REDACCION.- El Fondo de Compensación Social del senado conocido como “Barrilito” generó una nueva polémica ante los reclamos de diversos sectores que cuestionan esas partidas y las revelaciones de que sólo en septiembre se destinaron 22 millones de pesos para esos programas de asistencia social.
Mientras dos senadores renunciaron a recibir eso fondos, el resto legisladores justifican su uso con el argumento de que el Estado no cumple con sus funciones de garantizar servicios sociales.
De su lado, la sociedad civil insiste en que esta designación de fondos es inconstitucional.
En el epicentro de la tensión generada por los fondos millonarios del barrilito se encuentran el presidente de la cámara alta, Eduardo Estrella, y el senador por la provincia Santo Domingo Taveras, quienes dijeron públicamente que, a título personal, renunciaban a esos recursos sin que ello obligara a sus compañeros a hacer lo mismo.
El uso de fondos para que los senadores financien ayudas asistencias en sus provincias fue revelado por El Informe con Alicia Ortega en el 2007.
Pese al revuelo causado en la opinión pública y los cuestionamientos al Congreso tras aquellas revelaciones hace 13 años, la situación y el uso de las millonarias partidas ha cambiado muy poco.
La sociedad civil considera como preocupante que, pese a la existencia de instituciones del gobierno destinadas a programas sociales, también se asigne un presupuesto millonario al Senado para los mismos fines.
Las provincias, cuyos senadores reciben los mayores fondos del barrilito son: el Distrito Nacional y San Cristóbal, con más de un millón de pesos cada una, seguida de La Vega, con casi 950 mil pesos, mientras que Puerto Plata y San Pedro de Macorís con más de 800 mil pesos cada uno.
En total, los 30 senadores que sí hicieron uso del barrilito recibieron 22 millones de pesos sólo en septiembre.
A solicitud de la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, el Senado emitió una certificación que hace constar que la legisladora no ha utilizado los fondos del barrilito.
A través de su cuenta de twitter, Raful también anunció este jueves la creación de una “Oficina Técnica Legislativa para el Distrito Nacional para administrar y fiscalizar esos fondos.
Para la coordinadora de participación ciudadana, el objetivo implícito de eso fondos es proselitista.
A propósito de los legisladores, de qué manera estos justifican mantener estos fondos de ayuda social para sus provincias, Jessica Soriano más temprano converso con ellos y nos cuenta.}
Recordamos que en octubre 2014, la Cámara de Diputados eliminó el “cofrecito” donde mensualmente se entregaban 50 mil pesos a cada legislador para “ayudas sociales”.