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Seria, profunda, independiente y creíble

Seria, profunda, independiente y creíble
Mario Rivadulla

Si la Junta Central Electoral afronta ahora el reto de consensuar con los partidos políticos las acciones complementarias orientadas a celebrar las elecciones municipales reprogramadas para el 15 de marzo con el más amplio margen de garantías y transparencia, toca a los cuerpos de investigación llevar adelante las correspondientes a despejar dudas en cuanto a los posibles intentos de presunto sabotaje del sistema automatizado que llevaron al fracaso inesperado y traumático del proceso que debió efectuarse el pasado domingo.

La transcripción de la conversación sostenida por vía de whatsapp entre el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez, y el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, asignado a Luis Abinader como jefe de su escolta, en su condición de candidato presidencial del PRM, apuntan  a que ciertamente parece tener muchos visos de veracidad los intentos de violentar el sistema automatizado, alterando las boletas electorales en perjuicio  de distintos candidatos y partidos, cuyos nombres y signos distintivos no aparecieron en las mismas.

Era evidente que bajo tales condiciones, y ante la imposibilidad técnica de corregir la situación entre el sábado que se detectó la alteración y el domingo de la votación, no era factible la celebración del evento, tal como se informó a los delegados de los partidos políticos y aceptaron estos, y tal como también reconocen tanto la misión de observadores de la OEA encabezada por el ex presidente de Chile, Eduardo Frei, como ha expresado también   Participación Ciudadana en el informe que dio a la luz pública.

Si bien la Junta Central Electoral ha solicitado la cooperación técnica de la Unión Internacional de Organismos Electorales (UNIORE) y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), es obvio que existiendo indicios de acción criminal como se desprende de la transcripción del intercambio entre el técnico Regalado y el oficial Guzmán Peralta, toca ahora a los cuerpos de investigación llevar adelante las pesquisas para bien esclarecido el alcance  de este intento que aparte del grave daño ocasionado, pudo haber tenido consecuencias todavía mucho peores para la institucionalidad democrática del país y su imagen internacional.

Esa responsabilidad conlleva el reto de efectuar una investigación seria, profunda, independiente y creíble, sin fisuras ni sospecha de que pudiera resultar afectada de parcialidad o encubrimiento.  El muy probable intento de sabotaje, hacia donde apuntan los indicios,   es de tal magnitud que tendría que responder a una conspiración de gran envergadura con el evidente propósito de alterar los resultados de los comicios.

Existe una opinión muy generalizada, a la que le sobran motivos de justificación, de que somos un país sin consecuencias.  Pero en esta ocasión el hecho involucrado es de tal alcance y el daño tan ostensiblemente grave que, por el contrario, tiene que haberlas una vez que se despejen todas las incógnitas y queden expuestas a la luz sin margen a dudas tanto la realidad del hecho delictivo  como de sus autores materiales y sus instigadores, y sobre estos caiga todo el peso de la justicia por el grave daño ocasionado que califica como delito de lesa patria.

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