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Sexualidad: derecho y responsabilidad

El debate político y la confrontación judicial que se generó con la impugnación de la Iglesia Católica a la campaña sobre derechos sexuales y reproductivos impulsada por Profamilia es útil. Pone sobre el tapete dos temas importantes para la vida social y política del país: qué hacer para reducir los embarazos de adolescentes y fomentar la sexualidad responsable, y cómo impulsar una democracia donde el Estado pueda regular a favor de toda la sociedad.

Está demostrado que los embarazos de adolescentes y los embarazos indeseados en general disminuyen cuando las mujeres tienen más educación y mejores servicios de salud reproductiva. En los últimos 50 años se ha producido en el país una reducción significativa de la tasa de natalidad porque las mujeres tienen más acceso a los métodos anticonceptivos, y también porque se preparan después de tener dos o tres hijos.

Para las jóvenes, la única forma de prevenir embarazos tempranos es con mayor educación general, y mayor educación sexual. En esa labor ha estado inmersa Profamilia desde hace mucho tiempo. No ha sido tarea fácil porque la Iglesia Católica, ahora en coro con otras denominaciones que han aumentado feligresía en el país en las últimas décadas, ha sido crítica de la educación sexual en las escuelas y otros medios.

Con esta postura, las iglesias contribuyen a mantener altos niveles de embarazos entre adolescentes, que por su inexperiencia, tienen menos conciencia de las responsabilidades inherentes a la vida sexual activa.

No hablar de sexualidad o promover la abstinencia no es garantía de que las personas obviarán la actividad sexual. Si así fuera, República Dominicana tuviera una bajísima tasa de natalidad y una bajísima tasa de embarazos de adolescentes.

Las religiones tienen derecho a promover o imponer creencias a sus devotos, como de hecho lo hacen a través de lecturas, prédicas y penitencias. A lo que no tienen derecho es a imponer a toda la sociedad su perspectiva específica. Las políticas de fecundidad y natalidad, así como la garantía de los derechos reproductivos, corresponden al Estado como entidad reguladora de toda la sociedad.

Esto debe hacerse para conjugar dos objetivos en una democracia: el bienestar socioeconómico y el reconocimiento de derechos a la ciudadanía que promuevan el bien de todos en función del acomodo de todos.

Tener información sobre la sexualidad es un derecho de la población, la información es valiosa, y a la vez, no es homogénea ni libre de controversia. Hay distintos puntos de vista aún en los casos en que se recurra a la ciencia para articularlos. Pero la sexualidad es un derecho que siempre implica y genera responsabilidades.

Facilitar políticas públicas que promuevan el bienestar socioeconómico pasa por tener políticas de fecundidad que se ajusten a las condiciones humanas y ambientales de un país. Por ejemplo, tener 20 millones de habitantes, la mayoría pobre, en una pequeña isla presenta serios problemas de sostenibilidad de desarrollo. Es lamentable que muchas iglesias no cooperen para enfrentar estos retos sociodemográficos con el poder que tienen.

Los niños no traen el pan debajo del brazo; el costo para las familias y la sociedad de criar niños en condiciones adecuadas es muy alto. Los jóvenes no tienen la fuerza necesaria para resistirse a la sexualidad a menos que tengan otros incentivos de vida que van aparejados con mayor nivel educativo y mayor estatus económico. Las religiones, por más que prediquen, no han logrado generalizar la abstinencia entre sus feligreses, ni siquiera entre sus propios predicadores.

La sexualidad es un derecho y una responsabilidad que requiere conocimiento de causas y consecuencias.

Artículo publicado en el periódico HOY

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