SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán niega que el sistema judicial esté en descalabro y además afirma que los casos de los jueces suspendidos son hechos aislados.
Video íntegro:
A continuación texto íntegro del discurso de Mariano Germán:
Muy buenos días a todas y a todos
Ofrézcoles una cálida y cordial bienvenida a este acto solemne, en el cual conmemoramos el Día del Poder Judicial, la continuidad de un servicio, que, por el valor que tiene para la sociedad, nunca se interrumpe.
Día igualmente fijado para cumplir con la obligación de rendir cuentas de los bienes y servicios administrados y decir a sus dueños y beneficiarios como procuramos administrarlos en el próximo año.
Para iniciar mis palabras me permito recordarles que los Poderes del Estado son órganos constitucionalmente complejos y por supuesto, el Poder Judicial no es ajeno a esta condición.
En efecto, él está integrado, de una parte, por: Los órganos jurisdiccionales de fondo (Juzgados de Paz y equivalentes, Juzgados de Primera Instancia y equivalentes, Cortes de Apelación y equivalentes), y por la Suprema Corte de Justicia; y de otra parte, por el Consejo del Poder Judicial, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, como órganos vinculados.
Cada uno de los órganos jurisdiccionales tiene, a la vez, órganos colaterales con funciones administrativas; porque, desde el punto de vista institucional, lo administrativo y lo jurisdiccional son dos conceptos íntimamente vinculados, aunque diferentes.
Cuatro estructuras institucionales explican la anterior afirmación:
A los actos más importantes del año 2015 de cada uno de los citados órganos institucionales, aunque no a todos los importantes, me permito referirme a continuación.
En efecto, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son aquellos a los cuales diariamente los ciudadanos acceden para recibir respuestas a los diferendos diversos que los adversan y para los cuales esperan una respuesta inmediata y con justicia. Son los tribunales de fondo, de una parte; y la Suprema Corte de Justicia, de otra parte.
Las jurisdicciones de fondo durante los primeros nueve meses del año 2015 recibieron 425,077 expedientes, elevándose en un 3.4% el número de expedientes a su cargo, con relación a los recibidos en igual período del año anterior.
De los expedientes ingresados 325,903 recibieron solución, para un 76.67% de los recibidos, conforme al siguiente detalle:
El pasado año las labores de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia fueron:
1) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió un total de 2,356 expedientes, de los cuales 1,175 son Recursos de Casación en materia civil y comercial; y 1,181 son decisiones dictadas en Cámara de Consejo.
2) A la Segunda Sala, que conoce los recursos de casación en materia penal, le ingresaron un total de 2,219 expedientes, siendo decididos un total de 2,700 casos.
3) La Tercera Sala, que conoce los recursos de casación en materia de tierras, laboral, contencioso tributario y contencioso administrativo, decidió un total de 1,894 casos.
4) Las Salas Reunidas decidieron 561 expedientes.
5) En tanto el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de las atribuciones Constitucionales y Legales:
De otra parte, el conjunto que identificamos como “Poder Judicial”, además de las funciones ya enunciadas, tiene funciones políticas, interpretativas y éticas; y obviando las funciones interpretativas y éticas, me permito decir que:
Aunque sin perjuicio de sus respectivas atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, entre ambas instituciones no puede haber ni siquiera signos de disparidad de criterios.
B.- TRABAJOS ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA:
Durante el recién finalizado año, la Jurisdicción Inmobiliaria recibió 259,290 expedientes, de los cuales:
Las cifras anteriores reflejan un incremento de un 12% con respecto al año 2014, sin que en ellas se hayan cuantificado los expedientes de los demás Tribunales de Tierras, lo que obviamente incrementaría la proporción porcentual.
Paso ahora de referirme a un tema de preocupación permanente para todos aquellos que quieren invertir, y vivir seguro y liberado de la incertidumbre de un despojo de su propiedad: el tema del sistema operativo de la jurisdicción inmobiliaria.
En este sentido quiero ratificarles que he sostenido que sin certeza del registro de la propiedad inmobiliaria no hay seguridad jurídica para el propietario y por supuesto para los demás a quienes se les opone ese derecho y en particular para las inversiones.
