Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo.
Por Will Fitzgibbon (Traducción: Jaime Arrambide)
Emily Spell escuchó los gritos desde el exterior de la casa de ladrillo rojo de sus padres.
Al ingresar, encontró a su hermano, Joseph Williams, de 31 años, desparramado sobre un colchón en el sótano. Tenía los ojos entreabiertos, amarillos, y los labios azules. Su esposa Kristina le estaba golpeando el pecho.
“¡Joe! ¡Despierta Joe!”, gritaba Kristina.
Como era estudiante de enfermería, Emily empezó a practicarle las maniobras de reanimación a su hermano. Cada vez que presionaba el pecho de Joe, por su boca salía espuma blanca, que le chorreaba sobre su pijama de Batman, su favorito.
La madre de Joe, que había regresado a toda velocidad a su casa desde su trabajo en una sucursal de la cadena de supermercados regional Piggly Wiggly en Garland, Carolina del Norte, entró al sótano y se recostó al lado de su único hijo varón.
“Está todo bien, hijo, ya puedes seguir durmiendo”, dijo Susan Williams. “¿Quieres un cigarrillo? ¿Tienes frío en el cuerpo?”
“Creí que mi madre había perdido la razón”, recuerda Emily. “Por supuesto que tenía el cuerpo frío, porque estaba muerto.”
En la familia de Joe, nadie sabía qué lo había matado. No tenían ni idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caerían víctimas del fentanilo, el narcótico más letal del mundo. Cuando les dieron el informe de la autopsia, tampoco conocían –tardarían meses en saberlo– cuáles eran las fuerzas responsables a nivel global de la muerte de Joe.
Para que los opioides diseñados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la fácil circulación de dinero sucio a través de instituciones financieras conocidas en todo el mundo.
BuzzFeed News obtuvo un conjunto de documentos financieros secretos con detalles sobre cómo circuló por todo el mundo el dinero que movía la red de narcotráfico de fentanilo y otros casi 2 billones de dólares de fondos sospechosos, y compartió toda esa información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los archivos, conocidos como informes de actividades sospechosas (SAR), ofrecen una visita guiada al mundo del delito, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos desempeñados por políticos, oligarcas y estafadores con buena labia, y el rol crucial de los banqueros que atienden a cada uno de ellos. Los SAR demuestran que el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para desbaratar el flujo de dinero ilícito fomenta el delito y causa sufrimiento a escala planetaria.
En un mundo asolado por crisis que acaparan los titulares de los diarios, incluida la pandemia de coronavirus que destruye vidas y medios de subsistencia, el movimiento sin control alguno de dinero sucio puede parecer una amenaza remota. Pero sus consecuencias son profundas: narcotraficantes y estafadores “Ponzi” mueven sus ganancias más allá del alcance de las autoridades. Los déspotas y los corruptos capitanes de la industria amasan fortunas ilícitas y consolidan su poder. Y acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar el tratamiento para los enfermos.
En el centro de estas historias hay personas reales afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artimañas financieras predatorias, atletas olímpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas.
La familia de Joe Williams y otras víctimas con frecuencia no saben que parte de su dolor es producto del delito financiero, o violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, “lavado de instrumentos monetarios”.
“La gente tal vez no toma dimensión de cuestiones como el lavado de dinero y las sociedades offshore, pero siente sus efectos todos los días, porque eso es lo que hace que el delito a gran escala rinda, desde los opioides hasta el tráfico de armas, pasando por el robo de los seguros de desempleo relacionados con el Covid-19”, dice Jodi Vittori, experto en corrupción en Carnegie Endowment for International Peace.
Pero las redes delictivas y los agentes policiales y judiciales que intentan detenerlos saben que un flujo descontrolado de dinero sucio es el requisito más importante para que un emprendimiento delictivo sea exitoso.
Brandon Hubbard, que cumple cadena perpetua por participar de la importación del fentanilo que terminó con la vida de Joe, recuerda que el policía que lo arrestó parecía menos interesado en el polvo conocido como “china blanca” que en saber adónde había ido a parar el dinero. “Esa es lo primero que me preguntaron cuando entraron a mi casa”, dice Hubbard en una entrevista desde la cárcel. “¿Dónde está el dinero?” Hubbard asegura no haberle vendido drogas a Joe Williams ni saber quién lo hizo.
Los documentos filtrados, conocidos como FinCEN Files, incluyen más de 2.100 informes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros, y enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según BuzzFeed News, algunos de los documentos fueron reunidos para el comité de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, mientras que otros fueron compilados por pedido de agencias de seguridad ante la FinCEN.
