Ciudad de México.- Con dos agresiones al día y una impunidad casi total, la violencia contra los periodistas se perpetúa en un México con ineficaces medidas de protección y críticas diarias a los medios por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Matar periodistas en México no tiene ninguna consecuencia. A lo sumo se puede lograr que algún autor material, quien jaló el gatillo, sea procesado, pero no necesariamente se va a llegar a los autores intelectuales», dijo este miércoles a Efe el director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, Leopoldo Maldonado.
Las escalofriantes cifras han llevado a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) a calificar el país como el «más mortífero» para la prensa en el mundo.
Según Artículo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 a la fecha, 28 de ellos durante el mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.
Tras un crimen en diciembre de 2018 y diez en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.
Pero la ligera tendencia a la baja de los años recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de tres reporteros: José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz (Veracruz), y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana (Baja California).
«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida», dijo Lourdes Maldonado en marzo de 2019 en una de las conferencias diarias de López Obrador en Palacio Nacional, en referencia a un «pleito» que tenía con el hoy exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, del oficialismo.
Su caso es un reflejo de la ineficacia de las medidas de protección y de una realidad que desborda las promesas presidenciales.
«Vemos con muchísima preocupación que México continúa siendo un país de alto riesgo para ejercer el periodismo», denunció a Efe la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares.
IMPUNIDAD DESORBITADA
Artículo 19 documentó 362 agresiones en el primer semestre de 2021, una cada doce horas.
«La violencia va creciendo y no se ha contenido», apuntó Leopoldo Maldonado, y lamentó la incapacidad del Estado mexicano, tanto del Gobierno federal como de las autoridades locales.
Como en la mayoría de crímenes en México, la impunidad en las agresiones contra periodistas es casi total.
De hecho, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión abrió alrededor de 3.000 investigaciones desde 2010 pero solo obtuvo 22 sentencias condenatorias, según reportó Artículo 19.
VERDUGOS DE CUELLO BLANCO
Aunque la violencia es «estructural» en México, las «fuentes de origen» de las agresiones a la prensa dificultan, más si cabe, la prevención de estos crímenes, explicó a Efe Jade Ramírez Cuevas, integrante de la Red Periodistas de a Pie.
«Se ha roto el contrato social y prácticamente cualquier gobernante, funcionario y político, en colusión con el crimen organizado, puede atentar» contra la vida de los periodistas, afirmó la experta, preocupada también por la «precarizacion laboral» y la falta de «responsabilidad de los dueños» de medios.
Artículo 19 reportó que los funcionarios públicos infligieron 83 agresiones de las 362 registradas entre enero y junio de 2021, lo que lleva a que muchos casos no se investiguen.
En 81 casos no hubo «elementos suficientes» para acreditar al autor del ataque, mientras que en 79 la agresión fue a manos de un «particular» y en 56 casos fue ejercida por un «partido político».
Mientras que el crimen organizado estaría detrás de 12 agresiones.
UN MECANISMO INSUFICIENTE
México tiene desde 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente consta de 1.504 beneficiarios, 493 de ellos periodistas.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), esta cifra implica un aumento del 88 % frente a los 798 beneficiarios de 2018.
Maldonado destacó que este año, y pese a la eliminación de un fideicomiso, se incrementará el presupuesto del mecanismo en un 56 %. «Pero va a ser insuficiente», advirtió.
El problema con este mecanismo federal es que no busca una «política integral» que atienda las causas de la violencia, advirtió Olivares, de Amnistía.
«Está diseñado para la reactividad (…) y no permite prevenir los ataques», agregó.
Jade Ramírez Cuevas es un triste y paradójico ejemplo de la utilidad del mecanismo.
Hace años recibió varias amenazas de muerte, primero por su cobertura de la oposición a una presa y luego por su defensa de periodistas y defensores.
Y entre 2012 y 2015 formó parte de la Junta de Gobierno de este mecanismo como representante de la sociedad civil.
«Me generó nuevos riesgos, amenazas y ataques. (…) Y acudimos a instancias internacionales para tener garantías de protección», explicó Ramírez Cuevas, destacando que desde hace años Periodistas de a Pie se ha «desmarcado» del organismo.
EL PRESIDENTE ESTIGMATIZADOR
Cada vez que matan a un periodista, López Obrador condena la violencia y promete justicia expedita y libertad de expresión.
«En el caso de la compañera que fue asesinada en Tijuana, he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo», indicó este martes desde Palacio Nacional.
Recordó que Lourdes Maldonado no formaba parte del mecanismo federal de protección y atribuyó la violencia existente a décadas de «neoliberalismo».
Pero en el discurso de López Obrador se mantienen los ataques a buena parte de la prensa, que califica de «fifí» (conservadora).
Incluso los miércoles, en su mediática «mañanera», hay una sección para destapar las «mentiras» de los medios.
«Desde el poder público se descalifica y estigmatiza a la prensa», dijo Maldonado, quien lamentó que las palabras del presidente generen un «efecto cascada» que llega a toda la clase política, que ya de por sí es «profundamente intolerante a la crítica y al escrutinio público».
Grupo SIN, es una empresa dedicada a la producción y transmisión de programas de información y opinión a través de televisión abierta a nivel nacional por el canal 9 de Color Visión.
