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Sociedad civil rechaza forma en que diputados aprobaron Ley CNM

Sociedad civil rechaza forma en que diputados aprobaron Ley CNM
Sociedad civil rechaza forma en que diputados aprobaron Ley CNM

Servio Tulio Castaños, de finjas; Lara Guerrero, de ANJE; Samir Chami Isa y Javier Cabreja, de Participación Ciudadana.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Coalición por una Justicia Transparente e Independiente integrada por 22 organizaciones de la sociedad civil calificaron como un golpe de Estado Constitucional que la aprobación con mayoría simple de la Ley Organica que conforma el Consejo Nacional de Magistratura realizada el 15 de marzo del mes en curso.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE),  y otros 19 organismos calificaron como muy grave que la Cámara de Diputados haya dado por aprobada la modificación de esa ley orgánica aceptando las observaciones del presidente de la República por mayoría de votos y no por las dos terceras partes de los presentes como establece el artículo 112 de la Constitución.

La Coalición denuncia que esa acción representa un grave atentado al estado de derecho y debilita tanto al sistema judicial como al poder legislativo, constituyéndose en un mal precedente sobre las leyes orgánicas que de esta manera pierden su capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

La FINJUS, Participación Ciudadana, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Foro Ciudadano y 18 organizaciones más indican que entonces no hay que descartar que el Presidente también observe la recién aprobada ley orgánica del Tribunal Constitucional para que por simple mayoría se puedan conseguir objetivos frustrados cuando no fueron aprobados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

La Coalición por una Justicia Transparente e Independiente advirtió que se propone interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta nueva ley para evitar no sólo una ruptura del orden constitucional sino un menoscabo del equilibrio de poderes en que se fundamenta la democracia.

Lara Guerrera, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y hablando en representación del Grupo, dijo que el artículo 112 de la Constitución fue concebido para garantizar que las leyes orgánicas, por considerarse fundamentales, tuviesen que estar revestidas de un mayor consenso que las leyes ordinarias, por lo que en este caso la aprobación de las observaciones presidenciales  no puede sobreponerse al mandato constitucional.

Guerrero agregó que no puede pasar desapercibido que se está aprobando, sin la mayoría cualificada, otorgar al Presidente de la República un poder casi absoluto  para las decisiones de un organismo colegiado y de gran responsabilidad institucional como es el Consejo Nacional de la Magistratura.

Señaló que esta situación es más preocupante porque preanuncia una decisión de ignorar el creciente reclamo nacional de que tanto la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia como la elección de los jueces de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral se realicen con amplio consenso político y social, en base a un perfil previamente definido, y en un proceso de total transparencia.

Las Organizaciones indicaron que la democracia es un proceso de largo plazo que debe construirse en beneficio de todos y con la participación de todos y todas.

“Rechazamos la violación a la Constitución de la República y la concentración de poder en el Consejo Nacional de la Magistratura”, expresó la Coalición.

Las 22 Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente señalaron que cuando se reestablezca el equilibrio de poderes en el Consejo Nacional de la Magistratura nos proponemos presentar un perfil de los jueces pendientes de elección. Reservándonos, incluso, el derecho a proponer candidaturas y mecanismos de elección para garantizar idoneidad y transparencia.

Al término del encuentro, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, manifestó preocupación por los niveles de poder que se le otorga al Presidente de la República dentro del Consejo Nacional Magistratura, por lo que rechazó las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica.

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