Los informes –boletines con densa información técnica– son los documentos filtrados más detallados de la historia del Tesoro de los Estados Unidos. Revelan pagos procesados por grandes bancos, como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays. Describen “viajes” de dinero sucio que zigzaguean inexplicablemente a través del mundo; desde botines de cleptócratas o de alguna empresa pantalla en la costa del Atlántico, por ejemplo, a través de un banco de Wall Street, hasta algún paraíso fiscal bañado por el sol del Caribe, un edificio torre en Singapuro una financiera en Damasco.
No todos los reportes de actividades sospechosas son necesariamente evidencia de un ilícito. Reflejan las observaciones de “vigilantes” internos dentro de los bancos, conocidos como “autoridades de cumplimiento”, que informan sobre transacciones pasadas que llevaban la marca del delito financiero, o que incluían a clientes con perfiles de alto riesgo o con antecedentes de pleitos ante la ley.
La FinCEN dijo a BuzzFeed News y ICIJ que no responde “sobre la existencia o no de SARS específicos”. Publicó una nota de prensa diciendo que “la divulgación de SARS sin autorización es un crimen que puede impactar la seguridad nacional de Estados Unidos”. Días antes de que ICIJ y sus colaboradores revelaran su investigación, la agencia anunció que estaba buscando comentarios públicos sobre como mejorar el sistema anti lavado de activos de Estados Unidos.
Cuatrocientos periodistas de casi 88 países hurgaron en los documentos filtrados, y con frecuencia salían solamente con la pista de un nombre o una dirección. Dedicaron 16 meses a peinar documentos de fuentes adicionales, y a leer voluminosos archivos y expedientes judiciales, entrevistando a quienes luchan contra el delito y a las víctimas del mismo, y revisando datos de millones de transacciones que tuvieron lugar entre 2000 y 2017.
Animados por el contenido de esos archivos secretos, los periodistas siguieron el rastrode los dólares de un narcotraficante de Rhode Island hasta el laboratorio de un químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que perjudicaron a economías en África y en Europa del Este, rastrearon a profanadores de tumbas que saquearon antiguos artefactos budistas que luego fueron vendidos en galerías de Nueva York; investigaron a magnates venezolanos que malversaron dinero de viviendas y hospitales públicos, y analizaron en detalle la mayor refinería de Oriente Medio, motivo de una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos extendida y nunca revelada.
Entre las decenas de figuras políticas que aparecen en los documentos se encuentra Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump y quien fue condenado por fraude y evasión fiscal. JP Morgan informóque movió dinero entre Manafort y las empresas fantasmas de sus socios hasta septiembre de 2017, mucho tiempo después de que se revelaran sus vínculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y el sospechoso lavado de dinero.
Con frecuencia, la persona vinculada con una transacción sospechosa es suplantada por otra persona con la que tiene vínculo directo o indirecto: un nene, un socio o, como en el caso de Atiku Abubakar –exvicepresidente nigeriano acusado de desviar 125 millones de dólares de un fondo de desarrollo petrolero–, la esposa. Años después de que se conocieran las acusaciones de corrupción contra su marido, Rukaiyatu Abubakar movió más de 1 millón de dólares del dinero de su esposo a través del Banco Habib a una empresa de los Emiratos Árabes Unidos para comprar un departamento en Dubái (Atiku Abubakar no ha sido enjuiciado y niega cualquier ilícito).
Decenas de casos de la investigación de los archivos de la FinCEN rastrean transferencias de dinero similares –desde capitales extranjeros a empresas que solo existen en papeles– manejadas por bancos de alcance global que desde hace mucho tiempo consienten a oligarcas y déspotas, y hasta ahora casi no han enfrentado presiones reales para dejar de hacerlo. Este sistema tiene consecuencias duraderas que arruinan la vida de personas que no conocemos.
Un aromaterapista australianoenvió 50.000 dólares en una estafa con criptomonedasrealizada desde Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia. Un jubilado de Texas pensó que había encontrado el verdadero amorcon una estudiante universitaria de Austin a la que conoció por internet, y le transfirió dinero a una cuenta del Bank of America perteneciente a un político nigeriano venido a menos. Padres rusos que necesitaban transportar en un ferri a su hijo enfermo para llegar a un hospital de San Petersburgo le transfirieron 15.000 dólares a un vendedor de autos usados de Nueva Jersey que les había prometido un Honda de segunda mano, que nunca les entregó.
Y un hombre de Carolina del Norte que estaba tratando una adicción secreta pagó unos dólares por un polvo blanco que cruzó tres países y terminó costándole la vida.
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