Es por lo que, hemos dedicado ingentes esfuerzos, energías y recursos para establecer un Sistema eficiente y eficaz que la garantice.
El trabajo para construirlo ha sido dirigido en los tres órganos que forman parte de dicha Jurisdicción, es decir: Tribunales de Tierras, Registros de Títulos y Direcciones de Mensuras Catastrales.
Aunque el trabajo ha sido amplio, en este momento sólo me permito resaltar cuatro proyectos fundamentales:
De lo que se trata es de la estandarización de la recepción y entrega de las solicitudes en cada órgano, la consulta en línea del estatus del expediente (o trazabilidad), el acceso a la historia del inmueble para fines de un análisis o calificación más efectiva y la capacidad de auditar las actuaciones de cada uno de los participantes en la ejecución de los procesos.
Los avances de estos trabajos nos permitirán poner en manos de la población en el primer trimestre de este año la implementación del nuevo Sistema de Recepción y Entrega de los servicios para el Registro de Títulos del Distrito Nacional, lo que significa que el expediente tendrá, desde el depósito de cualquier solicitud, su registro digital, el cual pasará, a la vez digitalmente a cada uno de los órganos de la jurisdicción inmobiliaria.
Esta base de datos permitirá que el denominado tracto sucesivo, que es la cronología de los trámites que han afectado cada inmueble en su historia, esté disponible en el sistema computacional, para la consulta y el análisis.
El registro computarizado de la historia de cada inmueble garantiza que se cuente, desde 1926 a la fecha, con las informaciones que detallan los Certificados de Títulos, las Constancias Anotadas, los Registros Complementarios, entre otros documentos, lo que, mejorará la calidad del análisis para una adecuada calificación y el tiempo de respuesta de las solicitudes de los ciudadanos.
A la fecha, esta base de datos histórica de los inmuebles del Distrito Nacional ha sido concluida, y pronto, estará disponible para consulta de la ciudadanía a través de la página web de la jurisdicción inmobiliaria, previo registro y cumplimiento de requisitos de autenticación de la identidad y la calidad requeridas.
Forman parte de la base de datos histórica del Distrito Nacional, desde 1926 hasta la fecha, un total aproximado de 2,017,132 transacciones registradas. Distribuidos como sigue:
Aprovechamos este acto para anunciar, que en este mismo mes de enero comenzaremos los trabajos para la realización de la Base de Datos de la provincia de Santo Domingo.
Lo ideal sería que este trabajo se ejecute en lo inmediato en toda la geografía nacional, pero limitaciones presupuestarias nos impiden hacerlo.
En resumen, estos procesos significan para el usuario:
Habiendo el Poder Ejecutivo declarado este año 2016 como “Año del Fomento de la Vivienda”, mediante Decreto No. 389-15, aguardamos los nuevos proyectos para darles la respuesta correspondiente lo más oportunamente posible, a fin de que, los mismos sean exitosos.
Señoras y señores, tenemos mucha confianza en la empresa que ha sido contratada para la implementación de las reformas en el sector inmobiliario. Los sistemas ya implementados nos dicen que vamos por el buen camino. Tenemos plena seguridad que los proyectos concluidos y aquellos en proceso, significarán un paradigma de modernización y de seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.
Los trabajos para avanzar en el área precitada han alcanzado más de cuarenta vertientes, por lo que no pudiendo detenerme a enunciarlas y menos aún a desarrollarlas, les invito a revisar detenidamente el discurso escrito que se les estará entregando a la salida de este evento.
Una lectura detenida les permitirá hacer conciencia de su contenido y de cada uno de los aspectos que con un gran esfuerzo económico y con pocos recursos hemos ido desarrollando.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a las personas, organismos e instituciones que han prestado su apoyo en la jurisdicción inmobiliaria, en especial al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a la Junta Agroempresarial y a la Asociación de Bancos de la República Dominicana, los cuales amablemente han facilitado al consultor Ángel Pappalardo, quien viene trabajando y apoyando los procesos a los cuales ya nos hemos referido.
