado del Estado.
El legislador aseguró que este suceso no solo golpea a una familia de profundo arraigo comunitario, sino que también perjudica gravemente la imagen del turismo en la zona, ya que el hecho fue presenciado por residentes extranjeros y se difundió ampliamente por redes sociales, generando indignación nacional e internacional.
En este sentido, el senador Pedro Catrain solicitó formalmente a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que dispongan de manera urgente una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y prevenir que acciones similares vuelvan a repetirse en el país.
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