Si la ley no es justa, no soy legalista

Preferiría apegarme a las leyes e invitar a todos y todas hacer lo mismo, y que la Constitución fuera la cara de la justicia. Pero si la Ley no es justa, entonces no soy legalista. Así lo creo, porque consideró que existe una verdad básica que está por encima de todas las reglas y convenciones sociales: que la vida está por encima de todo.

Ha provocado un revuelo el  consciente desacato cometido por Yenny Berenice Reynoso, la procuradora fiscal titular de Santiago, quien desobedeció la orden de un juez, que decidió imponer una fianza de 1.5 millones de pesos como coerción al confeso asesino de una joven mujer.

Con gran facilidad, como si no se tratara del asesinato de un ser humano, el juez Gabriel Marchena Adames, ordenó mantener en libertad a Pedro Báez, de 49 años, acusado de matar a de  Gleiry Muñoz, joven de 25 años.  El feminicida  había tenido relaciones sexuales con la víctima, y se justificó afirmando que  «ella se le fue encima con el puñal». Su defensa reduce el asesinato a una simple «riña entre parejas».

La Ley hay que defenderla cuando es justa, cuando su propósito es hacer el bien y defender la vida. No hay que proteger la letra muerta de la Ley, porque cuando está muerta, su propósito se orienta a hacer el mal.

El desacato  no se corresponde con un Estado democrático, pero cuando su sistema de «justicia» se sustenta en la injusticia, cuando sus jueces se corrompen u olvidan su sagrada misión, además de vaciarse la esencia democrática de ese Estado, se vuelve oportuno violar la Ley.

Entonces, por encima de toda elucubrada y arrogante teoría de los «expertos», prima la verdad básica del derecho a la vida.

El «Estado de Derecho» debe ser cuestionado a fondo cuando un juez, apelando al derecho a la inocencia de un asesino confeso, olvida a las víctimas, en este caso una mujer asesinada y a sus  tres hijos que deja en la orfandad. Eso fue lo que sucedió cuando procedió a ordenar la libertad de Báez Sánchez, un hombre que posterior al crimen  amenazó de muerte al esposo de la víctima.

La acción irresponsable del juez coloca  a la sociedad ante una disyuntiva; la defensa de la justicia nos lleva a romper unas reglas que en muchas ocasiones son  injustas e impuestas, como sucede con el Art.38 de Constitución Dominicana, que criminaliza el aborto incluso cuando la salud de la mujer está en peligro.

Un marco legal injusto y la venalidad con que se manejan los jueces   provocan  indignación y un caldo de cultivo para hacer un llamado a la desobediencia civil. Alzo con fuerza la voz y grito: ¡Indignémonos!

Por último, a los «expertos» les hago una pregunta muy dolorosa para mí: ¿Serían tan arrogante en defensa de la letra muerta de la Ley, si la víctima asesinada fuera su madre, su hermana o su hija?

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