C.- TRABAJOS SOBRE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES:
Dejando constancia de nuestro compromiso con el avance y el mejoramiento de la justicia, pese a las precariedades económicas; de una parte en el año 2015, en terrenos propios, levantamos ocho edificaciones para Juzgados de Paz que funcionaban en locales alquilados y en condiciones no adecuadas y los pusimos a funcionar con el mobiliario y la tecnología necesaria, son:
Y está en fase de construcción, el Juzgado de Paz de Castillo, del Departamento Judicial de Duarte.
Y de otra parte, realizamos remodelaciones y reubicaciones en:
D.- VIGILANCIA Y DISCIPLINA:
Otros aspectos a los cuales otorgamos importancia capital, fueron la vigilancia y a la disciplina. Ellas nos han permitido comprobar que: la gran mayoría de nuestros jueces son trabajadores y honestos. Una ínfima minoría puede haber violentado los principios éticos y cometer actos reñidos con la ley y la ética. Si los buenos brillaran, muchos pudiéramos decir que el Poder Judicial fuera todo luz. Pero lamentablemente, un malo hace más ruido que cien buenos.
Esa última realidad es la explicación de los hechos dolorosos ocurridos en el último mes del año recién transcurrido que todos ustedes conocen, frente a los cuales hemos adoptado las medidas que institucionalmente se corresponden y nos ha ordenado nuestra conciencia institucional e individual.
Confío en los jueces, confío en la justicia. Tenemos accidentales inconvenientes conductuales, pero esto no constituye el descalabro del Poder Judicial. Hemos aceptado el inaplazable e inmediato desafío, por entenderlos como la oportunidad de fortalecer el sistema de vigilancia y sus consecuencias en sus vertientes negativas y positivas, mediante la implementación de las siguientes medidas:
No hay duda alguna de que el sistema de ingreso y promoción de los jueces se realiza según los lineamientos constitucionales y legales. Es decir, TODOS los magistrados son egresados de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde pasan dos años de riguroso entrenamiento. Un año presencial en la misma Escuela, y el otro año de práctica en los Juzgados de Paz.
La colocación de los resultados de todos los procesos en la página web del Poder Judicial a disposición la ciudadanía transparenta dichos procesos. Uno de los más eficientes y pulcros de Iberoamérica.
No hay injerencia interna o externa de ningún sector para el ingreso a la carrera judicial y menos aún para la designación y promoción. Las afirmaciones en contrario no se corresponden con la verdad.
Actualmente el Poder Judicial tiene 688 jueces, TODOS DE CARRERA. Todos fueron evaluados y designados según la Constitución y las Leyes. REPITO, NO HAY UN JUEZ QUE HAYA SIDO DESIGNADO POR INJERENCIA ALGUNA.
Así ha trabajado el Poder Judicial Dominicano, aunque no sin colaboración recíproca de las demás instituciones, nacionales e internacionales. Más de 30 acuerdos fueron firmados durante el año 2015; dirigidos a fortalecerlo. Enseñando a los demás y aprendiendo de los demás.
E.- TRABAJOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA Y DE LA OFICINA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA
Hago un paréntesis para reiterarles que quien les dirige la palabra, preside los Consejos Directivos de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y en ese sentido, les invito encarecidamente a la lectura de la versión escrita de este discurso para que conozcan las labores de ambas instituciones durante el pasado año 2015.
Cerrado el paréntesis paso a la rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial con relación a la administración financiera.
F.- RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Al efecto, en el año 2015 el Poder Judicial recibió recursos presupuestarios por un monto de RD$4,906.6 millones. De su ejecución, RD$4,709.3 millones correspondieron a Gastos Corrientes y RD$179.5 millones a Gastos de Capital.
