Santo Domingo.- El Ministerio Público depositó este miércoles ante un tribunal del Distrito Nacional la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de integrar una red criminal que distribuyó más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La acusación fue presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor solicitó que se admita de manera íntegra el expediente, junto con todas las pruebas recolectadas, y que se dicte auto de apertura a juicio contra los imputados. Asimismo, pidió fijar la fecha para el conocimiento de la audiencia preliminar.
Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos exencargados de Seguridad de Edenorte.
También fueron acusados Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Rodríguez González, así como Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L., vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
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Sobornos por más de RD$108 millones
De acuerdo con la acusación, la red distribuyó RD$108,080,359.92 en sobornos, recursos que habrían sido exigidos y recibidos por encargados de seguridad y otros funcionarios de distintas entidades estatales para favorecer la contratación y permanencia de empresas de seguridad privada.
El Ministerio Público sostiene que esos pagos ilícitos se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a Senasa y evitar objeciones o fiscalizaciones durante la ejecución de los servicios.
Investigación de la Pepca
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el expediente, las pesquisas permitieron identificar una estructura criminal dedicada a defraudar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a empresas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecen que la empresa Senase habría pagado sobornos durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, creando un esquema que permitió mantener contratos públicos mediante prácticas fraudulentas y la subordinación de los mecanismos de supervisión institucional.
El Ministerio Público recordó que, durante la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025, fueron arrestados militares y civiles presuntamente vinculados a esta estructura delictiva.
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, mientras el órgano acusador busca que el proceso avance a la fase de juicio de fondo.
