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Sobre la libertad de expresión

Sobre la libertad de expresión
Juan Bolívar Díaz

Juan Bolívar Díaz.

Que 68 periodistas y articulistas  de diferentes  medios de comunicación hayan suscrito, de un día para otro, una denuncia de presiones, intimidaciones, calumnias y recriminaciones, como parte de una ofensiva que estiman tiene el objetivo de reducir la libre expresión en el país, debería ser objeto de reflexiones y consideraciones profundas.

No basta la declaración del ministro de la presidencia en el sentido de que el presidente Leonel Fernández es respetuoso de la disensión y que ha tenido iniciativas legislativas para protegerla, las cuales llevan años entre comisiones y archivos. Eso no está en discusión. Este gobierno no es autor del clima de libre expresión que vivimos en las últimas décadas, pero lo ha respetado.

Lo que se ha denunciado es que altos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno mantienen una ofensiva contra los comunicadores más críticos, de la que participan comentaristas pagados por diversas instancias de un gobierno que se ha caracterizado, eso sí, por cooptar una alta proporción de los periodistas, comentaristas y articulistas de todo el país. La última vez que se supo su cuantificación, la Red de Comunicadores con Leonel agrupaba a casi dos mil.

En honor de muchos de ellos y de la inmensa legión de más de un millar en las nóminas de relaciones públicas de los diversos organismos del Estado y de los cientos que son beneficiados con la generosa publicidad oficial, hay que decir no se han puesto al servicio incondicional del gobierno, aunque por lo menos  se han visto obligados a reducir la criticidad, característica fundamental de la libertad de expresión. Gran parte  han sido empujados a la nómina porque sus bajos ingresos no les permiten sobrevivir.

La preocupación no es porque creamos que vaya a desaparecer la libertad de expresión, imposible en esta época del Internet. Eso sólo fue posible durante la tiranía de Trujillo en las primeras décadas del siglo pasado, cuando al país llegaba un reportero internacional cada seis meses y nadie se atrevía a acercársele. Tan pronto cayó ese régimen, recobramos el derecho a la palabra y desde entonces nadie nos lo ha podido arrebatar. En los doce años de Balaguer se hicieron muchos esfuerzos, pero los comunicadores dominicanos lograron preservar la libertad, con una cuota de sangre.

Fue por lo que esa etapa no pasa a la historia dominicana como otra dictadura. Las demás libertades fundamentales estuvieron cortadas o francamente eclipsadas. El asesinato político era cotidiano, había cientos de presos políticos y miles de exiliados impedidos de volver al país. No había libertad sindical, de reunión ni de manifestación y, hay que recordarlo, se llegó a prohibir que emisoras y televisoras retransmitieran las voces de Juan Bosch, Francisco Peña Gómez y Rafael Casimiro Castro.

Ni pensar que estemos en una tesitura parecida. Pero una serie de hechos de dominio público, incluyendo artículos y declaraciones de altos funcionarios, dirigentes del partido de gobierno y activistas pagados conforman una ofensiva encaminada a intimidar y reducir el espacio libertario. Aparte están los correos electrónicos insultantes y los comentarios intimidatorios que se formulan por diversos medios.

El presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, denunció esta semana como mezquinos, a quienes no apoyan la propuesta del presidente Leonel Fernández para una cruzada contra la especulación internacional en los precios del petróleo y los alimentos, cosa que él no puede lograr ni siquiera en este pequeño mundo de 10 millones de habitantes y 48 mil kilómetros cuadrados.

Para colmo, el mismo Pared y la cúpula peledeísta cerraron la semana avalando la demanda de Euclides Gutiérrez contra la periodista Nuria Piera porque se atrevió a denunciar que ese modelo de político y ciudadano debía 70 facturas de energía eléctrica a un ente estatal por más de 3 millones de pesos. Apenas un mes después que el presidente Fernández dijo que este año habrá que subsidiar la energía con mil millones de dólares. Aunque anunciaron que desisten de la intimación a los anunciantes de Piera, que es una intimidación contra todo el periodismo independiente.

Hay razones de sobra para denunciar la intimidación, las presiones públicas y privadas, y los insultos a los comunicadores dominicanos.-

 

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