De los Gastos Corrientes, el 78.2% (ascendente a RD$3,681.6 millones) fue destinado a cubrir gastos del personal fijo y contratado; el 11.5% (ascendente a RD$543.5 millones) a cubrir servicios básicos: materiales y suministros; el 3.60% (ascendente a RD$191.5 millones) a transferencias corrientes a la Escuela Nacional de la Judicatura; y el 7.81% (ascendente a RD$415,559,179) a la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Es cierto que tenemos dificultades generadas por la falta de recursos y deficiencias generadas cada día por la carencia de instalaciones y las precariedades que afectan a las que ya poseemos; pero podemos enarbolar con orgullo la pulcritud con la que manejamos los reducidos fondos que nos asignan.
El empeño extraordinario para dar a cada peso el mejor destino y la timidez para gastarlos nos caracterizan.
Con el manejo racional y priorizado de los recursos recibidos, durante el año 2015, el Poder Judicial desarrolló precariamente su gestión administrativa y financiera.
Si hubiésemos tenido más recursos, hubiésemos dado mejores servicios. Por lo que, como consignaré más adelante, continúo rogando encarecidamente a los demás poderes del Estado que no nos dejen sucumbir. La sociedad Dominicana se merece mejores servicios de su sistema de justicia.
II).- QUEJAS INSTITUCIONALES Y PROYECCIONES FUTURAS
A).- Necesitamos más recursos
Para el año 2016, el Poder Judicial presentó para aprobación de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) un Anteproyecto de Presupuesto por un monto de RD$10,983.34 millones, que no representa el 2.66% del P.I.B. que nos corresponde por Ley, del cual sólo le fueron aprobados RD$5,606.64 millones. Esto causará serias limitaciones para avanzar con eficiencia y productividad en el cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos a nuestro Poder Judicial.
No quisiera quejarme, pero debo ser auténtico: Con los recursos que nos han sido aprobados la administración de justicia se congestionará y es poco lo que podemos hacer.
Nuestra nómina es de 688 jueces, 5,799 empleados administrativos, 270 empleados contratados y 58 empleados interinos. Números que evidencian, por una parte, escasez de personal y por otra parte, que la mayoría de los fondos recibidos (93.9%) deben ser destinados al pago de la nómina, los gastos fijos (Agua, electricidad, teléfono, internet, alquiler de locales, materiales y suministros, mantenimiento y adecuación de las estructuras físicas) y el funcionamiento de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Insistimos, en ese contexto, el Poder Judicial se verá impedido de satisfacer no sólo las necesidades materiales, en sentido estricto; sino también de mantener y mejorar los sistemas tecnológicos y contratar más personal y dar más formación a los ya contratados, así como cumplir con las exigencias de un Poder del Estado provisto de las estructuras institucionales derivadas de la Constitución y de las Leyes que en su totalidad no han podido ser puestas en funcionamiento por la falta de recursos.
Tenemos que hacer conciencia de la trascendente realidad ya descrita y de la existencia de sectores sociales y económicos que al lanzar su crítica no valoran las condiciones en el que se desempeña este Poder del Estado. El Poder Judicial lamentablemente es tratado como la cenicienta de los poderes.
Jueces tomando guaguas y carros públicos mientras dictan sentencias contra narcotraficantes son dos condiciones incompatibles. Un juez que baja de los estrados después de haber condenado a un narcotraficante y tiene que encender su motor para ir a la escuela a buscar a sus hijos para montarlos uno atrás y otro delante es una expresión indigna del Poder Judicial. Así no se puede.
La sociedad dominicana reclama jueces íntegros en el aspecto ético y moral, planteamiento con el cual estamos absolutamente de acuerdo, pero es también un deber del Poder Judicial garantizar para nuestros jueces seguridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto, de la misma manera que compartimos el planteamiento de la sociedad, esperamos que ella nos brinde el firme apoyo que nos permita lograr alcanzar tales atributos.
Son igualmente puntos de preocupación para el Poder Judicial:
En este sentido, es un deber de todos los que tenemos responsabilidades frente a una sociedad que merece mejores servicios y en condiciones dignas, contribuir con la construcción de un moderno y amplio edificio que aloje, en un solo lugar, la mayor parte de los tribunales del Departamento Judicial de Santo Domingo y para cuya edificación ya tenemos un terreno de 14,696.17 metros cuadrados, hemos realizado los estudios geotécnicos correspondientes, levantados los planos requeridos y realizada la excavación de un nivel de parqueo soterrado, en toda la extensión del terreno.
