SANTO DOMINGO.- Cuando aún está pendiente de conclusión el caso Odebrech, el mayor escándalo de corrupción registrado en el país, la batida iniciada por la Procuraduría en contra del enriquecimiento ilícito con fondos del erario ha abierto muchas expectativas e interrogantes.
La mayoría de esas inquietudes responde a un viejo reclamo de la sociedad y todavía no satisfecho, de sentar las bases para erradicar ese flagelo y la impunidad que impide combatirlo eficazmente.
Como medio independiente que permanentemente busca la verdad, SIN se identifica plenamente con ese sentimiento, sobre todo cuando proviene de sectores que responden al interés general y al fortalecimiento institucional en el país.
En nuestras emisiones noticiosas damos cabida a las diferentes posiciones y controversias que suscitan cuando llegan a la instancia judicial, pero en ningún caso las endosamos ni tampoco desaprobamos, pues sería inmiscuirnos en un asunto cuyo conocimiento sólo compete a los tribunales.
Lo que sí respaldamos de manera abierta, firme y responsable es que se investigue y siente en el banquillo de los acusados a toda persona, sin importar su nombre o su vinculación social o política, que se haya aprovechado de su posición en una institución del Estado para apropiarse de fondos públicos o beneficiar a relacionados.
El que haya defraudado al erario debe pagar con cárcel y devolver los bienes sustraídos, luego de la celebración de un juicio, donde la declaratoria de culpabilidad esté basada en pruebas contundentes y se halla cumplido el debido proceso, además del derecho de defensa.
Para evitar lo acontecido en el pasado con el descrédito provocado por lo que se ha calificado como shows mediáticos, estos procesos tienen que estar bien fundamentados, ajustados a la ley y a los códigos procesales para evitar que por tecnicismos legales puedan caerse en los tribunales, aun en el caso de que haya pruebas comprometedoras.
La segunda aspiración es que estos procedimientos alcancen no solo a los testaferros y cabezas visibles de la corrupción sino a sus promotores y beneficiarios principales, como reclama con toda razón Participación Ciudadana.
El país estará muy pendiente de estos procesos y espera que en ningún caso, el Ministerio Público sea selectivo o excluyente por presiones, arreglos y conveniencias ajenas a una buena administración de justicia, que finalmente es la base de su credibilidad institucional.