Siete meses después del colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, los familiares de las víctimas continúan denunciando la lentitud del proceso judicial y el olvido de las autoridades.
Santo Domingo.– Todavía muchos de los sobrevivientes recuerdan con dolor aquella trágica madrugada del 8 de abril, cuando el techo de la discoteca Jet Set se desplomó mientras cientos de personas disfrutaban de una noche de baile y música.
Lo que comenzó como una jornada alegre, animada por la orquesta del merenguero Rubby Pérez, se convirtió en cuestión de minutos en una de las peores tragedias de la historia reciente del país.
Los testigos narran que, entre los escombros, se escuchaban los gritos de quienes pedían ayuda y buscaban a sus familiares, mientras las brigadas de emergencia intentaban rescatar a los sobrevivientes.
Sesenta y cuatro días después del siniestro, los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno, fueron detenidos tras presentarse por requerimiento ante la Procuraduría General de la República.
Luego de varias horas de interrogatorio, el Ministerio Público los acusó de homicidio involuntario, al considerar que hubo negligencia en el mantenimiento y supervisión de la estructura del establecimiento. Esa misma noche del 12 de junio, Antonio Espaillat fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras continuaban las investigaciones.
El colapso del Jet Set dejó un saldo devastador de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, según los reportes oficiales. Las autoridades concluyeron que el edificio presentaba deficiencias estructurales que no cumplían con las normas de seguridad requeridas, lo que agravó el impacto del desplome.
Para ellos, la tragedia del Jet Set no solo representa la pérdida de sus seres queridos, sino también una muestra dolorosa de la falta de control y responsabilidad en los espacios de entretenimiento del país.
Muchos de los familiares aseguran que, tras el desplome, recibieron promesas de apoyo económico y psicológico que nunca se cumplieron.
Algunos sobrevivientes aún padecen las secuelas físicas y emocionales del siniestro, mientras otros se enfrentan a la dura realidad de haber perdido a quienes eran el sustento de sus hogares.
Varias organizaciones sociales han exigido al Estado dominicano crear un fondo de compensación para las víctimas y establecer controles más estrictos sobre las edificaciones de uso público, con el fin de evitar que se repita una tragedia similar.
Las autoridades andan de corre corre monitoreando el alza del petróleo, luego de que este superara los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022 en medio de la guerra en Medio Oriente. Si cuando los precios internacionales estaban bajos los combustibles locales no bajaron, imagínense ahora.
9 marzo 2026
Macron y Von der Leyen asistirán a la cumbre en París, coincidiendo con el aniversario del desastre de Fukushima. Se discutirá la energía nuclear como opción para descarbonizar la economía europea.
Residentes piden a las autoridades y dueños de animales tomar medidas para evitar que estos deambulen por las carreteras.
Las víctimas eran de Cotuí. En el automóvil viajaban tres adultos y dos menores. El niño herido está fuera de peligro, según informes.
