Más de 12.3 millones de dosis gratuitas fueron objeto de facturación indebida en centros privados autorizados.
Santo Domingo.– Hasta el año 2019, la vacunación cubierta por el Seguro Nacional de Salud (SENASA) se realizaba mayormente en centros públicos, con solo dos prestadores privados autorizados. La política institucional priorizaba los centros del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a los cuales únicamente se les reconocía el pago por la administración y aplicación de vacunas provistas gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública.
Según la investigación, Salud Pública distribuye las vacunas a través de 40 direcciones provinciales y de áreas de salud, que solicitan los insumos según la población objetivo y su disponibilidad. Estas vacunas se envían a unos 1,400 puestos de vacunación a nivel nacional. Todas las dosis son recibidas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS y se distribuyen gratuitamente, incluyendo algunos centros privados, lo que permitió alcanzar coberturas de entre 98 % y 100 % entre 2022 y 2024, con más de 12.3 millones de dosis entregadas sin costo.
Sin embargo, en 2020, con el cambio de gestión, el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, creó de manera irregular y sin sustento legal el Comité de Contrataciones Médicas. Esta estructura paralela alteró los protocolos de evaluación y habilitación de prestadores, permitiendo contratar centros privados para vacunación sin los criterios técnicos establecidos.
De acuerdo con las investigaciones, esta alteración permitió que la estructura criminal aprovechara los mecanismos del programa nacional de vacunación para inflar estadísticas, facturar vacunas nunca aplicadas y apropiarse de fondos destinados a la salud preventiva.
Explica que el Informe General de Prestación de Servicios de Vacunas de Senasa, correspondiente al periodo enero 2021 – septiembre 2025, revela un crecimiento abrupto en la demanda y los pagos realizados.
Indica que la población usuaria impactada pasó de 16,768 personas en 2021 a 63,619 en 2023, triplicándose en solo dos años.
Las autorizaciones médicas aumentaron de 50 millones en 2021 a más de 279 millones en 2023, lo que representa un incremento del 453 %. El valor facturado alcanzó un pico de RD$465 millones en 2023, casi nueve veces más que en 2021.
Además, durante la investigación se detectó que la distribución de los montos pagados por Senasa según el régimen de afiliación no coincidía con el tarifario oficial. A los prestadores privados se les pagaba RD$200.00 por cada vacuna, pese a que estas provenían del PAI y no tenían costo de adquisición para el Estado.
Según el informe, las inconsistencias y alteraciones en los criterios de contratación permitieron que SENASA destinara más de mil cuatrocientos millones de pesos a un esquema que facturó vacunas gratuitas, infló autorizaciones y multiplicó de forma injustificada el gasto en inmunización durante el periodo investigado.
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