En este sentido, queremos resaltar que, ciertamente el Departamento Sur necesita de una edificación que aloje la jurisdicción inmobiliaria de esa demarcación, es decir: Tribunal Superior de Tierras, Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original, Registros de Títulos y Dirección de Mensuras Catastrales; ya que no es posible que desde los lugares más apartados de dicha región, tengan los usuarios que trasladarse a la capital.
Tener la obligación de venir de Pedernales al Distrito Nacional para recibir respuesta de un caso de tierras es equivalente a negar el acceso a la justicia que la Constitución garantiza como un Derecho Fundamental; y
Ciertamente, tenemos que construir espacios seguros para el archivo de nuestros documentos judiciales. Actualmente la historia del poder se encuentra alojada en un espacio alquilado al lado de una fábrica de baterías.
Queremos archivos judiciales, porque ninguna Nación tiene historia sin archivos y no hay archivos sin edificaciones donde asegurar la permanencia de los documentos que la recogen. (Benoit Garnot, Historia de la Justicia, Francia XVI-XXI. Edición Gallimard 2009)
Es justo reconocer que la justicia dominicana tiene fortalezas y tiene debilidades. Unas y otras tienen sus causas y tienen que ser trabajadas.
En efecto, en el área civil y comercial, la justicia dominicana trabaja armoniosamente, da respuestas apropiadas y en tiempo oportuno. Causas: una legislación históricamente legitimada por la práctica social. Una estructura judicial estable y ajena a los sobresaltos legislativos. Una justicia que da seguimiento a criterios jurisprudenciales armónicos y sostenidos.
Por lo tanto, en dichas áreas los reducidos retardos en los fallos sólo son resultados de la falta de personal.
La justicia penal, por el contrario, vive en sobresaltos permanentes. Causas: Copias de legislaciones inadaptadas a nuestra historia penal y procesal penal, que traen como consecuencia que: una legislación laxa y conducente a la libertad de los imputados por infracciones graves mantenga los armarios llenos de expedientes relativos a imputados en rebeldía;
Reconozcamos que somos víctimas de la improvisación. En efecto:
De lo anterior deviene que muchos infractores no pueden ser sancionados, porque en el período de libertad se le escapan a la justicia.
Postulo por:
Reconozco que esto implica modificaciones institucionales, pero hay que realizarlas y garantizar su ejecución, para que haya, en el sentido precitado, un sistema más predecible.
No le echen toda la culpa a la justicia. Proponemos formalmente que nos sentemos todos los actores responsables en una mesa al mismo nivel, para discutir institucionalmente propuestas hacia la solución de las falencias descritas, para que logremos una legislación más nivelada.
En la lucha contra la criminalidad y en la búsqueda de lograr los objetivos de una justicia más cercana a la sociedad, a la cual ésta tiene derecho, las modificaciones que estamos proponiendo son necesarias. Por lo que, reiteramos nuestro llamado al Ministerio Público para que trabajemos conjuntamente un proyecto en este sentido.
Tenemos que trabajar y trabajar, aun sin olvidar que las fortalezas, como las debilidades de la Justicia socialmente aparecen como desaparecen y concluyamos esta intervención con las afirmaciones puntuales siguientes.
CONCLUSIONES
El hecho de que Judas haya traicionado a Cristo no quitó fortaleza al Cristianismo. El hecho de que hoy día otros Judas embalsamen a Cristo en sacos y fundas y convertido en polvo lo vendan en dólares y en euros no nos hará desaparecer.
Seguirán habiendo Judas, pero el Cristianismo seguirá avanzando.
Trabajemos cada día de este año 2016 para que así sea, para que tengamos una justicia más cerca de la verdad y de la equidad.
Bajo nuestro mandato, la Justicia no perecerá. Ella brillará y el camino hacia ella tendrá más luz, serenidad y certidumbre.
Mariano Germán Mejía
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Y del Consejo del Poder Judicial.