SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) afirmó este miércoles que a un total de 1,584 dominicanos de ascendencia haitiana les han sido anulados sus documentos de identidad a partir de lo que denomina “política de desnacionalización” ejecutado por la Junta Central Electoral (JCE) a través de la resolución 12/7 del año 2007.
Dijo que una investigación sobre el impacto que ha tenido esta disposición de la JCE reveló que de un total de 1,584 personas afectadas el 40% era de las comunidades de Don Juan y Quisqueya, en San Pedro de Macorís, 45% en Monte Plata, 10% en Guaymate, La Romana (y en Neyba el restante 5%.
Precisó que la población afectada por la resolución 12/07 de la JCE que impide que dominicanos de ascendencia haitiana tengan copias de sus actas de nacimiento, es mayoritariamente femenina (59%) y joven.
“El 72% se encuentra entre los 14 y 35 años de edad, lo que significa que está en plena edad laboral y de estudios”, afirmó Sonia Adames, directora del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes-Santo Domingo.
Indicó que todas las personas objeto de este estudio están declaradas y reconocidas como dominicanas, y que el 46% de ellos está declarado de forma oportuna, es decir respetando el tiempo establecido por la ley, mientras otro 46% fue declarado de manera tardía, es decir 30 días después del nacimiento en las zonas urbanas y 60 para las zonas rurales como se establece en la Ley 659-44.
Según datos dados a conocer hoy por el Servicio Jesuita en el Centro Bonó, el 70% de las personas nacieron en territorio dominicano entre 1976 y el año 2000, bajo el artículo 11 de la entonces vigente Constitución dominicana, por lo cual no les eran aplicables los criterios de la Ley General de Migración, promulgada en agosto del 2004.
Además, la mayoría de los padres de esta población afectada llegaron al país antes del año 2000, entonces se trata de personas que tienen más de 10 años residiendo en el país.
La Resolución 12/07 limita que las personas puedan estudiar, trabajar, tener cédula de identidad, etc.
Es además una situación que se hereda de una generación a otra, ya que del total de personas afectadas, el 48% tiene hijos. De estos hijos, el 57% no han podido ser declarados, entre otras razones porque las oficialías le han negado este derecho; así como el 30% de los padres no tienen documentos.
“El circulo vicioso que ha generado esta disposición afecta de manera directa en el acceso a la documentación y manera indirecta en la limitación para acceder a la escuela, terminar los estudios o ir a la universidad; así como tener un trabajo digno”, dijo.
El SJRM demandó la eliminación de la Resolución 12/07 emitida en el 2007 por la Junta Central Electoral e hizo un llamado por el reconocimiento de los derechos de esta población y la no discriminación entre dominicanos.
En la presentación, participaron personas afectadas de los lugares donde se realizó el levantamiento, así como miembros del Movimiento pro un Registro Civil libre de Discriminación.
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